El legislador Leandro García, explica la difícil situación que están atravesando los jubilados rionegrinos como consecuencia del modelo aplicado por el presidente Javier Milei.

Como venimos advirtiendo desde hace mas de un año, la provincia no está ajena a las consecuencias del modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei, ha sido profundamente dañada, en sus finanzas perdiendo 110.000 millones de pesos en 2024, en los indicadores de todas sus actividades económicas, y también en las condiciones de vida de personas cuyos ingresos dependen del gobierno nacional.

En Rio Negro viven más de 115.000 jubilados y jubiladas, el 70% gana una jubilación mínima, es decir $ 400.000 aproximadamente incluyendo el bono no contributivo de $ 70.0000. El último haber promedio de Río Negro informado por ANSES es de $700.000, cuando el costo de vida supera el $ 1.200.000 para que las personas mayores puedan cubrir alimentos, medicamentos, servicios, etc. este monto es mayor en la Patagonia.

Desde que asumió Javier Milei y cambió la fórmula de actualización por decreto la jubilación mínima aumento 117, 3%, cuando la inflación del periodo es de 186%. Con la formula anterior las jubilaciones serían 27% superiores, y el bono de $ 70.000 congelado, seria de $145.000 si tuviera en cuenta la inflación oficial (no la real).

Según un informe del periodista Alejandro Bercovich el recorte acumulado en el bolsillo de cada jubilado de la mínima desde que asumió Milei es de $2.210.272. A esto hay que sumar la eliminación de la devolución del IVA ($18.800) y el BONO Pami ($15.000) que recibían los jubilados que cobran la mínima.

A su vez, se eliminó la cobertura de medicamentos de la canasta PAMI, que registran un aumento brutal desde que asumió Milei y desregulo el sistema con el DNU 70/23. Y se eliminaron los créditos ARGENTA con tasas subsidiadas.

No hay una sola política que haya beneficiado a los jubilados/as y son los que soportan el 25% del ajuste fiscal que lleva adelante Javier Milei.

El próximo 23 de marzo finaliza la vigencia de la ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes tenían la edad jubilatoria (65 varones y 60 mujeres en el régimen general) y no completaban el requisito de los 30 años de aportes que establece la ley 24.241.

Esto significa en concreto que 7 de cada 10 varones podrán acceder (si demuestran vulnerabilidad socio económica) a una pensión no contributiva (PUAM) no compatible con una pensión por fallecimiento del conyugue, y en el caso de las mujeres, que 9 de cada 10 mujeres tendrán que esperar a los 65 años de edad para acceder a un beneficio previsional y a la cobertura de PAMI. El fin de la ley, aumenta la vulnerabilidad de las personas mayores, sobre todo de las mujeres expuestas históricamente a la informalidad laboral y a cargo de las tareas de cuidado.

La provincia de Rio Negro no tiene políticas para abordar esta situación, la única política diseñada para las personas mayores es el SIPROVE (sistema de protección de la vejez) que ofrece una transferencia mensual de aproximadamente el 50 % de una jubilación mínima para personas mayores de 60 años de extrema vulnerabilidad, siempre y cuando su conviviente no cuente con un beneficio previsional o no previsional, sin ofrecer ninguna cobertura medica especial.

Hay que sumar que los jubilados rionegrinos municipales y provinciales tienen Ipross que viene retrocediendo en cobertura de medicamentos y primera atención.

Los motivos que llevaron a los jubilados a manifestarse el día miércoles son más que evidentes, tienen que elegir si comer, comprar medicamentos o pagar servicios básicos. La represión y violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei no tienen otra motivación que demostrar al FMI y a los acreedores de la deuda externa argentina, que el gobierno es capaz de hacer un ajuste inhumano para pagar una deuda que Milei pretende incrementar para sostener el carry trade que mantiene “estable” el tipo de cambio y los índices de inflación.

No podemos ser indiferentes ante tanta violencia con quienes trabajaron toda su vida, el gobierno provincial al igual que todas las fuerzas políticas de nuestra provincia deberían expresar un contundente rechazo al ajuste que sufren los jubilados, y advertir sobre la incapacidad de la provincia de diseñar políticas que puedan atender y atenuar el retiro del Estado nacional en el abordaje de todas las problemáticas que sufren las personas mayores.