El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que apunta a generar un alivio fiscal para los contribuyentes de San Carlos de Bariloche. La iniciativa propone prohibir el cobro de honorarios profesionales a los abogados que representen al Municipio en causas judiciales, extrajudiciales o administrativas.
El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que apunta a generar un alivio fiscal para los contribuyentes de San Carlos de Bariloche. La iniciativa propone prohibir el cobro de honorarios profesionales a los abogados que representen al Municipio en causas judiciales, extrajudiciales o administrativas.
Según el proyecto, la medida alcanzaría a los profesionales letrados que actúan bajo cualquier modalidad contractual, así como a los funcionarios municipales que intervienen en la defensa del Estado local o en el cobro de deudas fiscales. La propuesta se fundamenta en que estos profesionales ya perciben una remuneración mediante contratos, designaciones políticas o sueldos abonados por la Municipalidad.
Costa Brutten explicó que la intención es evitar sobrecostos adicionales para los vecinos que buscan regularizar sus obligaciones fiscales. “La aplicación de honorarios puede llegar a incrementar hasta en un 20 por ciento las deudas originales, lo que genera una carga excesiva y en muchos casos impagable”, argumentó el edil.
Entre los antecedentes mencionados en el proyecto se encuentran la Constitución Provincial, la Ley N.º 5558 que prohíbe honorarios al Fiscal de Estado, la Ley Provincial de aranceles y honorarios (N.º 2212), así como la Carta Orgánica Municipal y distintas ordenanzas y acuerdos previos que regulan la materia.
El texto establece que el incumplimiento de la prohibición será considerado una falta grave, sin perjuicio de las acciones administrativas, disciplinarias o judiciales que correspondan. A su vez, se exceptúan los casos en que los abogados actúen en actividades privadas ajenas a la representación del Municipio, siempre que no exista conflicto de intereses ni se utilicen recursos públicos.
Para Costa Brutten, la medida promueve la transparencia en la gestión pública y alienta a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones al reducir costos. “Este proyecto busca fortalecer la ética en el ejercicio de la función pública y avanzar hacia una política fiscal más justa y equitativa”, señaló.
El proyecto ya fue ingresado al Concejo y será analizado en las próximas instancias legislativas.