La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves 19 de febrero la media sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, tras una sesión extensa y marcada por un clima de alta confrontación política y sindical. La iniciativa obtuvo mayoría tras más de diez horas de debate, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, mientras que la oposición votó en contra y cuestionó tanto el contenido como el procedimiento parlamentario.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves 19 de febrero la media sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, tras una sesión extensa y marcada por un clima de alta confrontación política y sindical. La iniciativa obtuvo mayoría tras más de diez horas de debate, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, mientras que la oposición votó en contra y cuestionó tanto el contenido como el procedimiento parlamentario.
El tratamiento se desarrolló en paralelo a protestas y medidas de fuerza convocadas por centrales sindicales, que rechazaron la reforma por considerarla regresiva en materia de derechos laborales. En el recinto, el oficialismo defendió el proyecto como un instrumento necesario para modernizar el marco normativo, fomentar la formalización del empleo y reducir la litigiosidad laboral.
El resultado de la votación reflejó una ajustada mayoría a favor de la iniciativa, consolidada tras negociaciones con bloques provinciales y sectores dialoguistas. Legisladores del oficialismo subrayaron que la media sanción representa un paso clave dentro de la agenda económica del Gobierno, mientras que desde la oposición señalaron que la aprobación se logró sin consensos amplios.
Entre los puntos centrales del texto aprobado se incluyen: modificaciones en el régimen de contratación, cambios en el esquema indemnizatorio, incorporación de mecanismos de organización flexible de la jornada laboral y nuevas disposiciones en materia de negociación colectiva. También se redefinen aspectos vinculados al derecho de huelga y a la prestación de servicios en actividades consideradas esenciales.
Uno de los ejes más debatidos fue la regulación de los denominados “bancos de horas”, que permitirían reorganizar la jornada laboral mediante compensaciones en tiempo en lugar de pago de horas extras. Desde el oficialismo se argumentó que la medida busca dotar de mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores, mientras que la oposición advirtió que podría derivar en extensiones excesivas de la jornada.
Otro punto controvertido fue la modificación de los criterios de indemnización por despido. Sectores sindicales y legisladores opositores sostuvieron que la reforma debilita la protección frente al despido sin causa, mientras que sus impulsores afirmaron que el nuevo esquema apunta a reducir la conflictividad judicial y facilitar la contratación.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques expresaron posiciones divergentes respecto del impacto que la reforma podría tener en la creación de empleo formal. El oficialismo insistió en que la normativa vigente desalienta la contratación y que la actualización del régimen contribuirá a dinamizar el mercado laboral.
La oposición, en cambio, cuestionó que no se hayan incorporado estudios de impacto que respalden las proyecciones oficiales. Además, advirtió que varios artículos podrían ser objeto de planteos de inconstitucionalidad una vez sancionada la ley.
En ese contexto, uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la eliminación de disposiciones vinculadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Legisladores opositores denunciaron que la reforma incluye cambios que afectarían el financiamiento y la estructura del organismo, mientras que el oficialismo sostuvo que se trata de una readecuación institucional en línea con criterios de eficiencia administrativa.
Referentes del sector audiovisual manifestaron preocupación por el posible impacto de la medida sobre la producción cinematográfica nacional, el sostenimiento de fondos específicos y la promoción cultural. Desde el bloque oficialista se respondió que la reforma no implica la desaparición del organismo sino una reorganización de sus funciones.
La discusión sobre el INCAA se inscribió en un debate más amplio sobre el alcance de la reforma y su inclusión de modificaciones en áreas que exceden estrictamente la normativa laboral. La oposición cuestionó la incorporación de estos puntos en un mismo proyecto, mientras que el oficialismo defendió la integralidad de la iniciativa.
Otro capítulo sensible fue la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Legisladores opositores y representantes de organizaciones de prensa advirtieron que la supresión del régimen específico podría debilitar garantías laborales históricas del sector, vinculadas a estabilidad, condiciones de trabajo y protección frente a despidos arbitrarios.
Desde el oficialismo se argumentó que la eliminación del estatuto apunta a unificar el régimen laboral bajo la Ley de Contrato de Trabajo, eliminando normas especiales consideradas obsoletas. Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos en el recinto y fuera de él, al considerarse que podría afectar la autonomía y el ejercicio profesional del periodismo.
Organizaciones sindicales del sector periodístico anticiparon que evaluarán acciones legales si la derogación se confirma en la sanción definitiva. Legisladores opositores señalaron que el estatuto constituye una herramienta de resguardo institucional para la libertad de expresión.
En la sesión también se discutieron cambios vinculados a convenios colectivos y la denominada “ultraactividad”, es decir, la continuidad de condiciones laborales una vez vencido un convenio. El oficialismo planteó que la reforma promueve mayor dinamismo en las negociaciones, mientras que la oposición alertó sobre una eventual pérdida de derechos adquiridos.
La media sanción se produjo tras intensas negociaciones parlamentarias y modificaciones de último momento en algunos artículos. El oficialismo logró consolidar una mayoría suficiente, aunque el debate evidenció profundas divisiones políticas.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en el Senado, que deberá revisar las modificaciones introducidas. De aprobarse sin cambios, quedará en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
En caso de que el Senado introduzca nuevas modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de origen para su tratamiento final. Ese trámite definirá la versión definitiva de la norma.
El debate en la Cámara alta se anticipa igualmente complejo, con sectores sindicales y profesionales que ya manifestaron su rechazo a varios artículos del proyecto. Las próximas semanas serán determinantes para el desenlace legislativo.
La media sanción en Diputados marcó un punto de inflexión en la agenda parlamentaria y abrió una nueva etapa de discusión pública sobre el alcance y las consecuencias de la reforma laboral, incluyendo sus implicancias en el ámbito cultural y en el ejercicio profesional del periodismo.
EN SESIÓN ESPECIAL, LA CÁMARA DE DIPUTADOS LE DIO MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN LABORAL
Tras incorporar modificaciones, la votación en general obtuvo 135 votos positivos, 115 negativos y sin abstenciones. Ahora, el proyecto deberá ser tratado nuevamente en el Senado para su sanción definitiva.
En el marco de las sesiones extraordinarias, el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Modernización Laboral, luego de realizar modificaciones al texto proveniente del Senado. Ahora, deberá volver a la cámara Alta en busca de su sanción definitiva.
Como miembro informante del proyecto del Poder Ejecutivo, el diputado Lisandro Almirón (LLA) remarcó que “defendemos esto porque estamos seguros de que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".
“Nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como barrera para que la registración de empleo formal y las cargas de las normativas para quienes contratan, ahoguen a cualquiera de buena intención", señaló Almirón. En esa línea, subrayó que “sin inversión no hay empresas; sin empresas no hay trabajadores".
En representación de Unión por la Patria, Sergio Palazzo resaltó que “la norma que están votando es inconstitucional” y que "han contrabandeado detrás de la palabra modernización laboral, la regresión más brutal que reconozca la historia sobre los derechos de los trabajadores. Afecta todos los pilares del derecho del trabajo, de la representación, e inclusive ahora, del fuero en el que deben tratarse las cuestiones laborales".
Desde Provincias Unidas, el diputado Martín Losteau hizo hincapié en que "el sistema previsional es inequitativo. Nuestro sistema tributario es regresivo. Y nuestro sistema laboral arrastra problemas históricos, le falta actualizaciones, no contempla el trabajo remoto y las nuevas formas de vínculo laboral". Asimismo, añadió que “este Gobierno mira las relaciones laborales y dice 'las empleadas domésticas están en relación de fuerza con relación a los patrones'; al empleador, beneficio; al empleado, castigo".
Al criticar y rechazar el proyecto, el diputado Néstor Pitrola (FIT-U) afirmó que "nos quieren llevar a la barbarie, sin sindicatos, sin lucha, sin derecho de huelga ni derecho a la organización".
“En 48 horas, este Congreso, sin ningún tipo de debate, sin escuchar a los que saben, hoy se va a llevar 50 años de protección a la parte débil", fustigó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), quien manifestó, además, que "va a haber un nivel de litigiosidad muy alto, vamos a plantear muchas inconstitucionalidades, va a haber muchas cautelares como las que se vinieron planteando con la Ley Bases".
Al anticipar que va a votar a favor del proyecto, el diputado Pablo Outes (Innovación Federal) recalcó que “el modelo de reforma que se está actualizado sí sirve para las provincias del interior, para nuestras pequeñas empresas”. “Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de Obra Social. Simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. El problema de la Argentina es mirarse el ombligo”, concluyó.
En la continuidad, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) reafirmó que en la ley no encontró ningún punto que “favoreciera al trabajador”. "La ley tiene un enmascaramiento que es la modernización. No hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar”, enfatizó. Para concluir, sentenció que "se meten con todo: con la vida, con las enfermedades de los trabajadores. Se excedieron. Entonces volvieron atrás, porque midieron con algún consultor, y este tema les daba negativo".
ATE rechaza la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados: «El Parlamento se llenó de ratas»
"Si piensan que eliminando el artículo 44 los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan. Son unos irresponsables que legislan al margen de la Constitución", indicó Rodolfo Aguiar.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de reforma laboral, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: «El presidente Milei tenía razón. El parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas».
En relación al artículo referido a las licencias médicas, el dirigente apuntó: «Si piensan que eliminando el artículo 44 los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan. Son unos irresponsables que legislan al margen de la Constitución. Se llenaron la boca hablando de la crisis del mercado de trabajo pero no están solucionando nada, con esta reforma lo empeoran todo. Es una ley que no va a crear un solo puesto de empleo nuevo».
«El FAL hiere de muerte a la ANSES. De nuevo abren las puertas para la privatización del sistema previsional. Quieren volver a timbear con las AFJP. Sepan que están poniendo en riesgo la paz social. Lo que está en juego es nuestra dignidad. No esperen que los trabajadores nos resignemos. La próxima semana de nuevo los vamos a ir a buscar al Congreso, y va a llegar el día que con huelga y movilización los vamos a frenar», concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Cabe recordar que el proyecto deberá volver al Senado para que sean ratificadas las modificaciones que se hicieron al texto que salió de la Cámara baja. En este contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció un paro de 36 horas con movilización para el día que la iniciativa retome a la Cámara Alta.