La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación. En este contexto, exhorta al Estado a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas al adoptar decisiones administrativas y cualquier disposición interna sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de los pueblos indígenas.

El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente.  

La información proporcionada por el Estado indica que la suspensión del Registro no afectaría el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, y que hasta la fecha se han suscrito convenios con 11 de las 24 jurisdicciones nacionales, con el propósito de gestionar localmente las personerías jurídicas de las comunidades. 

La medida se enmarca en un contexto de retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut, a pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que suspende los desalojos hasta noviembre de 2025.

Estos desalojos han estado acompañados de situaciones de violencia institucional y estigmatización hacia líderes e integrantes de comunidades indígenas. Entre estos hechos, se destaca el homicidio de Juan Carlos Villa, miembro de la comunidad mapuche, el 11 de agosto pasado por parte de un agente de las fuerzas de seguridad en la provincia de Rio Negro. Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades.  

Al respecto, el Estado indicó que el agente de seguridad implicado en el hecho fue apartado de la fuerza y sometida a juicio. 

Además, se han registrado declaraciones estigmatizantes de autoridades nacionales que desconocen los derechos culturales y espirituales de estas comunidades.  

La CIDH reitera que, conforme al orden público interamericano, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación mediante el autorreconocimiento individual y colectivo, el derecho de asociación conforme a su cosmovisión y libres de violencia y discriminación. Este derecho es esencial para su desarrollo autónomo e implica el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos naturales como sujetos colectivos de derechos.

Por ello, insta al Estado argentino a implementar mecanismos administrativos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de personalidad jurídica y la restitución de tierras, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y promoviendo relaciones interculturales armónicas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.