El clima de tensión entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación se profundizó esta semana, luego de que el presidente Javier Milei denunciara penalmente a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias. La medida generó una fuerte reacción en sectores gremiales y organizaciones de prensa, que calificaron la acción como un intento de silenciar voces críticas y advirtieron sobre las consecuencias para la libertad de expresión en el país.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, expresó su repudio con un mensaje contundente: “El ataque a los periodistas es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia”. La denuncia, que recayó en el juzgado del magistrado Daniel Rafecas, se enmarca en una serie de decisiones del Ejecutivo que, según distintos actores sociales, configuran una política sistemática de hostigamiento hacia el periodismo.

“Desde un primer momento los estatales sufrimos en carne propia los ataques del Gobierno, pero ahora decidieron escalar una posición más. Están utilizando el poder del Estado para agredir y estigmatizar a la prensa”, afirmó Aguiar, quien también fue denunciado judicialmente en 2024 por declaraciones emitidas durante una protesta gremial.

Organizaciones sindicales como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también se pronunciaron con firmeza. “Repudiamos y alertamos las sistemáticas acciones del presidente Milei contra la prensa. Con agravios, amenazas, incitación a la violencia, represión y criminalización, el gobierno y su aparato oficial buscan silenciar y denigrar al periodismo. Es grave, peligroso y antidemocrático”, sostuvieron en un comunicado conjunto.

Los sindicatos denunciaron que estas acciones afectan directamente el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, el derecho de la ciudadanía a estar informada. “Vamos a reforzar las denuncias locales e internacionales iniciadas desde diciembre de 2023, así como todas las acciones gremiales y políticas necesarias para ejercer el periodismo con libertad”, adelantaron.

Para Aguiar, estos ataques deben leerse en el contexto de una estrategia mayor: “Las denuncias penales que se conocieron en las últimas horas vienen a completar una política de Estado que se inició hace meses con el cierre de medios públicos y el uso discrecional de la pauta oficial”. El dirigente sostuvo además que “no se puede naturalizar la violencia discursiva ni guardar silencio cómplice”, y remarcó que “el periodismo tiene que ser la voz de quienes no tienen medios propios para ser escuchados”.

En este escenario, tanto los gremios de prensa como sectores sociales y políticos insisten en la necesidad de defender los principios consagrados en la Constitución Nacional, particularmente el artículo 14, que garantiza “el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y el artículo 32, que establece que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta”. Ambos artículos reflejan el compromiso histórico del país con la libertad de expresión y el pluralismo democrático.

A su vez, el derecho internacional respalda firmemente estos principios. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que tiene jerarquía constitucional en Argentina desde 1994, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, lo cual incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Del mismo modo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también con jerarquía constitucional, afirma que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” y que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”, subrayando su importancia para el funcionamiento de sociedades democráticas.

La creciente confrontación entre el Gobierno y el periodismo genera preocupación en distintos ámbitos de la sociedad civil, ante el temor de que el uso de mecanismos judiciales y discursos hostiles tenga un efecto inhibitorio sobre la labor informativa. En palabras de Aguiar: “Es evidente el intento de disciplinar, de infundir miedo porque saben que el temor paraliza. Pero nuestra respuesta tiene que ser clara: no lo van a lograr. No nos vamos a atemorizar”.