El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei, introduce una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional que debilita los controles democráticos, amplía el secreto estatal y otorga nuevas facultades que considera inconstitucionales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei, introduce una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional que debilita los controles democráticos, amplía el secreto estatal y otorga nuevas facultades que considera inconstitucionales.
Según el organismo, el decreto fue dictado sin un contexto de urgencia que lo justifique y en pleno receso del Congreso, lo que impidió el debate legislativo. Aunque el Gobierno presentó la medida como una reorganización administrativa, el CELS sostuvo que se trata de una transformación estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado.
De acuerdo con el análisis, la norma otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades propias de una policía secreta, incluyendo la posibilidad de detener personas y un marco legal para desarrollar tareas de vigilancia masiva sobre la ciudadanía bajo estrictas condiciones de secreto.
El CELS consideró que la reforma es inconstitucional y peligrosa, ya que refuerza la opacidad, amplía la discrecionalidad del Ejecutivo y debilita los límites legales y los mecanismos de control sobre las agencias de inteligencia.
La organización recordó que en los últimos dos años el Gobierno reformó por decreto el sistema de inteligencia y las leyes orgánicas de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad, pese a que la Constitución prohíbe ese tipo de modificaciones sin intervención del Congreso.
En ese sentido, advirtió que el nuevo DNU profundiza una tendencia que amplía el poder del Ejecutivo y habilita la vigilancia política de sectores que ya habían sido señalados como “enemigos internos” en documentos oficiales filtrados, como periodistas, comunidades indígenas y organizaciones sociales.
Más secreto, más arbitrariedad y menos transparencia
Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Inteligencia Nacional que establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, en razón de su supuesta sensibilidad estratégica.
Para el CELS, este nivel de secretismo convierte al ocultamiento en una regla legal explícita y deja formalmente fuera del escrutinio público y judicial el accionar del sistema de inteligencia.
El decreto habilita la preservación irrestricta de métodos y fuentes, sin límites claros, un mecanismo que, según recordó el organismo, en el pasado facilitó el uso indebido de fondos reservados y operaciones ilegales.
Desde una perspectiva democrática, el CELS sostuvo que la transparencia y la publicidad son condiciones necesarias para garantizar el control interno y externo de los servicios de inteligencia, algo que este DNU debilita de manera significativa.
En busca de un enemigo interno
El decreto amplía el concepto de contrainteligencia hasta incluir la prevención de acciones de infiltración, influencia o interferencia de actores externos e internos, tanto estatales como no estatales, bajo definiciones amplias e imprecisas.
Además, introduce las denominadas “medidas de seguridad de contrainteligencia”, que deberán ser aplicadas en todo el sector público nacional, lo que convierte a la administración pública en parte activa de una estrategia dirigida por la SIDE.
El CELS alertó que esta modificación vacía de contenido las prohibiciones históricas destinadas a impedir la inteligencia política, ya que habilita prácticas antes vedadas bajo el paraguas de la contrainteligencia.
En ese marco, el organismo consideró que el decreto busca dar apariencia de legalidad a prácticas de espionaje político incompatibles con el sistema democrático y los estándares constitucionales.
La SIDE, policía secreta
Otro aspecto cuestionado es la habilitación expresa para que el personal de inteligencia pueda detener personas, una facultad que el CELS consideró una violación grave al régimen constitucional.
El decreto permite a la SIDE proceder a detenciones en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o supuestos delitos en flagrancia, sin precisar límites claros ni exigir orden judicial previa.
Para el organismo, el Poder Ejecutivo no puede otorgar por decreto facultades compulsivas de este tipo, y mucho menos a una agencia de inteligencia, ya que ello vulnera principios básicos del Estado de derecho.
Las Fuerzas Armadas autónomas y en tareas de inteligencia interior
El DNU también faculta a la SIDE a requerir asistencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, sometiendo a ese personal al mismo régimen de secreto que rige para los agentes de inteligencia.
Además, habilita a la inteligencia militar a producir información sobre “organizaciones no estatales de interés” en tiempos de paz, sin definir con precisión el alcance de ese concepto.
El CELS advirtió que estas disposiciones implican un retroceso respecto de los consensos democráticos que separan la defensa nacional de la seguridad interior y garantizan la conducción civil de las Fuerzas Armadas.
Vigilancia masiva e información personal en peligro
El manejo de los datos personales de la ciudadanía es otro de los ejes críticos señalados por el organismo. El decreto obliga a todas las dependencias del Estado a entregar información a la SIDE sin controles democráticos ni autorización judicial previa.
La creación de la Comunidad Informativa Nacional amplía los canales de circulación de datos desde organismos civiles hacia el sistema de inteligencia, sin límites claros sobre el tipo de información, su almacenamiento o los mecanismos de control.
El CELS advirtió que la SIDE podrá acopiar información de cualquier persona que obre en registros estatales, lo que habilita esquemas de vigilancia masiva.
A ello se suma la posibilidad de compartir información obtenida sin controles con agencias de inteligencia extranjeras, bajo secreto absoluto y sin intervención judicial.
Centralización política, operativa y presupuestaria en la SIDE
El decreto también concentra en la SIDE la conducción política, operativa y presupuestaria de todo el sistema de inteligencia, subordinando a la inteligencia criminal y militar.
Según el CELS, esta centralización transforma a la SIDE en un superorganismo con acceso a información de todos los niveles del Estado y control sobre presupuestos y gastos reservados.
Finalmente, la organización recordó que desde diciembre de 2023 el Gobierno avanzó por decreto en reformas sucesivas del sistema de inteligencia sin control legislativo ni judicial efectivo, y alertó que el nuevo DNU profundiza ese proceso.
Ante este escenario, el CELS reclamó la urgente intervención del Congreso, la activación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y el rechazo del decreto por considerarlo incompatible con la Constitución y con un sistema democrático de garantías y derechos.