La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), volvió a reunirse esta tarde con el fin de avanzar hacia el cierre de sus trabajos en el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA. Según anunció Ferraro, entre los días 17 y 18 de noviembre se fijará la fecha para la presentación del informe final, en cumplimiento de la resolución aprobada previamente por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación.
La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), volvió a reunirse esta tarde con el fin de avanzar hacia el cierre de sus trabajos en el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA. Según anunció Ferraro, entre los días 17 y 18 de noviembre se fijará la fecha para la presentación del informe final, en cumplimiento de la resolución aprobada previamente por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación.
En esta nueva reunión —sin testigos presentes—, la comisión decidió aprobar nuevas medidas de prueba con el objetivo de profundizar la pesquisa. Ferraro precisó que se trata del tramo final del trabajo: la comisión se reunirá por última vez la semana próxima y luego elevará su dictamen al cuerpo legislativo. La creación de esta comisión había sido uno de los pocos rechazos legislativos sufridos por el gobierno de Javier Milei, y su funcionamiento estuvo trabado por meses.
Al inicio de la sesión, la diputada Mónica Frade (CC) propuso una reserva de denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Di Giorgi por “dilaciones y obstrucciones por parte del Poder Judicial”, así como contra funcionarios del Poder Ejecutivo que, según ella, “se han negado sistemáticamente a venir a la Comisión”. Frade nombró entre ellos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la jefa de Gabinete del ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; y al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.
Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), diputado Germán Martínez, también apuntó al accionar de la justicia: “Desde que se conformó esta Comisión, el fiscal Taiano y el juez Di Giorgi miraron para el costado y siempre le buscaron la vuelta para impedir que esta Comisión funcione”, sostuvo. “La justicia fue un obstáculo para el funcionamiento de esta Comisión”, añadió.
El escándalo del token $LIBRA estalló cuando el presidente Milei promocionó públicamente la criptomoneda, lo que desató sospechas de estafa masiva. La comisión investigadora se creó el 8 de abril de 2025 con el mandato de investigar la promoción, difusión y los posibles daños causados por ese activo digital, que el oficialismo intenta desligar de responsabilidades estatales. Luego de meses de bloqueo —debido a disputas por el quórum y la integración de sus autoridades— el 28 de agosto la oposición logró destrabar su funcionamiento y eligió a Ferraro como presidente.
Las nuevas medidas aprobadas incluyen pedidos de informes escritos, citaciones a funcionarios públicos, y oficios judiciales y extra-judiciales para recabar pruebas complementarias. Según fuentes legislativas, el intento es dejar un dictamen robusto antes del cierre del plazo que la propia Cámara estableció. Según la información, el plan es fijar la presentación del informe final para el 17 o 18 de noviembre, dentro del marco ya predefinido.
La negativa de importantes funcionarios a presentarse ante la comisión y la denuncia de obstrucción del Poder Judicial son claves en el debate político: los opositores denuncian falta de colaboración del Ejecutivo y la Justicia, mientras el oficialismo sostiene que el tiempo para la investigación ya venció y que la comisión carece de legitimidad para seguir actuando. La sanción del reglamento interno por parte de la comisión permitió avanzar en la acción investigativa, a pesar de la ausencia de algunos bloques políticos.
Con la cuenta regresiva ya iniciada, la comisión queda en el foco de la agenda política nacional. La elección de su fecha de cierre y la presentación del dictamen se superpone con el calendario legislativo y electoral, lo que añade presión sobre los tiempos y los actores involucrados. El resultado del informe podrá tener repercusiones institucionales y políticas, sobre todo en lo que respecta a la rendición de cuentas del Ejecutivo y al rol del Congreso en tareas de fiscalización.
Mientras tanto, el ministro Cúneo Libarona, el titular de la UIF Starc y la jefa de gabinete Zicavo aún no habían participado formalmente ante la comisión, de acuerdo a la denuncia de los investigadores. La comisión tendrá un último encuentro la próxima semana para ultimar detalles antes de presentar el dictamen final al pleno. El tribunal interno espera que ese cierre marque un antes y un después en la supervisión de criptomonedas y en el debate sobre transparencia gubernamental.