En una sesión cargada de tensión y con un fuerte contenido político, el Senado de la Nación aprobó este jueves 10 de julio tres leyes de alto impacto social que habían sido resistidas por el Gobierno nacional. El incremento automático de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad fueron sancionados por amplia mayoría, marcando un contundente revés para la gestión de Javier Milei y su bloque parlamentario.
En una sesión cargada de tensión y con un fuerte contenido político, el Senado de la Nación aprobó este jueves 10 de julio tres leyes de alto impacto social que habían sido resistidas por el Gobierno nacional. El incremento automático de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad fueron sancionados por amplia mayoría, marcando un contundente revés para la gestión de Javier Milei y su bloque parlamentario.
La jornada parlamentaria también dejó otras decisiones relevantes: el Senado rechazó el veto presidencial a los fondos de emergencia para Bahía Blanca y dio media sanción a dos proyectos promovidos por los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Las iniciativas evidencian un creciente consenso opositor que, con el acompañamiento de sectores del radicalismo y algunos aliados del oficialismo, logró imponer una agenda legislativa alternativa a la del Poder Ejecutivo.
La discusión en el recinto giró en torno a dos ejes: la legitimidad institucional del procedimiento parlamentario —cuestionado por el oficialismo— y el contenido sustantivo de las normas aprobadas, que fueron impulsadas en respuesta a una demanda social concreta. Los sectores afectados por el ajuste, como jubilados, personas con discapacidad y poblaciones excluidas del sistema previsional, fueron el centro del debate.
La aprobación del aumento automático de jubilaciones, con un adicional del 8,1% y un piso del 50% de la variación salarial, representa una mejora directa para millones de personas que vieron caer su poder adquisitivo en los últimos meses. La nueva fórmula permitirá que los haberes se actualicen mensualmente por inflación, brindando mayor previsibilidad y protección ante la suba de precios.
En paralelo, la prórroga de la moratoria previsional evitará que más de 200.000 personas —en su mayoría mujeres que no reúnen los 30 años de aportes— queden excluidas del sistema. Esta ley, aprobada por primera vez durante el gobierno de Alberto Fernández y con vencimiento previsto para este año, fue una de las demandas más repetidas por organizaciones de jubilados y movimientos sociales.
La emergencia en discapacidad, por su parte, habilita un marco legal para garantizar la cobertura integral de prestaciones básicas en un contexto en el que prestadores, familias y personas con discapacidad venían denunciando recortes y demoras en los pagos. Con esta ley, se facilitará el acceso a transporte, acompañamiento terapéutico, centros de día y otros servicios esenciales.
Los tres proyectos sancionados reflejan, según expresaron numerosos senadores, el reclamo social frente al fuerte ajuste fiscal impulsado por el presidente Milei. Movilizaciones de jubilados, campañas en redes sociales, y cartas de organizaciones intermedias marcaron la previa del debate. “Esta ley no es un capricho del Congreso, es una necesidad de la gente”, sostuvo el senador Martín Doñate, uno de los impulsores del paquete previsional.
El rechazo del veto presidencial a la ley que destinaba fondos de asistencia para Bahía Blanca, tras el temporal que afectó la ciudad en diciembre pasado, también se convirtió en un gesto político de alto voltaje. La oposición denunció el “abandono del Estado nacional” y logró los votos necesarios para que el Senado revirtiera el rechazo presidencial.
A su vez, los proyectos con media sanción para reformar el reparto de ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles surgieron del malestar de gobernadores ante lo que consideran una distribución discrecional de recursos por parte de la Casa Rosada. El reclamo federal se expresó de forma contundente, con 56 votos a favor y apenas uno en contra.
La Libertad Avanza respondió abandonando el recinto y denunciando un “intento de golpe institucional”. El propio Javier Milei acusó a los legisladores de impulsar leyes “fiscales irresponsables” que, según él, comprometen el equilibrio fiscal y ponen en riesgo la economía. En redes sociales, el mandatario anunció que vetará todo lo aprobado, aunque en algunos casos, como el de las jubilaciones, la oposición podría reunir los dos tercios para insistir con la sanción.
La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó en el centro de la escena. Como titular del Senado, no impidió el tratamiento de los proyectos y habilitó la sesión, pese a la presión del oficialismo. En un posteo en redes, Milei deslizó críticas hacia su compañera de fórmula, lo que profundiza las tensiones internas dentro del espacio libertario.
Más allá del cruce institucional, los beneficiarios directos de las leyes celebraron las decisiones del Congreso. Asociaciones de jubilados, centros de discapacidad y organizaciones previsionales compartieron su apoyo a través de comunicados y expresiones en redes sociales. “Hoy se hizo justicia social en el Senado”, escribieron desde la Asociación de Jubilados Autoconvocados.
Los próximos pasos serán clave. Milei puede vetar las leyes, pero si la Cámara de Diputados las ratifica por mayoría especial, los vetos quedarán sin efecto. En paralelo, el Ejecutivo planea judicializar el proceso, apelando a la Corte Suprema para que declare inconstitucionales las normas por presunta afectación presupuestaria.
Sin embargo, los fundamentos sociales y políticos detrás de estas leyes son sólidos. La presión popular fue determinante en su tratamiento. La ciudadanía exigía respuestas ante el ajuste y la caída del poder adquisitivo. El Congreso, en este caso, asumió un rol activo como contrapeso institucional.
Para muchos sectores, estas leyes representan no solo un alivio económico inmediato, sino una garantía de derechos fundamentales. La emergencia en discapacidad era reclamada hace años; el régimen de moratoria previsional ha permitido que más de un millón de mujeres accedan a la jubilación en las últimas dos décadas.
Lo que sigue será una batalla política, jurídica y comunicacional. Milei buscará reforzar su narrativa de "la casta que se resiste al cambio", mientras que la oposición consolidará su frente común con gobernadores y actores sociales. Las elecciones legislativas de octubre marcarán un nuevo escenario de poder.
Por lo pronto, el Senado mostró que el Congreso puede legislar por encima del veto presidencial cuando hay voluntad política. Y dejó en claro que, en medio del ajuste, los derechos de los sectores vulnerables aún tienen defensores en el sistema democrático.
El impacto de estas leyes será visible en el corto plazo: más jubilados con aumentos reales, continuidad para quienes estaban por perder la posibilidad de jubilarse, y personas con discapacidad con mejores condiciones de acceso a sus tratamientos. Se trata de beneficios concretos, no abstractos.
La discusión que se abre es de fondo: ¿puede un país sostener su equilibrio fiscal sin ajustar sobre los sectores más vulnerables? ¿Hasta dónde puede llegar el poder presidencial frente a un Congreso dispuesto a ejercer sus atribuciones? El 10 de julio dejó una respuesta clara: la democracia argentina aún tiene resortes de equilibrio.
Y mientras tanto, la calle, las redes y las organizaciones sociales ya empezaron a celebrar. Porque en una Argentina de ajustes, pobreza creciente y crispación institucional, sintieron que el Senado decidió ponerse del lado de la gente.
SIN CONVOCATORIA OFICIAL, LA OPOSICIÓN REALIZÓ UNA SESIÓN CON EL QUÓRUM REQUERIDO
Se convirtieron en Ley el aumento en los haberes jubilatorios, la prórroga sobre moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. También se rechazó el veto presidencial a los fondos destinados para la Emergencia en Bahía Blanca y obtuvieron media sanción dos proyectos sobre reparto de los ATN y del impuesto a los combustibles en las provincias.
El Senado de la Nación llevó adelante una sesión ordinaria impulsada por los bloques opositores, que comenzó a las 14:15 horas con un quórum de 42 senadores. La sesión fue habilitada por la vicepresidenta del cuerpo, Silvia Sapag (Unidad Ciudadana).
Luego de una moción de orden solicitada por el senador José Mayans (Frente Nacional y Popular) y aprobada por mayoría, se declararon válidos para su tratamiento en el recinto dos proyectos de ley, devenidos de Diputados, referidos a la prórroga de la moratoria previsional por dos años ya vencida en marzo y a un aumento en los haberes jubilatorios del 7,2% junto a una suma fija de $40.000. También, resultó habilitado el tratamiento sobre la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive con posibilidad de ser prorrogado por un año más, la medida cuenta media sanción de la Cámara baja.
La votación en general y en particular sobre el aumento en los haberes jubilatorios del 7,2% junto a una suma fija de $40.000 resultó aprobada por unanimidad y quedó convertida en Ley, también quedó sancionada la prórroga de la moratoria previsional con 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención.
Posteriormente, se trató el proyecto sobre emergencia en discapacidad en torno a "uno de los sectores más vulnerables de la población", según expresó el senador Fernando Salino (Convicción Federal), mientras que la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) insistió con la "urgencia" en su aprobación porque "hay una deuda del Estado con las personas con Discapacidad".
"Hace 25 años que convivo con la discapacidad porque es un tema que en lo particular me afecta, muchos prestadores cobran menos que un albañil, la retribución es casi miserable, lo es ahora y lo fue antes" expresó, conmovido, el senador Luis Juez (PRO).
Por votación unánime quedó convertida en Ley la emergencia en discapacidad y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.
Después de habilitar con dos tercios de los presentes, el cuerpo de senadores trató el veto presidencial al proyecto que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales y que destina fondos especiales por las inundaciones que afectaron a esa zona, el cual fue rechazado por unanimidad por lo que se restablece la Ley aprobada en su momento.
También obtuvo media sanción por unanimidad el proyecto que declara Capital Nacional del Cóndor Andino para la conservación de esta especie a la ciudad 28 de Noviembre perteneciente a la provincia de Santa Cruz.
La sesión continuó con el tratamiento de dos proyectos, presentados por legisladores de distintos bloques políticos, en relación con los fondos que la Nación le transfiere a las provincias. Una iniciativa establece modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y busca garantizar una distribución automática de los ATN entre las provincias y la segunda medida permite modificar el reparto del impuesto a los combustibles. En la votación resultaron aprobadas ambas medidas con 54 votos afirmativos y 1 negativo alcanzando, de esta manera, la media sanción con el apoyo de los dos tercios del cuerpo legislativo.
Al inicio del tratamiento, el miembro informante, senador Salino, aclaró que estas iniciativas "tienen el aval de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires", y además, "no estamos creando ningún tributo nuevo sino que estas iniciativas son sobre la distribución del impuesto".
Por su parte, la senadora Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) sostuvo que "estamos hablando de la redistribución de los recursos que le corresponden a las provincias y el sistema federal exige que la Nación trabaje codo a codo con todas ellas". Luego, se refirió a los gobernadores," son los que hoy están garantizando la paz social en nuestro país", agregó.
Durante los cierres de bloque, el senador Eduardo Vischi (UCR) afirmó que "hoy hay argentinos que la están pasando mal y este Congreso decidió escuchar sus necesidades y votar en consecuencia. Por eso, las 24 jurisdicciones se pusieron de acuerdo para avanzar en lo que significa un acto de justeza y de un federalismo que se aplique y no que se declame".
Antes de finalizar la sesión, luego de un cuarto intermedio y con el pleno acuerdo de los senadores, se decidió posponer para más adelante la elaboración y tratamiento de una declaración sobre la situación de YPF.