La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de base que la integran expresaron su rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para modificar las normativas laborales, al considerar que implica una regresión en derechos conquistados históricamente. En su declaración, advirtieron que la iniciativa profundiza lineamientos ya aplicados parcialmente a través de la Ley Bases y que tendría un impacto negativo tanto en trabajadores registrados como no registrados, incluidos quienes ya ejercen la actividad periodística y quienes se incorporen en el futuro.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de base que la integran expresaron su rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para modificar las normativas laborales, al considerar que implica una regresión en derechos conquistados históricamente. En su declaración, advirtieron que la iniciativa profundiza lineamientos ya aplicados parcialmente a través de la Ley Bases y que tendría un impacto negativo tanto en trabajadores registrados como no registrados, incluidos quienes ya ejercen la actividad periodística y quienes se incorporen en el futuro.
En particular, señalaron que el proyecto propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, normas vigentes desde hace ocho décadas que garantizan estabilidad laboral y herramientas de defensa frente a situaciones de fraude o precarización. Además, alertaron sobre la eliminación de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sostienen a medios públicos y comunitarios, lo que —según indicaron— beneficiaría a grandes empresas de medios al reducir sus cargas impositivas y, al mismo tiempo, quitar derechos a sus trabajadores. Frente a este escenario, las organizaciones sindicales anunciaron que fortalecerán las acciones gremiales y legales para defender los derechos laborales y convocaron a la participación del sector para frenar la iniciativa.
Un ataque a quienes trabajamos y al periodismo: la contrarreforma laboral busca borrar un siglo de derechos
Declaración de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de base que la integran frente al proyecto de ley para modificar las normativas laborales y eliminar derechos como el Estatuto del Periodista.
Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta “modernización laboral”. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida. Esto no solo impactará en los trabajadores y trabajadoras nuevos que ingresen en la actividad sino también a quienes ya ejercen el oficio.
Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.
Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.
Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.
Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.
Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral.