En un acto realizado este martes 17 de junio en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron formalmente el nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una unidad que buscará reconfigurar el rol de la PFA como fuerza central en la lucha contra el crimen organizado y los delitos federales complejos.
La creación del DFI representa, según expresaron las autoridades, una transformación profunda en el modelo institucional de la histórica Policía Federal. La ministra Bullrich definió al DFI como “el corazón de esta nueva PFA”, una fuerza que dejará atrás su rol tradicional de atención territorial para asumir funciones especializadas de investigación criminal.
“Este nuevo momento de la PFA se inscribe en una historia que ya venía cambiando desde que se transfirieron las comisarías a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó Bullrich. Y remarcó: “El DFI se encargará de llegar al hueso de las organizaciones criminales que buscan poder y dinero en nuestro país”.
El anuncio vino acompañado por la publicación en el Boletín Oficial de una nueva Ley Orgánica de la PFA, que reemplaza la normativa vigente desde 1944. Según detalló Bullrich, esta reforma no sólo redefine funciones sino que habilita la incorporación de profesionales con títulos universitarios y fortalece la inteligencia criminal en el ámbito federal.
El DFI trabajará en conjunto con otras fuerzas nacionales como Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Pero tendrá como función exclusiva el desarrollo de investigaciones profundas y el seguimiento del mapa del crimen organizado a nivel nacional.
Durante su intervención, el presidente Javier Milei afirmó que esta reconfiguración busca subsanar una deuda histórica: “Desde el traspaso de funciones a la Ciudad, la Policía Federal quedó en un limbo que la privó de un propósito claro”, señaló. Y subrayó: “Hoy reconvertimos a la PFA en una fuerza con mandato y competencias precisas para investigar y desarticular organizaciones delictivas”.
Milei también enmarcó el lanzamiento del DFI en los tres pilares que –según él– guían su política de seguridad: castigo al delito, respeto por el orden público y reivindicación de las fuerzas de seguridad como garantes del Estado de Derecho. “Los de azul son los buenos”, reiteró, en contraposición con lo que definió como el “zaffaronismo penal”, que, en su visión, victimiza a los victimarios.
El mandatario anunció también que se invertirán recursos en equipamiento y tecnología de última generación, tanto en materia informática como forense. En esa línea, destacó la necesidad de que el Estado “no tenga menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.
Como modelo institucional, Milei citó el caso del FBI de Estados Unidos, especialmente en la etapa fundacional bajo el liderazgo de J. Edgar Hoover, como una fuente de inspiración. “Vamos a aprender de los mejores: de Estados Unidos, de Israel. Queremos una Policía Federal al nivel de las mejores fuerzas del mundo”, sostuvo.
En materia de recursos humanos, se buscará profesionalizar la fuerza con perfiles multidisciplinarios que incluyan no sólo policías sino también egresados de carreras como Derecho, Ciencias de la Computación o Psicología Social. Además, se prometió formación técnica específica y protocolos renovados de acción.
El acto también sirvió de marco para conmemorar el 204° aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, figura clave en la defensa del norte argentino durante la guerra de la Independencia. Milei relacionó ese legado con la vocación de servicio de las fuerzas actuales: “Su sacrificio debe ser una inspiración para todos los que defendemos a la Patria”, expresó.
Ambos funcionarios coincidieron en que este rediseño de la PFA implicará un proceso gradual, pero que apunta a sentar bases sólidas para el largo plazo. “No se trata de un rebranding, sino de un cambio profundo”, insistió Milei. Y concluyó: “Estas reformas son árboles que quizás nosotros no veamos crecer, pero que protegerán a las futuras generaciones”.
Con este relanzamiento, el Gobierno busca fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra los delitos más complejos del siglo XXI, como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos, en un contexto regional de creciente preocupación por el avance de redes criminales transnacionales.
El desafío, ahora, será sostener en el tiempo esta nueva etapa institucional, dotar al DFI de los recursos prometidos y lograr que esta reformulación no quede en una declaración de intenciones, sino que se traduzca en resultados concretos en materia de seguridad y justicia.
Cuestionamientos y preocupaciones tras el anuncio
Pese al discurso oficial, el anuncio del DFI no estuvo exento de críticas por parte de especialistas, organismos de derechos humanos y sectores políticos de la oposición, que manifestaron preocupaciones en torno al alcance, los controles institucionales y el enfoque ideológico del proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el riesgo de concentración de poder investigativo en una fuerza que, históricamente, ha sido cuestionada por su falta de transparencia y autonomía. Organizaciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) advirtieron sobre la necesidad de “mecanismos de control externo eficaces” para garantizar que el DFI no derive en prácticas de inteligencia interna que vulneren derechos fundamentales.
También hubo críticas respecto a la inspiración en modelos como el del FBI de Hoover, cuya gestión, aunque reconocida por su eficacia, ha sido objeto de polémica por la persecución política y la vigilancia ilegal a ciudadanos durante décadas.
Desde algunos sectores de la oposición se alertó sobre la falta de debate parlamentario para una reforma de esta magnitud, que modifica la estructura orgánica de una de las fuerzas federales más importantes del país. Legisladores del bloque Unión por la Patria plantearon la necesidad de que estas decisiones pasen por el Congreso y cuenten con mayor participación institucional.
A su vez, especialistas en seguridad plantearon dudas sobre la efectividad real de la medida si no se acompaña con presupuestos adecuados, condiciones laborales para los agentes, y una política criminal integral que incluya también prevención, justicia eficaz y reinserción.
Otro punto que generó debate fue el discurso ideologizado del presidente, especialmente su crítica al garantismo y su defensa irrestricta de las fuerzas, que para algunos sectores “desdibuja los límites entre seguridad y derechos humanos”. En ese sentido, advirtieron que no todo el problema de seguridad se soluciona con más poder punitivo.
Por último, algunos analistas subrayaron que el éxito del DFI dependerá, en gran medida, de su independencia funcional, su articulación con el Poder Judicial y su capacidad para actuar sin interferencias políticas. “No alcanza con discursos; se necesita profesionalismo, control democrático y resultados”, sostuvo un exfuncionario del Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, el Gobierno avanza con la implementación del nuevo esquema y promete mostrar los primeros resultados en el corto plazo.
Reforma de la Policía Federal sin el Congreso: más facultades sin orden judicial
Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.
Por Centro de Estudios Legales y Sociales
El gobierno nacional decidió reformar la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA). A través de un decreto delegado (383/2025), cambia su perfil y lo enfoca en la prevención e investigación de delitos complejos y en la “seguridad del Estado”. La falta de claridad en muchas de las modificaciones abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial. Esta transformación va en línea con las políticas de seguridad de Patricia Bullrich que, bajo una narrativa de modernización, entrega facultades discrecionales y controles débiles sobre la actuación de esa fuerza.
La reforma por decreto de la PFA evita una discusión tan relevante como el cambio de objetivos, funciones, misiones y el propio enfoque de seguridad que debe tener esa fuerza policial. El nuevo decreto incorpora la idea de seguridad “del Estado”, que no está presente en la actual ley de Seguridad Interior y marca un cambio de paradigma respecto de la doctrina que predominó desde la recuperación democrática, centrada en la seguridad pública o de la ciudadanía.
Este decreto dispone que la misión principal de la PFA es prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos. Pero la construcción de una “agencia federal de investigación” puede hacerse de maneras muy diferentes. Porque una cosa es considerar que la criminalidad compleja es uno de los problemas más serios y que debe ser desarticulada con eficacia, para lo que hay que poner el foco en la violencia, las connivencias institucionales y la ruta del dinero. Y otra es utilizar la gravedad del asunto para promover la ampliación de facultades policiales, el debilitamiento de los controles a la actuación de las fuerzas de seguridad y de las garantías para las personas. Este último fue el camino elegido por la “Ley Anti Mafia”. En el mismo sentido se orienta esta reforma que hizo el Ejecutivo de la Policía Federal Argentina. Otorga numerosas facultades sin orden judicial: de detención (a contramano de las obligaciones que se desprenden del fallo de la Corte IDH en el caso Bulacio), de ciberpatrullaje, es decir, la posibilidad de espiar fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales) y la posibilidad de realizar requisas en situaciones indefinidas denominadas “operativos de prevención”.
También se agrega como funciones de la PFA “colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad” y se suman artículos que permiten la intervención de esta policía en diversas jurisdicciones, lo que podría justificar la decisión política del gobierno nacional de reprimir la protesta en la Ciudad de Buenos Aires.
La constitucionalidad de este decreto está en discusión. La reforma excede las facultades del Poder Ejecutivo, a pesar de que se invocan las delegadas por la “Ley Bases” como fundamento para la decisión. El texto cita los artículos 2 y 3 que refieren a una reforma eficaz del Estado y a la modificación de competencias y funciones. Sin embargo, lo que se está haciendo en los hechos no es una reforma administrativa, sino una transformación sustancial en seguridad –con un impacto en la vida privada, en la libertad de circulación, entre otras garantías–, que no fue delegada por la Ley Bases.
En las jurisdicciones en las que se modificaron las leyes orgánicas de las policías o las leyes locales de seguridad (CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, entre otras) el debate siempre se dio a través de un proceso legislativo. Además, la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal por decreto no cumple con la obligación constitucional de regular cuestiones penales tan importantes como la facultad estatal para realizar requisas y vigilancia secreta por ley formal, es decir por una ley sancionada por el Congreso.
Todas estas modificaciones se vuelven más graves en un momento en el que observamos indicios de procesos de politización del aparato de seguridad y que se suman al contenido de un Plan Nacional de Inteligencia de la SIDE, que amplía el secreto y el espionaje a periodistas y opositores.
