Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación protagonizó una sesión especial que quedará en los libros políticos como un hito: rechazó con amplia mayoría los vetos presidenciales firmados por Javier Milei a dos leyes de alta sensibilidad social: la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica —que incluye fondos para el Hospital Garrahan— y la Ley de Financiamiento Universitario, esencial para docentes, no docentes y universidades nacionales.
Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación protagonizó una sesión especial que quedará en los libros políticos como un hito: rechazó con amplia mayoría los vetos presidenciales firmados por Javier Milei a dos leyes de alta sensibilidad social: la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica —que incluye fondos para el Hospital Garrahan— y la Ley de Financiamiento Universitario, esencial para docentes, no docentes y universidades nacionales.
La votación fue categórica. En el caso de la Emergencia Pediátrica se registraron 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención; mientras que la ley de Financiamiento Universitario logró 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.
Al superar el umbral de los dos tercios requerido por la Constitución para insistir ante un veto presidencial, los proyectos quedan ahora en manos del Senado, donde se espera que también sean refrendados.
El oficialismo, a pesar de haber realizado gestiones para acercarse a gobernadores y conseguir apoyos clave, no logró quebrar la resistencia de la oposición ni revertir la movilización social que precedía la sesión.
Afuera del Congreso, la movilización fue histórica. Estudiantes, docentes, no docentes universitarios, trabajadores del Hospital Garrahan, jubilados, partidos de oposición y organizaciones sociales confluyeron bajo la consigna: “Nuestro futuro no se veta”.
Las inmediaciones del Congreso se colmaron horas antes de la sesión. Caravanas, cantos, pancartas, y discursos frente al vallado que custodiaba el edificio. Para muchos manifestantes era una jornada de esperanza, para otros la constatación de que la sociedad puede frenar decisiones presidenciales que toquen derechos esenciales.
Los trabajadores del Hospital Garrahan, especialmente los profesionales técnicos y médicos agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y los estatales, celebraron con cautela, apuntando que lo importante será que lo aprobado no quede en papel, sino que se implemente con celeridad.
Desde el sector universitario hubo también expresiones de alivio y triunfo. Decanos, docentes y no docentes advirtieron que, si bien el rechazo del veto es una victoria política, la crisis presupuestaria acumulada exige medidas urgentes: recomposiciones salariales, respaldo institucional, garantía de funcionamiento de las universidades.
El arco político no kirchnerista también se vio implicado: algunos diputados que hasta hace poco acompañaban al oficialismo se pasaron o se abstuvieron, reflejo de la presión social y del desgaste institucional del gobierno.
El presidente de la Cámara baja y la oposición celebraron la jornada como “restauradora de derechos” y como una demostración de que los mecanismos institucionales pueden funcionar frente a decisiones controversiales del Ejecutivo.
En redes sociales —especialmente en X (antes Twitter)— hubo un aluvión de comentarios. Desde mensajes de festejo por el rechazo a los vetos hasta críticas al gobierno por su política de ajuste y de confrontación con los sectores educativos y sanitarios.
Una de las publicaciones más compartidas fue la de Cristina Fernández de Kirchner, que sostuvo que “el pueblo no cambia de ideas…”, frase que se viralizó entre quienes vieron en esta sesión una reafirmación de derechos sociales consagrados.
Desde la CGT, las dos CTA, gremios universitarios y colectivos sociales, todas estas organizaciones se pronunciaron alertando que el difícil escenario económico exige no solo leyes sancionadas, sino ejecución concreta: que los fondos no queden trabados, que las universidades retomaran actividades normales sin carencias, que el Hospital Garrahan recupere su planta profesional y salariales dignos para su personal.
En el Hospital Garrahan se habló de lucha sostenida. Delegadas y delegados remarcaron que el rechazo al veto no termina el conflicto, que ya existen compromisos parciales pendientes, reclamos de personal, salarios, condiciones laborales, infraestructura, insumos.
Familiares de niños y niñas que concurren al Garrahan también estuvieron en la movilización, manifestándose con emoción: para muchos, la aprobación de la ley implica esperanza frente a enfermedades que requieren tratamientos urgentes y que no pueden esperar.
El gobierno respondió con cautela, reconociendo la derrota parlamentaria, pero advirtiendo que intentará “administrar los tiempos presupuestarios” para que la implementación no genere desequilibrios fiscales. Algunos ministros dieron señales de que estudiarán la modalidad de ejecución de los fondos.
En el Senado, según fuentes parlamentarias, ya existe consenso entre los bloques de oposición de insistir afirmativamente sobre ambas leyes, aunque no se descarta que el oficialismo intente introducir reservas o condicionamientos en el trámite.
Para las universidades nacionales, esta victoria abre (al menos momentáneamente) el respiro necesario para organizar el cierre del año académico, enfrentar la crisis salarial, revisar los presupuestos desactualizados y planear el próximo año con algo más de previsibilidad.
El sector docente hizo hincapié en la necesidad de que haya plazos concretos para el envío de recursos, para que las transferencias sean transparentes, y para resolver demoras administrativas que ya afectaban funcionamiento cotidiano: compras, personal, proyectos de investigación.
En redes, algunas voces del oficialismo intentaron minimizar la derrota, señalando que la ley aprobada podría ser objeto de “interpretaciones técnicas” o demorar su reglamentación. No obstante, esas estrategias ya fueron anticipadas por la oposición como parte del estado natural de una presidencia tensionada.
Los sindicatos, además de solidarizarse con trabajadores sanitarios y universitarios, hicieron un llamado a mantener la presión: nuevas movilizaciones, posibles paros locales, seguimiento de ejecución presupuestaria, y ofensiva contra futuros vetos o recortes.
La jornada fue calificada por un amplio espectro político y social como “histórica para el pueblo argentino”, tanto por el resultado institucional como por la movilización que acompañó, por las expectativas que abre y por el mensaje político: que decisiones presidenciales no pueden obviar el clamor social cuando tocan derechos básicos.
Muchos analistas coinciden en que esta sesión especial marca un quiebre: no sólo por el contenido de lo rechazado, sino porque evidencia el declive del poder de veto ejecutivo frente a instituciones intermedias, partidos, sindicatos y movimientos sociales que se organizan.
Finalmente, fuentes oficiales del Congreso confirmaron que los proyectos ya sancionados por Diputados serán girados al Senado durante la próxima semana, y que se espera que la sesión correspondiente allí sea convocada con urgencia, para evitar retrasos perjudiciales sobre los sectores beneficiados.
La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento efectivo: que los fondos presupuestarios sean liberados, que los hospitales pediátricos recuperen su operatividad plena, que las universidades nacionales puedan cerrar el año con normalidad, y que este tipo de victorias no queden en gestos sino que transformen realidades para millones de argentinas y argentinos.
DIPUTADOS INSISTIÓ CON LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA EN SALUD PEDIÁTRICA Y FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
También aprobó la creación de una Comisión Investigadora sobre los casos de fentanilo adulterado.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación insistió con los proyectos de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y financiamiento de la educación universitaria, luego de haber sido vetados por el Poder Ejecutivo. Ambos proyectos serán girados al Senado para su debate.
En primer término, el pleno de la Cámara de Diputados insistió con la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención.
El diputado Carlos D´ Alessandro, del bloque Coherencia, afirmó que “votar en contra del Hospital Garrahan es romper el equilibrio moral”.
Por su parte, el diputado Facundo Manes (Democracia para Siempre) señaló que “en estos momentos de angustia para la sociedad, queremos pedir que volvamos al sentido común, porque esta polarización nos lleva a más decadencia y sufrimiento de nuestro pueblo”.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, remarcó que “si este Congreso no hubiese tenido la sensibilidad y la responsabilidad para abordar estas demandas sociales, indudablemente iba a entrar en un proceso de crisis un estandarte de la salud pública”.
En contrapartida, el diputado Lisandro Almirón (LLA), manifestó que “la Argentina grande tiene que ir acompañada de reformas estructurales, que no se agotan en parches ni medidas circunstanciales”.
Asimismo, la diputada Paula Omodeo (CREO) dijo que “no son cuestiones teóricas, significa no gastar más de lo que tenemos, pagar las cuentas, dar estabilidad, generar certezas, esto genera crecimiento: no hay posibilidad de crecimiento sin equilibrio fiscal”.
Por otra parte, por 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones, los legisladores ratificaron el proyecto de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente.
Desde el bloque Producción y Trabajo, la diputada Nancy Picón Martínez dijo que “vamos a votar en contra del veto, porque entendemos la importancia de la universidad y desde San Juan trabajamos mucho por la educación”.
En representación del bloque de la UCR, la diputada Roxana Reyes dijo que “estamos a favor del equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal no compite con la educación; al contrario: refuerza la productividad y la base tributaria”.
La diputada Juliana Santillán fue la encargada de cerrar el debate en nombre del bloque La Libertad Avanza. “¿Qué hay realmente detrás de esta ley? Es un proyecto demagógico, teñido de especulación política que intenta disfrazar de defensa de la educación lo que en realidad es la defensa de sus privilegios y de sus cajas de financiamiento partidario por supuesto”, sostuvo.
En otro tramo de la sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen consensuado entre diversos bloques con el objetivo de crear una Comisión Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado.
La diputada Silvana Giudici (PRO) recordó que "hace muchos meses vengo planteando la necesidad de trabajar con madurez y firmeza para darle respuesta a los cientos de familias que hoy lloran víctimas, por haber sido tratadas con fentanilo adulterado".
En igual sentido se expresó la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria): “Quiero celebrar que por primera vez estamos constituyendo a esta Cámara en comisión para poder una respuesta en el tiempo que se merecía todas y cada una de las víctimas del fentanilo”.
En nombre de la bancada oficialista, el diputado Nicolas Mayoraz (LLA) felicitó a los autores de los proyectos “por el trabajo realizado y por haber acordado este dictamen conjunto”. “Es una señal muy importante que le damos a la sociedad y debemos hacer el esfuerzo y mantener esa señal: lo que más nos importa es la gente”, señaló.
La sesión especial comenzó a las 13 con quórum de 132 diputados presentes. Al inicio de la sesión especial, juró el diputado Juan Carlos Facundo Prades, quien reemplazó a Sergio Acevedo, del bloque Por Santa Cruz, que presentó la renuncia a su banca debido a su postulación para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, en el proceso de ampliación de la Corte santacruceña.