La reciente aprobación en la Legislatura de Río Negro de la Ley N° 5782, que ratifica el acuerdo entre el Ejecutivo provincial y la empresa VMOS S.A. para la construcción de un oleoducto entre Allen y Punta Colorada y una terminal portuaria, despertó fuertes críticas por la falta de planificación y la escasa apropiación de valor por parte de la provincia.

Según la abogada especialista en regulación energética Josefina González Elizondo, el único factor estratégico que aporta Río Negro es su ubicación geográfica como salida marítima más cercana desde Vaca Muerta. “No hay visión industrial ni estrategia de desarrollo”, cuestionó, al advertir que el acuerdo no contempla actividades como refinación, empleo calificado ni encadenamientos productivos.

Uno de los puntos más cuestionados es el escaso retorno fiscal: el aporte al desarrollo territorial será de 60 millones de dólares en treinta años, sin justificación técnica ni normativa clara. La tasa de control fue fijada en un monto congelado de 1.050.000 dólares anuales, sin vinculación con el volumen transportado ni posibilidad de actualización. También se estableció una contribución comunitaria por 40 millones de dólares anuales durante 13 años, aunque sin sustento legal ni criterios objetivos.

El acuerdo se enmarca en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que implica estabilidad fiscal por 30 años, incluso para accionistas y operadores de VMOS. Esto limita la capacidad recaudatoria y regulatoria de la provincia. Además, aunque se prevé un monitoreo ambiental del Golfo San Matías, no se definieron claramente sus mecanismos ni financiamiento.

Como aspecto positivo, González Elizondo destacó que se haya exigido domicilio fiscal y legal en la provincia y que la jurisdicción sea local, a diferencia de lo establecido por el RIGI.

Finalmente, la especialista cuestionó la falta de una política energética provincial clara. “La oportunidad de desarrollo está en juego: ¿queremos ser protagonistas o solo una vía de paso para la riqueza?”, se preguntó. Según su análisis, el proyecto puede ser una puerta hacia futuras inversiones, pero solo si se lo encuadra dentro de una estrategia con visión de desarrollo sostenible, valor agregado y empleo local.

¿Y la planificación para el desarrollo?

Recientemente la Legislatura rionegrina aprobó la Ley N° 5782, ratificando el acuerdo entre el Ejecutivo y VMOS S.A. para construir un oleoducto entre Allen y Punta Colorada y una terminal portuaria para exportar crudo de Vaca Muerta.

Por Josefina González Elizondo, abogada especialista en regulación energética UBA – CEARE

Según sus fundamentos, “pasamos de ser un territorio de paso a ser protagonistas en la industria energética y petrolera”. Sin embargo, la única ventaja estratégica que ofrece Río Negro es geográfica: está en el punto más cercano al mar desde Vaca Muerta. Ese, y no otro, parece haber sido el verdadero motor de la decisión.

El acuerdo autoriza la venta directa de 170 hectáreas de tierras fiscales y otorga exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y aportes en dólares no actualizables. Todo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que adhirieron tanto VMOS como la Provincia, restringiendo su capacidad de incidir fiscalmente en el proyecto.

Entre los puntos más sensibles, el Aporte al Desarrollo Territorial, por 60 millones de dólares por treinta años. Se desconoce la justificación del monto frente a la magnitud del proyecto, puesto que, la ley que lo establece no fue reglamentada, no hay parámetros objetivos para determinar cómo se fijó este aporte. Esto resulta problemático considerando que la Ley que lo establece es anterior a la entrada en vigencia del RIGI. El marco legal es claro. Lo que falta es voluntad política para ejercerlo plenamente.

La Tasa de Control y Fiscalización, fue fijada en un monto único e inmodificable de 1.050.000 dólares anuales, sin ningún tipo de actualización ni vínculo con el volumen transportado. Esto implica que, aún si la capacidad del oleoducto se incrementa de 392.000 barriles diarios a 550.000, la Provincia seguirá percibiendo lo mismo, asumiendo mayores costos de control e inspección sin recursos adicionales. Tampoco se conocen los criterios técnicos que justifican ese monto congelado, teniendo en cuenta que es una tasa de control operativa del trasporte y que la ley que lo impone es anterior a la entrada en vigencia del RIGI.

También se fijó una Contribución por Aporte Comunitario de USD 40 millones anuales, pero por 13 años, sin norma que la respalde ni mecanismo de actualización. No se vinculó al volumen exportado ni a las ganancias del proyecto. Se trata de un canon acordado entre partes, sin criterios objetivos claros ni encuadre normativo preciso, lo que lo convierte en una figura atípica dentro del derecho público provincial. Pudo haber sido fijado en vinculación a los volúmenes exportados.

La Provincia percibirá canon y regalías por el uso del dominio público portuario, hídrico y costero, así como una tasa ambiental de inspección y control para la actividad hidrocarburifera y los tributos provinciales vigentes, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Estabilidad Fiscal extendida: no solo VMOS goza de este régimen blindado, se otorga a sus accionistas, afiliadas y operadores logísticos. Esto limita la capacidad recaudatoria provincial y reduce la capacidad recaudatoria.

Se establece un Programa de Monitoreo del Golfo San Matías y una Comisión Técnica Fiscalizadora, el acuerdo carece de definiciones claves respecto de integrantes, financiamiento y competencias. La falta de precisión contradice la rigurosidad que debería tener la materia ambiental.

Un punto a favor es que se haya exigido el domicilio fiscal y legal en la provincia y la jurisdicción de los tribunales ordinarios, a diferencia del RIGI, que prevé arbitrajes internacionales.

¿Hacia dónde vamos?

El oficialismo reconoció que, por el RIGI, fue inviable cobrar sobre volúmenes exportados. Así, el acuerdo con VMOS parece más un conformismo anticipado que una apuesta estratégica.

El acuerdo carece de visión industrial, no incluye refinación, empleo calificado ni desarrollo tecnológico. El riesgo es claro: que Río Negro sea solo una vía de paso para la riqueza, sin apropiación de valor.

Más allá del blindaje legal, ¿cuál es la política energética de la provincia? ¿Dónde están los proyectos que impulsen la industrialización, incentiven proveedores locales o generen economías regionales sostenibles?

El desafío no es solo explotar recursos, sino transformarlos en desarrollo real. ¿Queremos ser protagonistas de una nueva economía o meros espectadores del paso del petróleo? ¿Como VAMOS a hacer para que la actividad hidrocarburifera en nuestra provincia sea una actividad de crecimiento y desarrollo y no que estos convenios se traduzcan meramente en búsquedas de recursos rápidos para arcas vacías.?

Argentina ya vivió un cambio de paradigma energético con Vaca Muerta gracias a decisión política, planificación y estrategia. Eso, precisamente, es lo que hoy falta en Río Negro.

El proyecto VMOS debe ser una oportunidad, un abridor de puertas hacia futuras inversiones con objetivos de desarrollo, empleo y valor agregado para la provincia.

NOTAS RELACIONADAS:

(((video))) La Legislatura avala el acuerdo de Río Negro con Vaca Muerta Oil Sur S.A.

21 Mayo 2025.- En reunión plenaria de comisiones, la Legislatura rionegrina debatió este martes el proyecto de ley que busca ratificar el acta acuerdo firmado entre el gobierno provincial y la empresa Vmos S.A, que sienta las bases para la construcción y operación del oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal de exportación en Punta Colorada. Tras un extenso intercambio, la comisión aprobó el dictamen del proyecto por mayoría, aunque bloques de la oposición solicitaron 48 horas para definir su posición.

Rechazo de asambleas socioambientales al acuerdo de Río Negro con Vaca Muerta Oil Sur

21 Mayo 2025.- Diversas organizaciones sociales y asambleas socioambientales de Río Negro manifestaron su rechazo al proyecto de ley que busca ratificar el acta-acuerdo firmada entre el gobierno provincial y la empresa Vaca Muerta Oil Sur S.A. El documento, dirigido a la Legislatura y firmado por agrupaciones de distintas localidades, cuestiona el convenio rubricado el 16 de mayo por el gobernador Alberto Weretilneck, al que acusan de profundizar un modelo extractivista sin consulta previa a las comunidades afectadas.

(((video))) Histórico acuerdo por Vaca Muerta Sur: U$S 1.000 millones por 13 años para Río Negro

16 Mayo 2025.- El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, firmó un acuerdo histórico con el consorcio de empresas VMOS SA, garantizando que el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Sur impacte directamente en la vida de los rionegrinos, con más empleo, inversiones, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento de la economía provincial.