La provincia de Río Negro va camino a tener un Código Procesal Constitucional, tras ser aprobado este jueves en la Legislatura -en primera vuelta y por mayoría- un proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia.
El legislador Lucas Pica (JSRN) explicó que “forma parte de un conjunto de reformas procesales (Penal, Administrativo, Civil, Minero y Contravencional), se encastra con esas otras normas -que tienen media sanción- y no podemos avanzar con las anteriores si no lo hacemos con ésta”.
Agregó que “es un compendio de normas que ya regulan las acciones constitucionales y la intención es tener todo en un mismo cuerpo toda la normativa procesal constitucional y así evitar un esquema de dispersión como el que hoy reina”.
Dijo que “el proyecto otorga seguridad jurídica, previsibilidad y certeza. Marca de manera clara y contundente la hoja de ruta que hay que tener en la utilización, para el acceso a los tribunales rionegrinos, de estas acciones constitucionales”.
“Por otra parte significa poner a resguardo a los ciudadanos de algunos dirigentes políticos, que por tener una fama efímera llevan de la mano a vecinos que luego terminan frustrados. Es decir, queremos alcanzar la no ordinarización de los amparos”, subrayó.
Fernando Frugoni (ARI- Cambiemos) explicó que el respaldo de su bloque se debe a las modificaciones a las que accedió el oficialismo, vinculadas al acceso a la información pública. “Se incorporaron siete artículos sobre este aspecto, que antes -creo que en una acción deliberada del STJ- no estaban”, remarcó.
Luego expuso Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) quien sostuvo que “antes de aprobar acciones constitucionales deben poner en funcionamiento al Poder Judicial”. Consideró que “hay una disociación entre el STJ y los jueces de abajo, quienes nos dicen que nuestra Constitución es de avanzada y el amparo puede ser hasta telefónico, pero es totalmente distinto cuando vamos a los tribunales”.
Magdalena Odarda, del mismo bloque, expresó que la negativa a la iniciativa se debe a que “es altamente regresivo e, incluso, vulnera el acceso a la justicia ambiental”. Pidió que para la segunda vuelta se haga una gran convocatoria de sectores.
Ana Marks (PJ-Nuevo Encuentro) sostuvo que “estos ordenamientos no pueden ser restrictivos, sino que tienen que aplicarse para mejorar el acceso a la justicia”.
La radical Lorena Matzen valoró “la simplificación de las cuestiones de jurisdicción y competencia material, que significan un notable beneficio para los justiciables en plazos y costos”.
Contrariamente, Santiago Ibarrolaza (PRO) describió que la negativa al proyecto se fundamenta en que “no estamos de acuerdo con lo proyectado respecto de los amparos individuales y colectivos. Vemos que hay dificultades, por lo que vamos a presentar observaciones (para la segunda vuelta)”.
Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó la propuesta porque “con este código se van a poder interpretar las normas. No sólo trata de amparos, sino de mucha otra reglamentación. Marca una hoja de ruta y hace a la actividad del abogado. No creo que restrinja los derechos”.