La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADEHS) presentó ante el Tribunal de Contralor un pedido de inicio de sumario administrativo y juicio de responsabilidad contra Claudio Otano, Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano durante la gestión de Gustavo Gennuso. La denuncia apunta a su intervención en la aprobación del proyecto Cerro Lindo, ubicado en la ladera norte del cerro Otto, a la altura del kilómetro 1 de Pioneros.
La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADEHS) presentó ante el Tribunal de Contralor un pedido de inicio de sumario administrativo y juicio de responsabilidad contra Claudio Otano, por su desempeño como Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de la gestión de Gustavo Gennuso. La denuncia apunta a su intervención en la aprobación del proyecto Cerro Lindo, ubicado en la ladera norte del cerro Otto, a la altura del kilómetro 1 de Pioneros.
Según la ONG, la disposición firmada por Otano dejó sin efecto dictámenes técnicos de Planeamiento y Ambiente que habían rechazado la iniciativa. Entre los cuestionamientos se señalan la falta de dictamen jurídico, el incumplimiento de la Carta Orgánica Municipal respecto a la subdivisión de suelo, la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la violación de la normativa de protección de bosques nativos, ya que el emprendimiento se emplaza sobre un área inventariada como cipresal.
FADEHS advirtió que “hay algo muy oscuro en la tramitación” y sostuvo que Otano aprobó disposiciones de manera irregular antes del cierre de la gestión municipal, comparándolo con otros casos polémicos como el proyecto CAUMA. La organización recordó que viene trabajando junto a otras entidades, como Árbol de Pie, en acciones judiciales vinculadas al ordenamiento de bosques nativos y no descarta iniciar una demanda por daños ambientales contra el desarrollador, la Municipalidad y el exfuncionario.
Este pedido se fundamenta en al menos 4 elementos:
1. falta de dictamen jurídico en la Disposición que firmó Otano para dejar sin efecto los dictámenes técnicos de Planeamiento y Ambiente que declararon no admisible al proyecto.
2. incumplimiento de la Disposición 22 de la Carta Orgánica Municipal que suspende la subdivisión de suelo en el oeste de la ciudad, cláusula levantada sólo para la Delegación Lago Moreno, pero no así para la Delegación Cerro Otto
3. incumplimiento de la normativa ambiental, por la inexistencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en un proyecto inmobiliario que por su escala (más de 25 hectáreas) y su inserción en un área ambientalmente frágil, con pendientes, presencia de bosque nativo, suelo hidromórfico, etc. hacían ineludible este procedimiento antes de avanzar en el otorgamiento de parámetro, indicadores urbanísticos y licencias de construir.
4. incumplimiento de la normativa de protección de bosques nativos, dado que se emplaza en un área inventariada por el CIEFAP como bosque nativo de ciprés.
“Llama la atención la temeridad del Sr. Otano, que recordemos que ni siquiera ostenta título profesional en la materia, para dejar sin efecto dictámenes técnicos por una simple disposición, que ni siquiera se publica en el Boletín Oficial. Hay algo muy oscuro en la tramitación de ese proyecto y necesitamos que el Tribunal de Contralor eche luz al proceso y deslinde responsabilidades”, afirmaron desde la ONG. “El proyecto se terminó de aprobar justo antes del fin de la gestión de Gennuso, al igual que otros proyectos polémicos como CAUMA. Otano fue una máquina de sacar disposiciones, cuando las disposiciones simplemente se ocupan de cuestiones de administración interna de las áreas”.
Esta presentación se enmarca en un trabajo integral que viene realizando FADEHS, junto a otras ONG como Árbol de Pie, que presentaron y ganaron un mandamus por la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y una demanda que plantea la nulidad de la Ordenanza 3483-CM-24 que aprobó el proyecto PHE Nuevo Bariloche, en la ladera sur del Cerro Otto. “Estamos evaluando en este caso una demanda por daños contra el desarrollador, la Municipalidad y contra el funcionario en persona. Este tipo de daños ambientales no pueden quedar impunes”, señalaron.