El Decreto 383/25, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, generó duras críticas por otorgar nuevas facultades a la Policía Federal sin necesidad de intervención judicial. La normativa permite, entre otras cosas, detener personas ante la presunción de que podrían cometer un delito, realizar requisas sin orden judicial y monitorear redes sociales para detectar “delitos posibles”, medidas que para diversos sectores representan un retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.