La Comisión de Economía del Concejo Municipal vivió este lunes una sesión bastante álgida. El eje del debate fue el Proyecto de Ordenanza 173/24, que busca regular el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La jornada estuvo marcada por fuertes cruces políticos, protestas de taxistas y remiseros, y la presencia de conductores de apps que denunciaron persecución y abusos.

Desde temprano, una importante movilización de choferes de taxis y remises se concentró frente al edificio del Concejo Deliberante. Adentro, la comisión se convirtió en un escenario de tensiones entre los distintos bloques políticos y los representantes del sector del transporte.

El debate comenzó con la presentación de notas remitidas por diversos actores. Entre ellas se destacaron las enviadas por Andrea Fernández, en representación de conductores de aplicaciones; Carlos Di Franco, presidente de la Asociación de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (APAT); y Félix Miguel, de la Comisión normalizadora de Remises.

“Estamos cansados del hostigamiento. El sábado a un compañero lo esposaron sin motivo. No cometemos delitos, solo queremos trabajar”, denunció Fernández, quien además afirmó que sufren controles arbitrarios y amenazas por parte de inspectores y policías.

Desde el sector tradicional del transporte, la postura fue clara. Di Franco sostuvo que “estas plataformas operan en la ilegalidad y no aportan ni un solo peso a la ciudad. Uber debe millones al fisco y aun así se les permite seguir trabajando”.

En la comisión también intervino Félix Miguel, de la Comisión Normalizadora de Remises, quien reclamó un “trato igualitario ante la ley” y pidió que “se garantice la seguridad jurídica para quienes hace décadas invierten en este sistema”.

El presidente de la Comisión de Economía, el concejal Tomás Hercigonja, fue uno de los protagonistas de la jornada. Confirmó que el proyecto será reformulado y presentado nuevamente la próxima semana, y descartó por ahora realizar una consulta popular como plantearon otros bloques. “Vamos a seguir trabajando en la regulación, pero con seriedad. No se trata de tomar una decisión por presión de un sector, sino de encontrar un equilibrio que beneficie a la comunidad”, dijo Hercigonja.

Sin embargo, el oficialismo fue blanco de duras críticas por parte de ediles de la oposición. La concejal Roxana Ferreyra acusó al Ejecutivo de bloquear la discusión: “El oficialismo no quiere que esto avance porque tiene intereses. Mientras tanto, hay gente que se queda sin trabajo”.

Ferreyra también puso el foco en la situación socioeconómica: “No hay turismo, los ingresos caen, y estas aplicaciones son una salida para muchas familias. El Municipio debería acompañar en lugar de perseguir”.

Por su parte, el concejal Leandro Costa Brutten fue aún más contundente y vinculó al intendente Walter Cortés con supuestos manejos irregulares en el control del transporte. “Hay zonas liberadas para Uber porque les conviene. Este proyecto no se frena por casualidad”, denunció.

La concejal Natalia Almonacid también criticó la demora en el avance del expediente: “Pedimos pronto despacho y no se da. Mientras tanto siguen llegando notas y no se tratan. El Concejo no puede ser parte del silencio”.

Una voz distinta fue la de Laura Totonelli, quien propuso crear una mesa multisectorial para destrabar el conflicto: “Es hora de escuchar a todos y sentarnos a trabajar en conjunto. Este tema no se va a resolver con chicanas políticas”.

Desde el público presente, las posturas eran tan dispares como firmes. Algunos conductores de plataformas aseguraron que seguirán operando “con o sin ordenanza”. Del otro lado, taxistas exigieron operativos más duros. “Nos arruinan. Estamos pagando habilitaciones, impuestos y seguros, mientras ellos hacen lo que quieren”, expresó un taxista desde hace 25 años.

Durante la sesión, también se trató brevemente el Proyecto 243/24, que establece la instalación de baños públicos en playas de Bariloche. El texto fue reformulado recientemente y continuará su discusión en comisiones.

Pese a los intentos de algunos concejales por avanzar en el debate, la reunión finalizó sin acuerdos concretos. Solo se ratificó que la nueva versión del proyecto de regulación de apps será presentada en los próximos días, y que se retomará el tratamiento en la sesión del lunes 23 de junio.

El contexto social y económico se hizo sentir con fuerza. Muchos de los presentes señalaron que el desempleo y la caída del turismo han empujado a numerosas personas a trabajar en apps como única salida laboral.

Durante la jornada se solicitó la responsabilidad de canalizar el debate y buscar consensos en un tema sensible y urgente para cientos de trabajadores locales.

El nuevo acuerdo vinculante de la OIT

En la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo en Suiza, la OIT aprobó la elaboración de un convenio vinculante sobre trabajo en plataformas digitales, tras intensas negociaciones.

La resolución, impulsada por delegados de Uruguay, México y varios países africanos, obliga a regular las relaciones laborales entre plataformas digitales y trabajadores, reconociendo derechos en remuneración, protección social, salud y seguridad

Como lo indicó Daniel Jorajuria, de la CTA: “Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral… muchas veces excluidos de derechos básicos”

Ahora inicia la fase de redacción del texto definitivo, que definirá cuáles serán esos derechos universales regulados a nivel global.

Bariloche aún no cuenta con una legislación que regule este tipo de servicios. El vacío legal, la falta de control efectivo y la competencia desleal son los ejes del conflicto que, lejos de resolverse, promete seguir escalando.