Este domingo 20 de julio, las comunidades Mapuche Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas fueron brutalmente desalojadas frente a la Casa de Gobierno de Neuquén mientras llevaban adelante una protesta pacífica para exigir el reconocimiento jurídico de sus comunidades, derecho garantizado por la legislación vigente y sistemáticamente postergado por el gobierno provincial.
Este domingo 20 en horas del mediodía, las comunidades Mapuche Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas fueron brutalmente desalojadas frente a la Casa de Gobierno de Neuquén mientras llevaban adelante una protesta pacífica para exigir el reconocimiento jurídico de sus comunidades, derecho garantizado por la legislación vigente y sistemáticamente postergado por el gobierno provincial.
La manifestación comenzó cinco días antes y consistía en un acampe pacífico con integrantes de los pueblos originarios encadenados afuera del edificio gubernamental. No cortaban calles, no interrumpían el tránsito ni generaban disturbios. Solo pedían que se cumpliera una promesa firmada en 2024 por el propio Ejecutivo provincial.
Sin embargo, y pese a la tranquilidad de la protesta, el gobierno de Rolando Figueroa ordenó un operativo represivo con más de 100 efectivos policiales que incluyó a las fuerzas especiales, Policía motorizada, bomberos y móviles sanitarios. Se montó un cerco policial de 200 metros alrededor de Casa de Gobierno.
La policía ingresó con violencia, arrojó gases lacrimógenos y disparó balas de goma. En medio del operativo, se golpeó a manifestantes, incluyendo personas mayores, mujeres y menores de edad. Varios de ellos fueron reducidos en el piso y esposados.
“Esto no fue un desalojo, fue represión. No estábamos haciendo nada malo. Solo pedíamos que nos reconozcan como comunidad, como pueblo. Nos trataron como delincuentes”, declaró Liliana Romero, integrante del Lof Fvta Xayen, horas después de ser liberada de la comisaría.
En total, se registraron entre 17 y 22 personas detenidas, según distintas fuentes. Algunas de ellas fueron liberadas tras pasar por controles médicos, pero permanecen imputadas por cargos como “resistencia a la autoridad” o “entorpecimiento del funcionamiento público”.
La acción del gobierno provincial fue duramente criticada por organismos de derechos humanos, sindicatos docentes, referentes sociales y académicos, que consideraron desproporcionado y violatorio de la ley el accionar policial.
Las comunidades denunciaron que la represión fue una forma de “disciplinamiento” frente al avance del movimiento mapuche en sus reclamos por territorio y representación institucional, y señalaron que no es casual que se haya producido en el corazón político de la provincia.
“Este gobierno no quiere entregarnos la personería jurídica porque eso significaría que existimos como sujetos políticos. Y eso les molesta, porque pone en cuestión sus negocios con Vaca Muerta”, afirmó una vocera de la Confederación Mapuche.
Desde hace más de un año y medio, las comunidades vienen gestionando la inscripción formal en el Registro Provincial de Comunidades Indígenas, algo que no solo está amparado por la legislación argentina, sino también por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Sin personería jurídica, estas comunidades quedan por fuera de cualquier posibilidad de ser consultadas, participar en relevamientos territoriales o interpelar proyectos extractivos en sus territorios ancestrales, lo que vulnera derechos básicos de los pueblos originarios.
La negativa del gobierno provincial a avanzar con los trámites de reconocimiento responde, según referentes mapuche, a una estrategia deliberada para excluirlos de los procesos de decisión en zonas de interés petrolero.
La represión ocurrida este domingo se enmarca en un contexto de creciente criminalización de las luchas indígenas en la Patagonia, con antecedentes recientes de desalojos violentos, causas judiciales armadas y operativos policiales desmedidos.
La Confederación Mapuche denunció que el accionar policial tuvo como objetivo “quebrar la resistencia y enviar un mensaje de temor”, especialmente hacia las comunidades que se organizan contra el avance del fracking y el extractivismo.
Videos difundidos por medios alternativos y redes sociales muestran cómo los manifestantes fueron arrastrados por la fuerza pública mientras seguían encadenados, lo que generó una ola de indignación en Neuquén y otras provincias.
Desde el sindicato ADUNC, la delegada Melina Schierloh expresó: “Lo que vimos fue brutal. Estábamos ahí y nos echaron con escudos. Es muy duro que el Estado prefiera pegarle a los pueblos originarios antes que sentarse a dialogar”.
A pesar de las promesas de diálogo previas, la decisión del fiscal Pablo Vignaroli de ordenar el desalojo marcó un punto de quiebre. Las comunidades entienden que con esta medida el gobierno rompió la paz social y vulneró derechos fundamentales.
“Ni siquiera quisieron escucharnos. Pedimos que nos reciba algún funcionario, alguien del Ejecutivo. Nos respondieron con golpes, gases y detenciones. Ese es el lugar que nos dan”, relataron desde el Lof Newen Kura.
Lejos de disuadir la lucha, las comunidades Mapuche anunciaron que redoblarán sus esfuerzos por lograr el reconocimiento legal y que denunciarán ante organismos nacionales e internacionales la represión sufrida este 20 de julio.
Lo ocurrido en Neuquén no solo evidencia un problema de gestión política, sino también una peligrosa deriva autoritaria que pone en riesgo el ejercicio democrático del derecho a la protesta. Mientras tanto, las comunidades siguen resistiendo con dignidad en defensa de sus derechos y su identidad.
La UNCo rechaza el desalojo violento y apuesta el diálogo
Pronunciamiento de las autoridades de la universidad frente a la represión policial y las detenciones.
Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue rechazan el desalojo violento por parte de la policía provincial de manifestantes que se encontraban pacíficamente en la puerta de la gobernación.
Reivindicamos el diálogo como único camino posible para resolver las diferencias y creemos imprescindible agotar esa vía hasta el final.
Entre los y las detenidos/detenidas, posteriormente liberados y liberadas, se encontraban una docente de la UNCo e integrante del gremio Adunc, Melina Schierolh, y Umaw Huetu, periodista de Radio Universidad CALF.
La UNCo es la primera universidad del país que se declaró intercultural. Fue una decisión adoptada por la última Asamblea Universitaria y ahora figura en el Estatuto. Esta condición adoptada con el más alto consenso, genera un fuerte compromiso de la universidad en la construcción de una necesaria e impostergable interculturalidad.