La seguridad jurídica, entendida tradicionalmente como la certeza sobre la aplicación sin arbitrariedades de las leyes, se presenta hoy como un pilar indispensable para el crecimiento económico y la inversión. En el discurso público, se la ha elevado a la categoría de requisito incuestionable para atraer capital y promover el desarrollo nacional. Sin embargo, bajo esta fachada de estabilidad y previsibilidad, a menudo se oculta una realidad profundamente asimétrica. Lejos de ser un bien universal, la seguridad jurídica parece reservarse para una minoría, mientras que la mayoría de la población queda expuesta a la incertidumbre inherente a los cambios que toda sociedad experimenta en su devenir natural.