La Subsecretaría de Recursos Forestales (SSRF) de Río Negro reconoció en un informe enviado al Superior Tribunal de Justicia que no ha cumplido con la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), vencido desde 2015. El documento fue presentado en el marco de una acción judicial impulsada por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables para exigir la adecuación de dicha normativa, clave para la preservación de los bosques.
El informe oficial, calificado por las organizaciones como informal y carente de sustento técnico, no incluye mapas ni documentación concreta. Aporta, en cambio, capturas de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp como supuesta evidencia de avances institucionales. El último hito formal data de 2019, cuando un borrador elaborado con fondos del CFI fue archivado sin llegar a la Legislatura. La SSRF admite la demora en emitir la norma, aunque la atribuye a procesos participativos aún no concretados.
Según señalaron las organizaciones a través de un comunicado, la falta de actualización del OTBN tiene consecuencias ambientales directas: se estima que solo en Bariloche hay unas 6.000 hectáreas de bosque nativo sin protección legal. Un caso emblemático es el del proyecto Cerro Lindo en la ladera sur del Cerro Otto, aprobado pese a estar sobre áreas inventariadas con especies como lenga, ñire y ciprés. Las organizaciones señalan que estas autorizaciones no deberían haber prosperado y esperan que el Superior Tribunal exija el cumplimiento urgente de la normativa ambiental vigente.
La Subsecretaría de Recursos Forestales (SSRF) reconoce que incumple sus obligaciones en relación al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)
Recientemente, y a pedido del Superior Tribunal de Justicia, la SSRF envió un informe de avance en relación al OTBN, vencido y desactualizado desde el 2015. Este informe se inscribe en un mandamus (una especie de amparo) que la Asociación Civil Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables interpusieron contra la Provincia, en cabeza de la SSRF, con la finalidad de obligar a que se actualice el OTBN.
La presentación oficial llama la atención por la informalidad y la desprolijidad. Menciona “hitos concretos y documentados que demuestran una voluntad institucional sostenida en el tiempo”, sin mostrar un solo mapa o cartografía correspondiente a los trabajos técnicos que menciona. El último hito es del año 2019, con un informe de consultoría financiado por el CFI. Este informe estaba listo para ser enviado a la Legislatura para su aprobación y fue cajoneado desde entonces.
El informe remitido está plagado de frases dilatorias y poco precisas como “si bien se persiste en la proyección del Ordenamiento, el mismo no ha podido ser plasmado en una norma”. Por toda prueba se agregan imágenes de mensajes de Whatsapp o correos electrónicos, sin actos administrativos concretos que evidencien los avances del trabajo técnico. La SSRF también niega rehusamiento, cuando existen notas presentadas y gestiones diversas desde el año 2015, tendientes a solicitar y exigir el cumplimiento de las leyes 4552 y 26.331, sin éxito.
Dentro de los sustancial, la SSRF reconoce su incumplimiento al reconocer “una demora en concretar la emisión de una norma de actualización del OTBN”. No obstante, busca adjudicar dicha demora a la necesidad de darle participación a los actores de la comunidad. Claramente, lo que se trasluce en el accionar de la SSRF es la decisión política de no proteger los bosques nativos, para viabilizar proyectos inmobiliarios que no serían posibles en otro escenario. El propio informe de la Subsecretaria muestra que el borrador elaborado entre 2015 y 2019 de OTBN implicaría un aumento de la superficie de bosques nativos protegidos de 64% (6 mil hectáreas) sólo en el ejido de Bariloche. Esa superficie hoy no cuenta con ninguna protección. Esa es la magnitud del daño que se está produciendo.
Para muestra, un botón (enorme): el proyecto de la ladera sur del Cerro Otto (Cerro Lindo – Ordenanza 3483-CM-24), inventariado por el CIEFAP como área boscosa, con presencia de lengas, ñire y ciprés, jamás debería haberse aprobado como se aprobó, si la SSRF hubiese cumplimentado sus obligaciones en tiempo y forma. Para ver el daño, se puede recorrer la otra etapa del proyecto Cerro Lindo, aprobado fraudulentamente por la gestión Gennuso por simple Disposición 15-SADU-23, que ya se encuentra en ejecución, y está generando un enorme daño al bosque en la ladera norte del Cerro Otto. Un verdadero cheque en blanco por parte de la SSRF, donde bosque no clasificado, bosque que no se protege. Esta mirada que incumple la normativa ambiental es además contraria a las resoluciones vigentes que establecen con claridad que, ante la falta de clasificación, la SSRF debe preventivamente abstenerse de dar autorizaciones de apeos o desmontes en áreas boscosas.
El STJ debe fallar en breve. Esperamos que esté a la altura de la normativa ambiental y exija que la SSRF cumpla con sus obligaciones, condenándola a actualizar urgentemente el OTBN y frenar todo tipo de autorizaciones y permisos hasta tanto dicha norma esté adecuadamente aprobada.
