La Federación Nacional de Peones de Taxis (FEPETAX), que lidera Jorge García, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de desregular el transporte automotor de pasajeros a nivel nacional, luego de la Resolución Nº 57/2024 impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que reglamenta el decreto 883/2024. De esta manera, desde la Federación dispusieron el Estado de Alerta y Movilización analizando presentarse ante la justicia para considerar anticonstitucional la resolución y no descartan protestas en las próximas semanas.
Así, la FEPETAX advirtió que “están abriendo una caja de Pandora” donde “los pasajeros tendrán más perjuicios que beneficios”, ya que “las irregularidades estarán a la orden del día porque habilitan a choferes que no están capacitados y vehículos sin controles ni seguros”. En la misma línea, Jorge García y Miguel Ángel Soto, Secretario de Finanzas de la Federación, coincidieron en que “el gobierno libertario sigue con medidas de ajuste y de shock donde demuestra su desconocimiento e inoperancia”.
Frente a este panorama, desde la Federación se refirieron además al impacto negativo de la medida gubernamental. “Atrás de esta regulación se esconde la necesidad de generar empleo precarizado bajo la consigna de los emprendedores, ante la crítica situación que está atravesando el mundo laboral, con más de 200.000 despidos en este año de gobierno de Javier Milei”, aseguraron a través de un comunicado.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque mientras nosotros pagamos todos los impuestos y debemos hacer cursos de capacitación, se habilita esta desregulación de la misma forma en que las aplicaciones vienen haciendo negocios en los últimos años, rompiendo con el sistema de transporte y afectando a miles de trabajadores y trabajadoras que quedaron en las calles”, agregó el documento firmado por García, Soto, Donato Cirone, Secretario Adjunto y Horacio Yannotti, Secretario Gremial.
Para finalizar, anunciaron que van a impulsar “una serie de demandas judiciales” para rechazar la Resolución Nº 57/2024, impulsada por el Gobierno Nacional. “No descartamos protestas en las próximas semanas con la intención de visualizar los perjuicios que causará esta normativa”, concluyeron.