El presidente Javier Milei rubricó en las últimas horas su rechazo presidencial al reciente paquete de leyes impulsado por el Congreso que buscaba reforzar el financiamiento de las universidades públicas y declarar la emergencia sanitaria pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambos vetos fueron publicados en el Boletín Oficial como decretos presidenciales, generando inmediatas reacciones en la comunidad académica, médica y política.
El presidente Javier Milei rubricó en las últimas horas su rechazo presidencial al reciente paquete de leyes impulsado por el Congreso que buscaba reforzar el financiamiento de las universidades públicas y declarar la emergencia sanitaria pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambos vetos fueron publicados en el Boletín Oficial como decretos presidenciales, generando inmediatas reacciones en la comunidad académica, médica y política.
La Ley de Financiamiento Universitario (Proyecto de Ley Nº 27.795), aprobada en Congreso el 21 de agosto, proponía actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios e investigación, reabrir paritarias para el sector docente y no docente, incrementar las becas y mejorar condiciones de infraestructura. Milei objetó que el proyecto adolecía de “financiamiento genuino”, calificó de “genérica” la propuesta de reasignación de partidas y sostuvo que implicaría un gasto público excesivo que podría afectar el “equilibrio fiscal”.
En paralelo, fue vetada también la Ley de Emergencia Sanitaria en la Salud Pediátrica (N° 27.796), una iniciativa que contemplaba fondos especiales para el Hospital Garrahan, recomposición salarial del personal pediátrico, provisión prioritaria de insumos críticos y la derogación de la resolución que modificaba el régimen de residencias médicas, entre otros puntos. Según la Casa Rosada, ese proyecto también presenta fallas en cuanto al financiamiento claro, ambigüedad en la redacción que podría permitir arbitrariedades, distorsiones salariales, y riesgos para la estabilidad presupuestaria nacional y provincial.
El decreto que veta la emergencia pediátrica es el N° 651/2025, mientras que el financiamiento universitario fue vetado mediante el Decreto N° 647/2025. Ambos ya han sido remitidos al Congreso, donde se debatirá si se insisten —es decir, si se rechaza el veto presidencial— bajo el marco constitucional que exige ciertas mayorías especiales.
Las reacciones no se hicieron esperar: rectores, sindicatos universitarios, estudiantes y personal de salud denunciaron que los vetos atentan contra el derecho a la educación pública de calidad y contra la protección de servicios esenciales como el Garrahan. Movilizaciones, marchas federales y paros ya están siendo convocados. En redes sociales, en la red social X, legisladores opositores responsabilizan al Ejecutivo de “recortar el futuro” y advierten que el Parlamento debe resistir.
El Gobierno justifica su decisión dentro de una política de austeridad centrada en evitar “incrementos desmedidos” del gasto público, mantener superávit fiscal, y resguardar la macroeconomía del país. Pero desde la oposición se plantea que, con estos vetos, se achica el rol del Estado en servicios esenciales, afectados ya por inflación, deterioro salarial y costos operativos crecientes.
Por ahora, el futuro del financiamiento universitario y de la emergencia pediátrica en el Garrahan depende de si el Congreso logra reunir los votos necesarios para rechazar los vetos presidenciales, lo que abriría una nueva etapa de confrontación política, con fuerte protagonismo social y mediático.
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