El pasado fin de semana el gobierno nacional anunció el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron al país 12.000 millones de dólares, y que para el ex diputado nacional Claudio Lozano y referente del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) “representa casi el mismo monto que los 12.600 millones de dólares que la Argentina pagó en intereses desde junio del 2018 a hoy”, como parte delos 44.900 millones dólares prestados por este organismo a la administración de Mauricio Macri: “todavía seguimos debiendo hoy 41.400 millones de dólares. Dicho de otra manera nos prestan lo que le hemos pagado hasta ahora”.

– ¿Que uso le va a dar el gobierno a este nuevo préstamo?

– Se busca ponerle un respirador artificial a una situación del esquema de política económica que tiene el Gobierno de Milei, que es la especulación financiera. El llamado Carry Trade supone el ingreso de dólares para hacer rentas en pesos muy altos y luego volver a llevarse más dólares. Para eso necesita dólares que hoy no están y se los pedimos al FMI.

Argentina tiene ocho meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente cambiaria no tiene dólares, no tiene reservas. Hasta el segundo semestre del 2024 ayudó el blanqueo, ahora necesita una inyección de divisas de cara a los vencimientos que existen este año manteniendo un dólar fijo. Acá hay un tema importante donde el gobierno agita la bandera de que resolvió el problema inflacionario, pero es una ficción, porque si bien hay una desinflación en pesos, Argentina lo que tiene es una creciente inflación en dólares. O sea no es que no tenemos inflación, tenemos una inflación distinta, la inflación en pesos se reduce y lo que sube es la inflación en dólares, la inflación en dólares que se produce desacomoda el conjunto de la estructura productiva del país, porque los productores locales tienen costos de producción en dólares más altos. Frente a eso tenes el ingreso de producción importada que generaron un cierre de aproximadamente 20.000 empresas en la Argentina en el curso de estos meses y una destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo de trabajadores formales.

El resultado de esto es que si vos cada vez producís menos divisas y si tenés menos divisas al final del recorrido habrá un salto cambiario que indudablemente vuelve a generar el salto de los precios, un nuevo ajuste en los ingresos de la población y consecuentemente mayor deterioro en las condiciones de vida. Este tipo de políticas lo vimos con Martínez de Hoy, la convertibilidad y Macri. En esos 50 años de recorrido la deuda creció un 4.400% y la pobreza creció un 1.400%. La Argentina en el año 1974 tenía 7.000 millones de dólares de deuda y tenía un 3% de pobreza y hoy tiene un 40% de pobreza y una deuda cercana a los 470.000 millones de dólares.

– Desde Unidad Popular (UP) presentaron un recuso de amparo pidiendo la nulidad del DNU

– Así es. Hicimos un amparo exigiendo la suspensión de la vigencia y los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025 y que se ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público.

Nosotros entendemos que este es un crédito con un fuerte contenido geopolítico, por eso es que incluso el fondo para el crédito que le da la Argentina viola permanentemente su propio estatuto. Entonces, las discusiones respecto a la legalidad de la deuda y respecto a las violaciones del estatuto del FMI, terminan siendo muy fundamentales para cualquier discusión que un gobierno popular quiera hacer hacia el futuro, porque uno lo que tiene es que sacarse de encima un control de esta naturaleza para poder plantear una estrategia de desarrollo. Y estas ilegalidades que tuvo en origen el préstamo de Macri, se repiten ahora con esta definición por parte del Gobierno de mi ley de sacar esto por decreto.

El DNU está absolutamente confrontado con el mandato constitucional del artículo 74 y del 76, donde la Constitución misma dice que no sólo le corresponde al Congreso Nacional resolver en materia de deuda, sino que lo que de alguna manera también establece el 76 es la prohibición de que el Parlamento delegue en el Ejecutivo la discusión del endeudamiento, a excepción de que se trate de un momento de emergencia administrativa por alguna razón, y en caso de que así fuera, esa delegación el Congreso tiene que establecer cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases, qué objetivos tiene y qué plazo tiene esa delegación. Nada de esto ha ocurrido y consecuentemente aparte del Parlamento está funcionando, no hay ninguna razón para que un decreto de necesidad y urgencia intervenga en esta cuestión.

– Tu lectura es que decreto debió ser rechazado por el Parlamento

– Hay por lo menos tres cosas que a mí me parecen que son centrales. La primera es institucional. Tiene que haber un acuerdo claro de que se van a revisar todos los DNU de este gobierno que hasta el momento son los mecanismos a través de los cuales gobierna completamente por fuera de la ley y del contrato constitucional de la Argentina. Segundo, hay que revisar las facultades delegadas. Es absolutamente inaceptable que a un presidente que está sospechado de estafador, el Congreso le tiene delegadas facultades extraordinarias. Y tercero, ya en el plano electoral tenemos la necesidad en las próximas elecciones legislativas de octubre cambiar la relación de la fuerza parlamentaria existente. Hoy tenemos un Parlamento que vive validando las definiciones gubernamentales.

– No habiendo ingresos de dólares genuinos, esto sólo se sostiene con más ajuste

– Desde que asumió ese es el camino trazado por Milei. En 15 meses de gobierno ajustó un 26% del gasto público. Hablamos de una suma de 33.000 millones de dólares. Ese ajuste implicó una reducción del 76% de la obra pública; en segundo lugar la reducción del 15% de la inversión en jubilaciones y pensiones; y tercero la reducción en programas sociales, salarios y subsidios, esto último como efecto del aumento en las tarifas.

– ¿Entonces tras este acuerdo habrá más ajuste este año?

– Centralmente la cosa va por allí. El pago de esa deuda va a significar mayor presión para avanzar aún más en la reducción del gasto público. Pero al mismo tiempo significa mantener la supervisión y el control del Fondo sobre la Política Económica de la Argentina. La duración del acuerdo sería por 10 años y obviamente el control del FMI se mantendría durante esos 10 años.

En el 2024 el ajuste recayó en la obra pública, las jubilaciones, los salarios y transferencias a las provincias. Este año ya no hay obra pública, por lo tanto tampoco puede haber recorte allí. Además ya no tenés los dólares del impuesto país porque los quitaste. ¿Dónde queda por recortar? Nuevamente en salarios, tarifas y programas sociales.

Ocurrió la catástrofe de Bahía Blanca que, en varios aspectos, señala el rumbo de este gobierno. En primer lugar evidencia el terraplanismo cultural propio de una gestión que niega los impactos que está produciendo el cambio climático. En segundo lugar, sus políticas de ajuste, privatización y desguace del Estado, con el vaciamiento de la Dirección de Emergencias que casualmente atiende las catástrofes ambientales, inundaciones e incendios; la desarticulacióndel Instituto Nacional del Agua; y del Ente Nacional de Obras y Saneamiento Hídrico (ENOSHA).

El otro elemento a destacar es el uso del dinero. Dicen que la reconstrucción de Bahía Blanca requeriráuna inversión cercana a los 400 millones de dólares. El pasado, antes del anuncio del acuerdo con el FMI el gobierno se vendió esa misma cantidad de dólares que necesita esta ciudad, solo para sostener fijo el tipo de cambio y sostener la especulación financiera con el control del dólar.

Estamos ante un gobierno sin Estado. Una idea de gobierno donde prima la disgregación y balcanización de la Argentina y con políticas que sólo van dirigidas a apoyar el extractivismo: el litio en el Norte; el agronegocio en el Centro, los hidrocarburos en el Sur y la megaminería en la Cordillera de los Andes. En ese marco también se inscribe el papel del FMI, el enorme crédito otorgado a Macri y el aumento del endeudamiento que por DNU pretende llevar adelante Milei.

– Decías antes que se destruyeron 300.000 puestos de trabajo. Puestos en blanco que desfinancian al sistema previsional. En esa lógica el gobierno quiere subir la edad jubilatoria?

– Sí hay una clara intención del gobierno nacional en subir la edad jubilatoria En realidad dentro del acuerdo con el FMI entra el tema de una reforma previsional levantando la edad jubilatoria y además transformando el sistema previsional en una suerte de pensión para la vejez de los sectores más vulnerables mientras que el resto terminará dependiendo de un sistema privado de fondos de pensión.

El primer paso se da con la eliminación de la moratoria previsional y habrá una cantidad muy importante de gente que no va a tener ninguna posibilidad de jubilarse. Hoy prácticamente 9 de cada 10 mujeres no pueden cumplir con los 30 años de aporte y 3 de cada 10 varones tampoco y dado los niveles de informalidad que tiene la Argentina aumentará la población que quede fuera de la formalidad. Van creando un circuitodonde la compensación para la vejez será mayoritariamente a través de la pensión universal para el adulto mayor, como es el PUAM, que es inferior al haber jubilatorio mínimo jubilatorio. Para la población restante la tendencia será que vayan directamente al sistema privado de fondos de pensión.

– ¿El paso previo para ello es la armonización de las cajas jubilatorias provinciales?

– Sí, efectivamente, porque en algunas cajas provinciales los haberes jubilatorios son más altos que los del sistema previsional nacional y en la lógica del gobierno hay que reducir estos haberes y así poder avanzar en una sustancial reducción del gasto previsional dentro del gasto público. No es una estrategia muy distinta a la de los ´90.

– Por último. Hablabas hace poco de los índices ficticios del INDEC y la necesidad de cambiar la medición de la inflación

– En realidad el INDEC tiene desde el 2018 todos los elementos para cambiar el sistema de medición pero no se lo dejan utilizar. La estructura de gasto que están usando ahora es del 2005, por lo tanto cualquier medición que se haga con la canasta del 2018 daría más alta, como sucede con los índices de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una ponderación de lo que son los servicios de luz, gas, agua, mayor que la que tiene el índice de precios nacional. Neuquén también la usa, por eso sus índices de inflación son más altos. Si no se cambia es para que se pueda esgrimir en la discusión electoral que la inflación está controlada, lo que es una verdadera ficción.

Ver nota original en el Trabajador del Estado del mes de marzo 2025: https://ate.org.ar/wp-content/uploads/2025/04/El-Trabajador-del-Estado-Marzo-2025-1.pdf