El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, mediante el cual vetó por completo tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio: aumento del 7,2 % a jubilaciones y pensiones, extensión de la moratoria previsional y declaración de emergencia nacional en discapacidad.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, mediante el cual vetó por completo tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio: aumento del 7,2 % a jubilaciones y pensiones, extensión de la moratoria previsional y declaración de emergencia nacional en discapacidad.
El Ejecutivo argumentó que las medidas implicarían un gasto fiscal adicional de entre 0,9 % y 1,68 % del PBI, lo que pondría en riesgo el superávit financiero alcanzado en 2024 después de años de déficit crónico.
Según el Gobierno, las leyes vetadas “fueron aprobadas de manera irresponsable”, sin definir fuentes de financiamiento y con posibles irregularidades en el proceso legislativo del Senado, incluida falta de convocatoria formal y votación sin quórum calificado.
Además, Milei advirtió que si el Congreso lograra insistir con los dos tercios necesarios para anular sus vetos, recurrirá a la vía judicial para frenarlos. Su discurso fue contundente: “no hay plata” y la sustentabilidad fiscal es “innegociable”.
El proyecto vetado establecía que la jubilación mínima alcanzaría los $441.600 en julio con bono de $110.000, frente a los $379.355 realmente cobrados. Tras el veto, ese monto mínimo será de $314.305, más bono de $70.000: $384.305 en total para agosto, según la fórmula actualizada por decreto y el INDEC.
La ley de moratoria habría permitido que personas sin los 30 años de aportes pudieran regularizar su situación y acceder al régimen jubilatorio. La norma vetada también contemplaba la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con condiciones flexibles.
La emergencia en discapacidad proyectaba establecer una nueva pensión no contributiva, compatibilizarla con empleo formal de bajo ingreso, actualizar aranceles a prestadores y garantizar atención integral. Se estimaba un gasto extra de más de 2 billones de pesos en 2025 y hasta 4,7 billones en 2026.
Estos vetos han generado una ola de rechazo en redes sociales. Referentes del peronismo calificaron las medidas como “crueldad sin límites” y denunciarion un modelo autoritario que apunta a los sectores más vulnerables. “Qué vergüenza”, tuiteó Daniel Arroyo; Victoria Tolosa Paz habló de “atacar a quienes más sufren”.
Las organizaciones de derechos de personas con discapacidad también convocaron movilizaciones, reclamando el derecho a prestaciones básicas ante lo que consideran una violación del mínimo de justicia social.
En Buenos Aires se observan protestas semanales desde hace meses, con jubilados que acusan ser incapaces de afrontar gastos básicos de salud, servicios y alimentos con las jubilaciones actuales de entre $370.000 y $400.000 incluidos bonos. Algunos edificios enfrentan represión policial.
El peronismo anunció que intentará insistir con la sanción de las leyes en ambas cámaras. Para revocar los vetos necesita los dos tercios en Diputados y Senado, algo muy difícil dado que el oficialismo ya trabajaría para consolidar apoyos entre gobernadores y bloques aliados.
En ese escenario, Milei confía en que diputados y senadores afines o aliados aliados sostengan el veto. El Gobierno incluso habría ofrecido transferencias del Tesoro (ATN) a provincias para asegurar ese respaldo y evitar que surja una mayoría oficialista que lo derrote.
En la arena electoral, el veto llega menos de tres meses antes de las elecciones legislativas de octubre, que serán evaluadas como plebiscito sobre su gestión económica; el oficialismo busca mostrar resultados de inflación controlada mientras proyecta un perfil austero y de orden fiscal.
Los analistas destacan que aunque la inflación anual descendió a un dígito en junio tras años de triple dígito, la austeridad ha agravado el desempleo, empobrecido a los jubilados y depreciado salarios reales, lo cual genera malestar social pese al consenso económico sobre equilibrio fiscal.
Queda en debate cómo seguirá esta discusión política: si la oposición arriesga una insistencia con posibilidad remota de éxito, si se convocan protestas masivas o si el oficialismo acepta negociar una versión parcial de las leyes. Por ahora, la tensión entre el poder presidencial y un Congreso redefinido por las elecciones se mantiene al rojo vivo.