En la sesión extraordinaria del viernes 6 de junio de 2025, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche trató tres vetos impuestos por el intendente Walter Cortés. Ninguno fue rechazado, ya que la oposición no logró reunir los ocho votos necesarios, lo que permitió que quedaran firmes decisiones clave del Ejecutivo vinculadas a concesiones públicas, fondos petroleros y un millonario acuerdo con la empresa Navtour.

El primero de los vetos tratados fue el correspondiente a la Ordenanza 3505-CM-25, que había encomendado al Ejecutivo revocar la resolución 586-I-25, a través de la cual se autorizaba el pago de 900.000 dólares a la empresa Navtour en concepto de indemnización extrajudicial. El oficialismo argumentó que se trataba de un acuerdo legítimo para evitar un juicio millonario, pero desde la oposición advirtieron sobre la falta de información técnica y cuestionaron que no se hayan agotado las instancias judiciales.

El segundo veto fue el que frenó la Ordenanza 3499-CM-25, que derogaba la antigua Ordenanza 502-CM-95, la cual establece la renovación automática de concesiones públicas, incluidas las del transporte urbano. Esta decisión del Ejecutivo fue interpretada como una señal clara de que "el gobierno local busca mantener los vínculos actuales con las empresas prestadoras, especialmente con Mi Bus (Amancay), sin necesidad de abrir procesos licitatorios". El contrato con la empresa vence en febrero de 2027, y su eventual renovación directa ahora queda habilitada.

Desde el bloque Incluyendo Bariloche, principal impulsor del proyecto derogado, expresaron su repudio a través de un duro comunicado titulado “El veto de la impunidad al servicio del saqueo del pueblo”. En el texto, firmado por la presidenta del partido Andrea Galaverna y el concejal Leandro Costa Brutten, denunciaron que “el Intendente está más preocupado por garantizar los negocios de unos pocos que por resolver los problemas reales que afectan a miles de vecinos”. También señalaron que el veto “es un intento deliberado por frenar una medida que buscaba terminar con prácticas opacas y clientelares”.

El tercer veto validado por el Concejo fue a la Ordenanza 3501-CM-25, que destinaba parte de las regalías petroleras establecidas por la ordenanza 3349-CM-22 al cierre definitivo del vertedero municipal (CRUM). La intención original del proyecto era avanzar en la clausura del basural y su remediación ambiental. Sin embargo, el Ejecutivo defendió su veto argumentando que esos fondos serán redirigidos a la construcción del puente sobre el arroyo Ñireco en la calle Wiederhold, una obra anunciada en conjunto por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Cortés.

El oficialismo justificó las decisiones del Ejecutivo como parte de una estrategia para asegurar “gobernabilidad, eficiencia administrativa y continuidad en los servicios públicos”. No obstante, los bloques opositores acusaron al intendente de utilizar los vetos para evitar el control ciudadano, frenar la transparencia y consolidar relaciones poco claras con empresas concesionarias. En todos los casos, la votación se inclinó por sostener los vetos gracias a que la oposición, no logró la mayoría calificada necesaria para revertirlos.

El escenario que deja esta sesión extraordinaria refleja una creciente tensión política en Bariloche. Mientras el Ejecutivo avanza sobre temas sensibles, la oposición enfrenta límites concretos para impulsar reformas de fondo. Desde Incluyendo Bariloche ya anunciaron que continuarán promoviendo iniciativas legislativas para transparentar la gestión y denunciar lo que consideran “atropellos institucionales” que perjudican a los intereses de la ciudadanía.

EL VETO DE LA IMPUNIDAD AL SERVICIO DEL SAQUEO DEL PUEBLO

Desde Incluyendo Bariloche repudiamos enérgicamente el veto del intendente Walter Cortés a la ordenanza que abroga la Ordenanza 502, la cual otorga la renovación automática de contratos de concesión.

Esta decisión no sorprende, pero sí indigna. Es una muestra más de que el Intendente está más preocupado por garantizar los negocios de unos pocos que por resolver los problemas reales que afectan a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En lugar de avanzar hacia un modelo de gestión transparente, democrático y centrado en el interés público, Cortés elige blindar privilegios y sostener un esquema que favorece a los mismos sectores empresariales de siempre.

Mientras los barrios siguen sin respuestas, con servicios colapsados y necesidades urgentes sin atender, el Ejecutivo municipal prefiere asegurar renovaciones automáticas que perpetúan contratos a espaldas del pueblo y sin ningún tipo de control ciudadano.

El veto a esta ordenanza es un retroceso. Es un intento deliberado por frenar una medida que buscaba terminar con prácticas opacas y clientelares. Es también una señal clara de que este gobierno municipal no está dispuesto a cambiar nada, porque cambiar implicaría dejar de servirse del Estado para beneficiar a unos pocos amigos del poder.

Vamos a seguir denunciando cada atropello institucional y cada decisión que atente contra los intereses del pueblo. Nuestra ciudad merece un gobierno que escuche, que rinda cuentas, y que actúe con ética y compromiso social.

Walter Cortés eligió vetar el cambio. Nosotros elegimos seguir luchando por una Bariloche más justa, más transparente y para todos.

Andrea Galaverna - Presidenta Partido Incluyendo Bariloche

Leandro Costa Brutten - Concejal Bloque Incluyendo Bariloche