La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017 durante un operativo represivo en cercanías de Bariloche. La Sala III ratificó que los uniformados cometieron homicidio doloso agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa, y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca establecer ahora las penas correspondientes, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, valoró el fallo por desmontar el relato oficial que intentó justificar el accionar represivo del grupo Albatros, señalando directamente la responsabilidad política de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entonces y en la actualidad. La APDH también advirtió que las máximas autoridades involucradas no han sido juzgadas, y llamó a impulsar políticas de seguridad democrática que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Declaración de APDH tras el fallo en la causa por Rafael Nahuel Salvo

El pasado 12 del corriente la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa seguida contra cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por la represión llevada a cabo el 25 de noviembre de 2017 en cercanías de la ciudad de Bariloche, ordenada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que culminara con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, de 22 años de edad.

La aludida sentencia confirmó lo anteriormente decidido por el Tribunal Oral Federal de General Roca entendiendo que los cinco uniformados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.

El fallo de la Casación ordena ahora al Tribunal de General Roca que gradúe las penas que deben purgar los homicidas Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, quienes además fueron inhabilitados para la función pública.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en la causa, también ha acompañado en todo momento a los padres de Rafael Nahuel, aprecia el fallo condenatorio de la Cámara Federal que desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña, y que estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich.

Al mismo tiempo la APDH advierte que la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.

Como corolario de lo señalado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a la vez que continuará en su tarea en defensa de los derechos humanos, exigiendo justicia, insta a promover desde la sociedad civil, políticas públicas de seguridad democrática que alienten la formación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, como único reaseguro de una convivencia social en paz y libertad.