En la audiencia paritaria del lunes 25 de noviembre la UnTER hizo la presentación formal del posicionamiento que se definió en la jornada de Nivel Superior del 22 del corriente; documento en el que se rechazaron unánimemente los lineamientos curriculares y la política educativa nacional en términos generales, ante un gobierno con rasgos antidemocráticos y lógicas neofascistas que impulsa un desfinanciamiento estructural y el ataque sistemático a todo lo público, incluida la educación.
Las reformas impulsadas durante este 2024 implican un enorme retroceso para el sistema formador docente y ponen en peligro de cierre a los Institutos: Ley Educativa 2025, Resoluciones 476 y 477 del Consejo Federal de Educación.
La ausencia de consulta y participación a las comunidades educativas en la elaboración de esos lineamientos curriculares es inaceptable en un país democrático. Por otra parte, destacamos que el paradigma que se sostiene a nivel nacional para la Formación Docente Inicial es avalado por algunas jurisdicciones, entre ellas la provincia de Rio Negro, imponiendo una formación por capacidades y desempeños, formación por competencias, por desarrollo de habilidades y desde la perspectiva de la inteligencia emocional.
Los lineamientos curriculares propuestos por el gobierno nacional no nos resultan novedosos, sino que son el resultado de una mezcla de viejas perspectivas obsoletas, escritas sin consensos ni apertura al diálogo. Estas reformas han sido propuestas por un grupo “selecto de expertos” de la Universidad Católica Argentina con una mirada pedagógica norteamericana y conductista. Otras perspectivas, como la política de Formación Inicial vigente en la provincia de Rio Negro, no acuerdan con estos paradigmas y desarrollan sus líneas de formación desde una perspectiva crítica.
Rechazamos esta lógica violenta de imposición, veloz e inconsulta, que lleva adelante este gobierno nacional y que es acompañada por el gobierno de Río Negro.
El gobierno nacional y las provincias acordaron la creación de un sistema de evaluación de los institutos de formación docente (SIFIECA). Lo hicieron por medio de la resolución N° 483/24 del Consejo Federal de Educación, que estableció que los profesorados deberán atravesar un proceso de evaluación y acreditación cada 6 años. El objetivo es que para 2030 todas las instituciones hayan pasado por este ciclo.
Como Sindicato, entendemos que el sistema formador es el eje vertebrador de todo el sistema educativo, por lo cual debe ofrecer las condiciones para avanzar en el cumplimiento de sus propósitos y funciones. La política educativa en relación a la Formación Docente debe atender a los nudos críticos que presenta actualmente, generar espacios participativos para analizar y delinear los cambios necesarios en su organización, acompañar con políticas socioeducativas que permitan un desarrollo con calidad y equidad y promover un sistema integrado que potencia todas sus funciones para contribuir a la mejora general de la educación argentina.
En clave de primeras conclusiones, con la intención de seguir profundizando el debate, tenemos que pensar un proyecto de Formación Docente que atienda las características sociales actuales y ofrezca una mirada de futuro. Una propuesta de Formación Docente y Técnica que parta desde los propios Institutos y con la participación de todos los actores que conforman la comunidad educativa. Las transformaciones que se imponen de manera vertical no llegan a nada porque quienes trabajan a diario nunca logran apropiarse de ellas. Debemos cuidar a nuestros Institutos garantizando que sigan el camino del crecimiento y evitar caer en la trampa de discursos disfrazados de modernidad que sólo tienen un objetivo para la Educación Superior: vaciarla, para luego privatizarla.
