El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una sesión que estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición y que generó movilizaciones en las inmediaciones del Congreso. El proyecto obtuvo mayoría tras varias horas de debate y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una sesión que estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición y que generó movilizaciones en las inmediaciones del Congreso. El proyecto obtuvo mayoría tras varias horas de debate y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa introduce cambios en la definición y el alcance de las áreas protegidas, particularmente en el ambiente periglacial, estableciendo una diferenciación entre geoformas con función hídrica comprobada y aquellas que no la acrediten. Según el texto aprobado, esta distinción permitiría habilitar determinadas actividades productivas en zonas que hasta ahora estaban alcanzadas por una prohibición general.
La ley vigente, sancionada en 2010, establecía restricciones amplias para la actividad minera e hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares, al considerarlas reservas estratégicas de recursos hídricos. La reforma propone ajustar esos criterios con base en estudios técnicos y en una actualización del inventario nacional de glaciares.
Durante la sesión, el oficialismo defendió la modificación al sostener que busca “dar previsibilidad jurídica” y adecuar la normativa a la realidad productiva actual de las provincias cordilleranas. Argumentaron que el nuevo esquema mantiene la protección de los cuerpos de hielo y de las áreas con función hídrica estratégica, pero evita restricciones que consideraron excesivas.
Senadores que respaldaron la iniciativa señalaron que la reforma permitirá impulsar inversiones vinculadas a la minería metalífera y al litio, en un contexto de demanda internacional de minerales críticos para la transición energética. También remarcaron la necesidad de armonizar la legislación ambiental con las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el contenido y el trámite parlamentario del proyecto. Legisladores de distintos bloques advirtieron que la modificación implica un retroceso en los estándares de protección ambiental y podría poner en riesgo fuentes de agua dulce en regiones sensibles.
Referentes opositores señalaron que la ley original fue resultado de un amplio consenso social y científico, y advirtieron que cualquier flexibilización puede generar impactos irreversibles sobre ecosistemas de alta montaña. También criticaron la falta de consultas públicas más amplias antes de avanzar con el dictamen.
Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas y colectivos socioambientales se concentraron frente al Congreso para manifestar su rechazo. Con pancartas y consignas en defensa del agua y los glaciares, reclamaron que se mantenga la normativa vigente sin modificaciones.
En el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo participaron fuerzas federales y se registraron momentos de tensión cuando fueron desalojados. No se informaron incidentes de gravedad, aunque sí hubo demoras y restricciones en el tránsito en la zona.
Distintas organizaciones de la sociedad civil difundieron comunicados en los que advirtieron que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la regulación hídrica y en la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía. En ese sentido, plantearon que la discusión no debe centrarse únicamente en variables económicas.
Desde sectores empresariales vinculados a la actividad minera, en tanto, se valoró la aprobación como una señal positiva para el desarrollo de proyectos en carpeta. Sostienen que el nuevo marco normativo podría reducir la litigiosidad y generar condiciones más estables para atraer inversiones.
El texto aprobado contempla la actualización periódica del inventario de glaciares y la intervención de organismos técnicos para determinar la incidencia hídrica de cada área. La autoridad de aplicación deberá establecer criterios verificables para definir qué zonas quedan efectivamente alcanzadas por las restricciones.
Especialistas en derecho ambiental señalaron que, de convertirse en ley definitiva, la reforma podría abrir un nuevo escenario de judicialización. No descartan que organizaciones presenten acciones de amparo o planteos de inconstitucionalidad si consideran que se vulneran principios de progresividad en materia ambiental.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso. En caso de ser aprobado sin cambios, quedará sancionado y el Poder Ejecutivo podrá promulgarlo. Si se introducen modificaciones, deberá volver al Senado para su revisión.
En términos políticos, la votación evidenció diferencias internas dentro de algunos bloques, con posturas divergentes entre representantes de provincias mineras y legisladores de distritos con fuerte tradición ambientalista. La discusión volvió a poner en el centro la tensión entre desarrollo productivo y protección de bienes comunes.
Las consecuencias de la reforma, de confirmarse en Diputados, impactarán principalmente en provincias cordilleranas con proyectos mineros en evaluación. Gobernadores de esos distritos siguen de cerca la evolución del trámite legislativo por el potencial efecto fiscal y laboral que podría derivarse.
En paralelo, sectores académicos reclamaron que cualquier implementación esté respaldada por información científica independiente y actualizada, y que se garantice la participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental.
La discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo y el uso de recursos naturales en la Argentina. El resultado final en el Congreso marcará un precedente relevante en la política ambiental y productiva del país.
Con la media sanción del Senado, el tema vuelve al centro de la agenda política y social. En las próximas semanas, la definición en Diputados será clave para determinar si el país mantiene el esquema de protección vigente desde 2010 o avanza hacia un nuevo marco regulatorio para las zonas glaciares y periglaciares.
EL SENADO APROBÓ LA MODIFICACIÓN A LA LEY DE GLACIARES Y EL ACUERDO MERCOSUR–UE
En una sesión extraordinaria, el Senado de la Nación Argentina aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, y convirtió en ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; finalmente, la Cámara alta sancionó por 40 votos positivos, 31 negativos y una abstención la modificación de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, impulsada por el Poder Ejecutivo para redefinir el alcance de las zonas protegidas y habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares, en medio de un debate que expuso posturas contrapuestas entre quienes sostienen que la reforma compatibiliza ambiente y desarrollo y quienes advierten un retroceso en materia de protección ambiental.
El Senado de la Nación Argentina celebró hoy, pasadas las 11 h, una sesión extraordinaria presidida por la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, en la que se trató en primer término el pliego de Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
En ese sentido, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) destacó que el candidato obtuvo dictamen de mayoría en comisión y sostuvo que reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo. En cambio, el senador José María Carambia (Por Santa Cruz) anticipó su voto negativo al considerar que el postulante no reúne las condiciones para la función. Tras la votación, el pliego fue aprobado por 38 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
Posteriormente, el Senado debatió y convirtió en ley, con 69 votos afirmativos y 3 negativos, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El entendimiento, suscripto el 17 de enero en Paraguay, prevé la reducción de aranceles para más del 90 % de las exportaciones argentinas y una disminución de barreras para productos industriales europeos. El bloque involucrado reúne a más de 700 millones de consumidores y representa cerca del 20 % del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, aunque su implementación plena quedó sujeta a revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El senador Francisco Paoltroni (LLA), en calidad de miembro informante, destacó que "este es un momento histórico tras más de 25 años de negociación", y lo definió como "el camino al desarrollo" para la Argentina, especialmente para el interior productivo. Destacó las oportunidades en sectores como los hidrocarburos —con eje en Vaca Muerta—, la minería (cobre y litio) y las economías regionales, que podrán acceder a un mercado ampliado con arancel cero. Finalmente, sostuvo que el tratado se complementa con otros acuerdos internacionales orientados a promover inversiones y consolidar la inserción global del país.
A su turno, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) sostuvo que "nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias".
Durante el cierre de los bloques políticos, el senador Martín Goerling Lara, en representación del PRO, confirmó su acompañamiento al acuerdo y declaró: "Este es un momento histórico que ratifica un acuerdo muy importante con visión de futuro, sobre todo para nuestras economías regionales". Agregó que "esto es signo de una verdadera política de Estado, con instituciones fuertes, reglas claras, previsibilidad y planificación a largo plazo".
Tras exponer su postura sobre las falencias del Mercosur, especialmente en las zonas fronterizas del país, el senador Eduardo Vischi (UCR) subrayó: "Si no tomamos en cuenta los errores cometidos, con la Unión Europea podríamos profundizar las asimetrías y lograr un desarrollo más lento, en lugar de un equilibrio territorial". Al finalizar, adelantó su apoyo al acuerdo por representar una "asociación estratégica para la Argentina".
LEY DE GLACIARES
Finalmente, el Senado aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsada por el Poder Ejecutivo, que redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas. La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
Al abrir el debate, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y miembro informante, detalló la cronología del trabajo en comisión. Mencionó que se convocó a expertos, funcionarios y científicos para "escuchar a todas las voces y sectores, incluido el Poder Ejecutivo" y calificó de "regresivas" a las modificaciones. En cambio, el senador Agustín Coto (LLA), también miembro informante, sostuvo que: "Después de 15 años estamos resolviendo dudas y normalizando una ley conforme a la Constitución Nacional y a lo que solicita la Corte Suprema. Si aquí hay una concesión, es a la ciencia y no a una industria en particular", sostuvo.
En el cierre de bloques, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) adelantó su voto positivo y recalcó la necesidad de una ley de protección de glaciares y zonas periglaciares que sea clara pero no "estática". Defendió una normativa federal basada en una "regla de oro": no afectar ninguna fuente de reserva hídrica. Finalmente, propuso que el monitoreo sea ejecutado por las provincias.
En ese sentido, el senador Flavio Fama (UCR) resaltó que el objetivo de la reforma es "compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales". Destacó, como un punto clave, que el proyecto plantee la participación de cada jurisdicción en la definición de sus recursos naturales, bajo un esquema de estándares mínimos coordinados. "Esto permitirá que la norma se aplique con homogeneidad en todo el territorio nacional; creo que el enfoque del Ejecutivo es razonable", concluyó.
En contraposición, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), calificó de "irreversible" el impacto de la Ley sobre el futuro del país. Reclamó la falta de tratamiento y discusión porque "en menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas". Finalmente, lamentó que Argentina pase de ser vanguardia en la protección de glaciares a sufrir un grave retroceso en la materia .
La senadora Patricia Bullrich (LLA) concluyó el debate manifestando su apoyo al proyecto. Durante su intervención, afirmó: "Estamos cambiando profundamente a la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía que empobrece a los argentinos".
Activistas de Greenpeace detenidos tras realizar una protesta pacífica en las escalinatas del Congreso
– © Martin Katz / Greenpeace
Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje “Senadores, no se c@gu*n en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.
@ Pepe Mateos / Greenpeace
– © Martin Katz / Greenpeace
La intervención fue simbólica y no violenta, en el marco del debate legislativo que se desarrolla hoy en el Senado. Desde Greenpeace señalaron que la detención de manifestantes pacíficos en un contexto de discusión parlamentaria sobre el agua como derecho resulta preocupante desde el punto de vista democrático.
@ Pepe Mateos / Greenpeace
– © Martin Katz / Greenpeace
“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina. Lo que hoy se discute en el Senado no es un detalle técnico, sino la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias. Eso implicará un retroceso en la seguridad hídrica del país y en la protección de un bien común esencial”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
© Martin Katz / Greenpeace
Desde la organización explicaron que el proyecto en debate modifica el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, trasladando definiciones clave a las provincias y condicionando el resguardo de estos cuerpos de hielo a criterios de “función hídrica demostrable y relevante”. Según Greenpeace, esto introduce mayor discrecionalidad en decisiones que hoy están amparadas por un criterio científico uniforme a nivel nacional.
© Martin Katz / Greenpeace
@ Pepe Mateos / Greenpeace
Asimismo, advirtieron que reducir el alcance de la ley en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar incrementa la vulnerabilidad hídrica de amplias regiones del país, donde el deshielo cumple un rol central en la regulación de caudales y en el abastecimiento de agua para los ecosistemas, consumo humano y actividades productivas.
@ Pepe Mateos / Greenpeace
La organización reafirmó que la protección de los glaciares fue una conquista social sostenida durante años por miles de personas en defensa del agua como bien común, y sostuvo que cualquier modificación que implique retroceder en ese estándar debe ser evaluada con máxima responsabilidad institucional.
“La protección de los glaciares no es una consigna, es una decisión estratégica y una política de Estado sobre el agua que necesita la Argentina en las próximas décadas. Esperamos que el Congreso esté a la altura de esa responsabilidad histórica y no retroceda en un estándar que la propia sociedad ayudó a construir”, concluyó el vocero de la organización.