El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) de Bariloche presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el referéndum popular vinculante convocado por el intendente Walter Cortés para el próximo 9 de noviembre de 2025. En conferencia de prensa, la comisión directiva del gremio y su asesor legal, Gonzalo Ojeda, sostuvieron que la iniciativa es “ilegal”, “una invasión de poderes” y que vulnera derechos laborales consolidados en el Estatuto Municipal.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) de Bariloche presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el referéndum popular vinculante convocado por el intendente Walter Cortés para el próximo 9 de noviembre de 2025. En conferencia de prensa, la comisión directiva del gremio y su asesor legal, Gonzalo Ojeda, sostuvieron que la iniciativa es “ilegal”, “una invasión de poderes” y que vulnera derechos laborales consolidados en el Estatuto Municipal.
Rechazo frontal al mecanismo elegido
La secretaria general de SOYEM, Brenda Morales, fue categórica al afirmar: “Nosotros el día de hoy vamos a estar presentando una declarativa de inconstitucionalidad contra el referéndum que se va a llevar a cabo desde el municipio de San Carlos de Bariloche. Este referéndum ha sido convocado unilateralmente por el Ejecutivo Municipal. Nosotros hemos impugnado varias de las resoluciones que sacó el Ejecutivo”.
Según Morales, la decisión de Cortés desconoce el marco institucional: “Decimos que el Intendente no tiene facultades de legislar a través del referéndum. Eso claramente la Carta Orgánica lo establece, tiene que ser un proceso que se debe dar en el Concejo Municipal. Hay una invasión de poderes desde el Ejecutivo hacia el Consejo Municipal”.
Antecedentes y fallos judiciales
La dirigente recordó que en 2024 ya hubo intentos de modificar el Estatuto Municipal sin éxito: “Ya tuvo un intento de reforma a través de un proyecto de resolución que fue presentado en el Concejo Municipal y que por amplia mayoría fue rechazado”. Además, señaló que existen “dos fallos judiciales donde dice que el Intendente no puede ir en contra directamente de reformar el Estatuto municipal”, junto con un dictamen del Tribunal de Contralor en el mismo sentido.
Morales subrayó que el referéndum incluye puntos que afectan derechos laborales: “Hay que decirle a la comunidad que no solamente va en contra de las licencias gremiales, en contra de los artículos que son claros dentro del Estatuto municipal, sino que también va en contra de lo que es el régimen de licencias. (…) Es un retroceso enorme lo que se está planteando a través de un referéndum”.
Derechos laborales en riesgo
El sindicato advirtió que las modificaciones propuestas impactarían en múltiples licencias, desde las estudiantiles hasta las deportivas y culturales. Morales ejemplificó: “Compañeros que se toman licencias para estudiar, que en cualquier otro organismo incluso en los privados se da permiso para rendir un examen. (…) Las licencias deportivas, una locura, cuando la misma provincia también regula el acceso a lo que son las licencias deportivas y culturales”.
La secretaria general denunció que se trata de un intento de debilitar la organización sindical: “Hoy nosotros como sindicatos tenemos la firme postura de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. (…) No vamos a permitir como sindicato que esto siga avanzando y vamos a militar todo lo que tengamos que militar para informar a la comunidad de que esto es un engaño democrático”.
“Un mismo proyecto con distinto disfraz”
En su intervención, el abogado Gonzalo Ojeda repasó los antecedentes legislativos y judiciales: “En diciembre el Intendente sin ningún sustento legal decidió no pagar más los salarios. Ese fue el primer intento con una sentencia a favor nuestro. (…) Luego presenta el Proyecto 3.18 ante el Concejo Deliberante, pretendiendo modificar íntegramente las licencias de los empleados municipales. Ese proyecto se rechaza el 22 de julio por 8 votos a 2”.
Para Ojeda, lo que hoy se presenta bajo la forma de referéndum es “el mismo proyecto, no tiene ninguna modificación”. Y agregó: “El éxito de nuestro espacio jurídico en SOYEM no es ganar los juicios sino no tenerlos. Llegamos a esta distancia solamente cuando es la última ratio, la última alternativa”.
Críticas a la “intromisión de poderes”
El abogado fue enfático en señalar que el intendente carece de facultades para someter a votación proyectos de ordenanza: “Yo creo y nuestra interpretación es que el Intendente puede llamar a referéndum (…) pero sobre sus propias facultades. Entonces, ¿puede el Intendente someter un proyecto de ordenanza a la ciudadanía? Y creo que no. (…) Atrás de los 10 puntos, 6 son proyectos de ordenanza. Entonces se está legislando cuando él es Poder Ejecutivo”.
Asimismo, calificó de inadmisible que se busquen modificar derechos laborales por vía de consulta popular: “¿Qué vamos a someter a nivel nacional? ¿El aguinaldo a la ciudadanía? (…) Los derechos laborales están, no se discuten, son de orden público y solo son progresivos, solo se puede ir para adelante”.
El concepto de “engaño democrático”
Ojeda coincidió con Morales en calificar la iniciativa como un ardid político: “El SOYEM no está en contra de que la comunidad decida sobre X punto. El tema es que detrás de una consulta hay un proyecto y ese proyecto no tiene nada que ver con la consulta que el Intendente le hace a la ciudadanía. (…) Por eso el engaño democrático de decir: yo te pregunto una cosa, pero el 10 de diciembre si esto me va bien, va a pasar otra”.
Camino judicial y expectativas
Respecto de la presentación, el abogado explicó: “La vía que elegimos es una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Esto seguramente va a confluir con la acción que ya presentaron los representantes de dueños de taxis y una presentación que hará también el Concejo Deliberante”.
Ojeda fundamentó la acción en dos puntos centrales: “Primero, la intromisión de poderes. (…) Y segundo, modificar derechos de los trabajadores por medio de un referéndum. Creemos que viola la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y en particular los artículos 40 y 41 de la Constitución Provincial”.
Si bien el Superior Tribunal de Justicia ya rechazó medidas cautelares de otros sectores, el gremio insistió en que el debate de fondo es inevitable. “Hay cosas que no se puede legislar en materia laboral por democracia directa. Esto necesita deliberación. (…) Bueno, no nos la da la política, que nos la dé la justicia”, concluyó Ojeda.
La medida judicial de SOYEM se suma a otras impugnaciones ya presentadas contra el referéndum convocado por el intendente Cortés, que busca someter a votación diez propuestas claves para la gestión local. Mientras tanto, el gremio ratificó que llevará adelante una fuerte campaña para alertar a la comunidad sobre lo que considera “un retroceso en derechos adquiridos”.
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