Ingeniero Jacobacci es el epicentro de una pelea por el futuro y la vida. Mientras el gobierno de Río Negro, con Alberto Weretilneck a la cabeza, hace todo para el avance de la megaminería, la población local rechaza ser un territorio entregado al extractivismo. Crónica de una audiencia pública amañada, la llegada de cientos de policías para meter miedo, el Poder Judicial que no cumple las leyes y el Pueblo Mapuche de pie.
Por Martín Vallejos (*)
Con los plazos vencidos, el 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro emitió la resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Calcatreu. La medida supone el permiso final por parte del gobierno provincial a la empresa Patagonia Gold para avanzar en la explotación del proyecto minero de oro y plata. La autorización llega más de dos meses después de la audiencia pública realizada en Ingeniero Jacobacci, a pesar de que la normativa marca un plazo de 40 días para el trámite. Una irregularidad más para abrir paso a una actividad rechazada por la comunidad.
Negocios en Canadá, vulneración de derechos en Río Negro
La novedad fue publicada primero por la empresa minera (el jueves 7 de noviembre). Recién el viernes 8 fue informada por el gobierno provincial. Mientras el comunicado oficial destaca los controles ambientales que se llevarían adelante por el peligro para la vida que implica el uso de cianuro en el proceso de lixiviación, la propia empresa reconoce no haber concluido aún los estudios sobre cómo llevar adelante el proceso de extracción. “La compañía está completando estudios con el objetivo de desarrollar una operación de lixiviación en pilas”, dice el comunicado —publicado en inglés y fechado en Vancouver, Canadá— en el sitio web de la empresa. Aclaran también que tienen “amplia experiencia” en este tipo de procesos: realizaron dos en la última década.
En el mismo sitio se puede leer que la empresa consiguió el mes pasado adquirir los derechos de explotación de cuatro concesiones en cercanías a Mina Ángela. Este segundo proyecto está localizado en territorio de la provincia de Chubut, muy cerca del límite interprovincial y del propio proyecto Calcatreu. Se trata de una antigua explotación en galería cuya boca de mina fue cerrada hace más de veinte años con un fallido proceso de remediación cuestionado por pobladores y asambleas.
En una entrevista reciente, el director ejecutivo de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven apuntaba a la cercanía geográfica de ambos proyectos y a la vez mencionaba que este segundo proyecto está ubicado a tan sólo 45 kilómetros del Proyecto Navidad, paralizado luego de las protestas multitudinarias que en diciembre de 2021 lograron revertir el fraude legislativo que pretendió aprobar una zonificación minera a la medida de la multinacional Panamerican Silver. “Queremos estar ahí para desarrollar el potencial de esta provincia que estuvo cerrada a la minería por muchos años”, declaró Van Tienhoven sobre Chubut.
En Río Negro parecen haber logrado el objetivo con el que desembarcaron en 2018: que el gobierno provincial se convierta en punta de lanza para entregar la provincia al poder minero transnacional.
Mientras en Jacobacci el intendente, José Mellado, amenaza con judicializar la convocatoria a una consulta popular vinculante aprobada por el Concejo Deliberante, las peticiones administrativas ante la Secretaría de Energía y Ambiente han sido rápidamente desestimadas. Así como la convocatoria a plebiscito había sido anunciada durante la audiencia pública por un concejal de la oposición, en el mismo estrado el lonko de la comunidad Putren Tuli Mahuida, José Morales, comunicó la firme decisión de avanzar en el camino legal para reclamar su derecho a la participación.
El territorio de la comunidad de Morales está a sólo ocho kilómetros del proyecto megaminero, pero su comunidad fue excluida deliberadamente de la consulta indígena que establece la ley. La comunidad envió cartas documento a las firmas subsidiarias de Patagonia Gold. Los reclamos fueron rechazados por la empresa con argumentos curiosamente calcados de los esgrimidos por la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia.
A su vez, en las últimas semanas, la Legislatura provincial aprobó un protocolo para efectuar la consulta previa, libre e informada al mundo indígena con el fin de cumplir con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, que en nuestro país tiene rango supralegal (por encima de las normas locales). El protocolo fue rápidamente cuestionado por el Consejo de Comunidades Indígenas y la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Las instituciones y organizaciones indígenas refieren que no hubo ningún mecanismo de participación que les contemple en la redacción y aprobación de una normativa que, paradójicamente, busca garantizar la participación indígena.
Todo lo descripto sucedió en menos de dos meses. La rapidez obedece a que algo parecido al asedio está en juego.
Más minería, menos democracia
Es 30 de agosto de 2024 y el gobierno de Río Negro convocó para hoy a una audiencia pública para la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Calcatreu. La audiencia se desarrolla durante unas diez horas en el gimnasio municipal. Participan cerca de 250 personas, la mayoría con intereses económicos en la apertura del proyecto. Algunas voces disidentes serán abucheadas y silenciadas. El carácter democrático del acto se diluye con el correr de las intervenciones. O quizás se ha licuado días antes, cuando el Gobierno valló las calles linderas al gimnasio municipal y envió 200 agentes de policía para contener las protestas en un pueblo de menos de 10.000 habitantes. O un poco más atrás en el tiempo, en diciembre de 2023, cuando una Legislatura convertida en escribanía del Poder Ejecutivo aprobó las modificaciones a la Ley de Tierras y al Código de Procedimientos Mineros. De esa forma, restringió la participación de instituciones críticas en el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) y alentó la radicación de capitales mineros transnacionales en la zona.
Epicentro
Ingeniero Jacobacci es el nombre de la localidad cabecera de la región más extensa de Río Negro. Su nombre es un homenaje al ingeniero italiano que dirigió durante casi diez años las obras del Ferrocarril Patagónico que hoy conecta las localidades de Viedma (la capital provincial, al este) y San Carlos de Bariloche (la opulenta ciudad del extremo oeste, casi en la frontera con Chile).
Situada en el kilómetro 448 de los 827 que recorre la línea, Jacobacci supo ser también un cruce de rieles que habilitaba la conexión con Esquel —unos 300 kilómetros en línea recta al sur de Bariloche— a través del célebre tren a vapor de trocha angosta conocido como La Trochita.
Hace alrededor de dos meses que los cerca de 8.000 habitantes de Jacobacci son testigos de la presencia de buena parte del aparato de gobierno en su pueblo. Camionetas ploteadas, charlas auspiciadas, noticias nuevas cada día para las escasas dos radios que están funcionando en el pueblo (luego del silenciamiento de la emisora local de Radio Nacional). ¿El motivo? El gobierno impulsa la aprobación de un proyecto megaminero resistido en la zona desde hace más de veinte años: Calcatreu, de explotación de oro y plata a cielo abierto, distante a unos sesenta kilómetros del pueblo, en el paraje Lipetrén Grande.
La concesionaria actual es Patagonia Gold. Sus acciones cotizan en la bolsa de Toronto, en Canadá.
Mujer Mapuche
La primera imagen es una ruta patagónica: la cinta asfáltica se pierde en rectas infinitas apenas quebradas contra un horizonte abierto y amarillo, casi dorado. Luego el cuadro se cierra sobre el asfalto, un rectángulo gris sobre el que se imprime la velocidad del desplazamiento en líneas de fuga transversales. De pronto la imagen se desestabiliza, salta, se trastoca: ahora se va más lento y la superficie ha cambiado. Ripio y greda se comen los bordes del asfalto allí donde se detiene la cinta. La estepa le gana al «progreso».
El recorrido es el mismo que hace cuatro y hace siete años: se sale de El Bolsón, se pasa por Bariloche y directo a Jacobacci. De sur a norte por la Ruta 40 y de oeste a este por la 23. El asfaltado de la ruta 23 es una promesa perpetua. Algunos tramos de ripio son largos. Como anunciándolos, el empalme con la ruta 40, a escasos kilómetros del centro de Bariloche, sigue sin pavimentar. ¿Cuántos millones de dólares en endeudamiento externo han costado las promesas incumplidas de campaña? ¿Cuántos gobiernos pasarán antes de que la ruta se termine de asfaltar?
En mayo de 2018, hice este mismo recorrido para participar de una convocatoria de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Huawel Niyeo, nombre originario de Ingeniero Jacobacci. El encuentro había sido en un salón de la iglesia, con rumor de viento en las persianas plásticas del lugar. Sentados en ronda, se escuchaba insistentemente una palabra en lengua antigua. Sobresalía una anciana con un pañuelo brillante envolviendo sus cabellos que se adivinaban blanqueados por los años. En el rostro de María Torres Cona brillaban dos pómulos oscuros. Su saco de hilo azul profundo, su pollera de tela gruesa, sus botines.
Han pasado casi siete años de aquel primer viaje. María está cerca de cumplir sus 78 y su palabra sigue siendo central para comprender la lucha de este pueblo.
Ha pasado todo el día a la intemperie. Se ha levantado temprano en su campo recuperado y ha llevado adelante una ceremonia pidiendo fuerzas para este día. Ayer ha recibido a gente de diferentes territorios en su ruka (casa), y después de la ceremonia compartida se sabe acompañada por muchas más almas de las que se pueden ver.
Esta noche llegará tarde a casa y mañana se levantará a recibir el sol con una nueva ceremonia, para completar el ciclo y también para agradecer. Mirará al este, saludará a las fuerzas, y sentirá el grito amplificado de sus pu lagmen (hermanos o hermanas) extenderse por el horizonte amplio.
Pero en este momento, María Torres Cona toma la palabra al final de la larga jornada que incluyó una radio abierta en la plaza y una marcha por las calles del pueblo. La asamblea en la sede de la Cooperativa Ganadera Indígena está terminando y, por un tiempismo sin mañas, ella es la última en hablar. “Cantamos bastante, y caminamos también. Hace rato que no caminaba, así que me cansé”, comienza a hablar María entre risas. “Y contenta, con ustedes, peñi, ñaña, contenta con la asamblea, que pudimos llegar bien, que no tuvimos nada por el camino, contenta con…”, y un torrente de palabras en mapuzungun reverberan en el salón. En ellas María habla de la importancia de hacer las cosas a la manera mapuche, de tener un buen pensamiento y no desviarse de ese pensamiento, de arribar a acuerdos y construir un mismo pensamiento.
Luego retoma en lengua castilla y vuelve a hablar de la alegría que le produce el encuentro, como si no hubiera cansancio, como si no hubiera angustia ante tanto atropello de las autoridades locales, como si no hubiera miedo frente al poder transnacional minero que dicta la partitura del gobierno provincial.
El entramado de poder que abraza a la minera
En febrero de 2020, un mes antes de declararse la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la cuarentena preventiva en todo el territorio argentino, la asamblea de Huawel Niyeo hizo otra convocatoria, un encuentro de comunidades y asambleas. Esa vez el compañero de viaje fue Romero, un perro chueco de mirada bonachona. Durante la asamblea, que se compuso de un plenario, un espacio de trabajo en comisiones y un plenario de cierre, Romero se mantuvo tranquilo, cercano a su compañera humana. Luego hubo marcha por el pueblo, con la fuerza de las comunidades mapuches encabezando, marcando el ritmo con la música de sus instrumentos. Entre el colorido de las voces, los kultrunes, las pifilkas y las trutrukas, quedó grabada la alegría de María y el éxtasis de Romero, que acompañaba la cabecera de la marcha entre ladridos, correrías y volteretas sobre sí mismo.
Ese encuentro estaría seguido de un tiempo extraño, donde el principal motor de la alegría que María reivindica estaría prohibido. No más encuentros. El distanciamiento social y sus efectos políticos en el tejido de resistencia en los territorios. Luego vinieron algunas definiciones difíciles de comprender desde la mirada sanitarista: la minería, entre otras actividades extractivistas, sería declarada «actividad esencial».
En pocos meses, las comunidades situadas en un polígono que puede ser delimitado por las ciudades de Fiske Menuco (General Roca), Huawel Niyeo (Jacobacci), El Bolsón y Bariloche, comenzaron a ser asediadas por camionetas de empresas que pretendían ingresar a sus campos con órdenes de cateos mineros. Con las dificultades del aislamiento y el distanciamiento social, la alerta fue corriendo entre comunidades. Y el 7 de julio de 2021 se reunieron en trawun (encuentro de diálogo entre comunidades) en la localidad de Mencué, a unos 200 kilómetros de Jacobacci, para organizarse.
“Nos convocamos en este trawun para tratar una problemática realmente preocupante. En plena pandemia, durante 2020 y lo que va de 2021, se han presentado en nuestro territorio representantes de empresas mineras pretendiendo entrar a realizar exploraciones y extracción de muestras de rocas y suelo para futuras explotaciones mineras”, expresaban las comunidades en un comunicado conjunto.
De ese encuentro nacería la campaña “Cerramos las tranqueras a las mineras”, y el germen de un recurso de amparo colectivo que sería presentado ante el juzgado de El Bolsón: “Denunciamos que el gobierno de Río Negro ha otorgado permisos y autorizaciones de cateo a la empresa Ivael Mining a través de la Secretaría de Minería, sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se piensa explotar, por lo que han incurrido en la violación de los derechos indígenas”, explicaban en el comunicado.
El destino de ese recurso de amparo puede ser una muestra de algo que sí ha cambiado en el transcurso de estos veinte años de resistencia a la megaminería en Río Negro. Conviene, una vez más, trasladarse en el tiempo: en el 2005, un grupo de comunidades representadas legalmente por el Consejo de Desarrollo de Comunidades (Codeci) logró que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictara una sentencia favorable y definitiva sobre el recurso de amparo solicitando la paralización del proyecto Calcatreu por violaciones al derecho indígena.
El amparo promovido por las comunidades durante la pandemia tuvo otro derrotero: en julio de 2023, el juez de El Bolsón concedió el recurso y suspendió las actividades de exploración en toda la región, pero el gobierno provincial rápidamente apeló esa decisión y el STJ esta vez no dio tiempo siquiera a analizar la situación territorial de cada una de las amparistas. Falló en contra de las comunidades, a favor del gobierno y de Ivael Mining, cuestionando la capacidad del juez de primera instancia de definir la afectación del territorio comunitario cuando no se había culminado aún el relevamiento territorial que plantea la Ley Nacional 26.160.
Un detalle: el relevamiento territorial de comunidades está paralizado hace años porque ni el Gobierno ni la Legislatura asignan los fondos específicos. El grado de connivencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es evidente.
¿Y el amparo de 2005? ¿Cómo puede llevarse adelante una audiencia pública para evaluar un estudio de impacto ambiental si las actividades del proyecto estaban paralizadas por orden judicial? La razón es simple y a la vez macabra. Tiene nombre y apellido, pero tiene también un entramado de relaciones de poder que le dan lugar. El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (organismo oficial consagrado en la Ley Provincial 2287 – Ley Integral del Indígena) durante la presidencia de María Valentina Currufil fue dejando vencer los plazos de las presentaciones necesarias para sostener el amparo.
La propia Currufil es hoy la lonko (autoridad) de la única comunidad mapuche sobre cuyo territorio reconoce afectaciones el estudio de impacto ambiental de la minera. Como tal, y según las modificaciones establecidas a fines de 2023 en la legislación vigente, integra el Copeam. Desde allí, y desde todos los medios de comunicación oficialistas, levanta la voz a favor del proyecto megaminero.
La audiencia-teatro
Al culminar el acto protocolar de la audiencia pública, las fuerzas policiales se retiraron del pueblo. El gobernador, Alberto Weretilneck, twitteó cínicamente agradeciendo al pueblo de Jacobacci por haber acompañado la propuesta de transformación de la matriz productiva provincial e insistió con su muletilla de estos meses: “Río Negro es una provincia minera”. Los medios masivos regionales y nacionales publicaron notas sobre el tema, y en ellas se leen palabras más prudentes de algunos funcionarios: “Tenemos que seguir trabajando para lograr la licencia social”.
¿De qué está hecho ese eufemismo? ¿Existe la licencia social? ¿Es posible que una sociedad otorgue licencia para un proyecto de muerte? ¿Cuánto de extorsión hay allí? ¿Cuánto de mentira?
Una vecina que participó de la audiencia pública lo sintetizó crudamente. “Estamos acá para compartir la culpa”, dijo refiriéndose a las consecuencias socioambientales del proyecto megaminero.
Una semana antes, durante la celebración del beato Ceferino Namuncurá en Chimpay, con el gobernador Weretilneck sentado en la primera fila, el obispo del Alto Valle, Alejandro Pablo Benna, reclamó transparencia y que se escuche a la gente. Le pidió a Dios “que no hagan audiencias que son obras de teatro, en las cuales le pagan a todos los actores”.
Pasado y presente
La palabra de María Torres Cona ayuda a entender la dimensión de los gestos que están en juego. “Desde que llegué acá a Huawel Niyeo, que llegué a los 11 años para criarme y hoy voy a cumplir 78 años, nunca en mi vida vi estos vallados en Huawel Niyeo como vi hoy. Es como que somos delincuentes, no sé. Es malo para la sociedad”, reflexiona María.
“Hoy, cuando vi la Policía que pasaron a caballo, verdaderamente me dolió mucho mi piuke (corazón). Me trajo a mi mente lo que mis padres y mis abuelos pasaron en el tiempo de la Fronteriza. A mi abuelo lo castigaron, lo llevaron a Mencué, donde estaba el destacamento, y le encerraron la tropilla y lo llevaron con tropilla y todo, porque la policía era dueño, entonces nadie podía hablar porque le pegaban palizas. A nosotros nuestros padres nos escondían en el cerro para que no nos desparramaran, porque también se los llevaban a sus hijos, a los hijos grandes para que vayan a trabajar. Esas cosas me vino a la memoria cuando vi que pasaban los policías. Era como si en la mente mía estaba viendo el sufrimiento de mis padres, de mis abuelos”, lamenta.
Las memorias del genocidio se trenzan en la mente de María Torres Cona y se proyectan a todas las personas que la escuchan en el salón de la Cooperativa Ganadera Indígena de Huawel Niyeo.
Hace tan sólo tres años, cuando las comunidades de la zona de Mencué lanzaron la campaña “Cerramos las tranqueras a la minería”, hicieron foco en ese pasado: “La memoria ancestral del territorio tiene una historia de violencia y despojo del Estado hacia nuestro pueblo, con su política de despojo de tierras. En este lugar donde hoy nos reunimos además tiene la memoria del horror que la sanguinaria policía fronteriza dejó en la población mapuche para despojar las tierras más productivas y entregárselas a los estancieros en la década del 1930”, decían en el comunicado del trawun de Mencué.
El historiador, cronista y periodista Adrián Moyano publicó en ese momento una nota donde historizaba la presencia de «la Fronteriza» en la zona. Su accionar como fuerza de ocupación, posterior a la invasión del territorio mapuche por parte del Ejército comandado por Julio Argentino Roca, dio continuidad a los tormentos y prácticas genocidas militares: ejecuciones sumarias, violaciones, apropiación sistemática de infancias, desalojos, confiscación de hacienda. Son algunas de las prácticas más sobresalientes de un largo listado que se perpetúa cada vez que se invisibiliza.
¿De qué está hecha la fuerza con la que se resiste la continuidad del genocidio? Frente a la violencia del Estado doblemente replicada como silencio y desmemoria, la mente despierta de una mujer mapuche que comparte en su palabra el acto rebelde de re-cordar, entendida como «volver a pasar por el corazón». Es allí, en el piuke que María Torres Cona sitúa el dolor que le produce ese volver a transitar el sufrimiento de sus padres y sus abuelos. Y en esa potencia del recuerdo se afirma en su camino de resistencia: “Mi padre muchas veces estuvo preso, muchas veces lo dejamos de ver por años por defensa de la tierra. Y tal vez de esa generación vengo. ¡Por eso lucho!”.
Si no es casual que la interpelación de la Iglesia Católica al gobernador Weretilneck haya sido en la celebración por Ceferino Namuncurá –el niño robado a la dinastía de Kallfucura—, tampoco es casual que María lleve por segundo apellido la palabra Cona. Cona, en mapuzungun, refiere a un rol muy específico en una comunidad, ligado a la defensa y el resguardo de los territorios y sus autoridades. Todo territorio tiene sus pu kona, y la sabiduría de María parece estar en este territorio justamente para protegerlo.
(*) Desde Río Negro – Artículo conjunto de Revista Cítrica y Agencia Tierra Viva