La Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, presentó una acción de amparo y pidió una medida cautelar para suspender de forma inmediata el aumento del boleto del transporte urbano, al denunciar que la suba fue autorizada de manera irregular y en abierta violación de la normativa vigente. Según sostuvo, el Ejecutivo municipal avanzó con el incremento tarifario sin garantizar una Audiencia Pública válida, obligatoria para este tipo de decisiones, lo que vicia de nulidad la resolución que habilitó el nuevo cuadro tarifario.
La Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, presentó una acción de amparo y pidió una medida cautelar para suspender de forma inmediata el aumento del boleto del transporte urbano, al denunciar que la suba fue autorizada de manera irregular y en abierta violación de la normativa vigente. Según sostuvo, el Ejecutivo municipal avanzó con el incremento tarifario sin garantizar una Audiencia Pública válida, obligatoria para este tipo de decisiones, lo que vicia de nulidad la resolución que habilitó el nuevo cuadro tarifario.
Desde la Defensoría advirtieron que la Audiencia Pública presentó graves irregularidades, entre ellas el incumplimiento de los pasos mínimos exigidos por ordenanza, la falta de transmisión en vivo y de acceso público a la grabación, la ausencia de instancias formales para la participación ciudadana y la omisión de respuestas a pedidos de informes. La presentación judicial reclama la suspensión de los nuevos valores, la nulidad del aumento y la convocatoria a una nueva Audiencia Pública, al remarcar que la medida impacta directamente en el bolsillo de miles de usuarios y afecta el acceso al trabajo, la educación y la salud.
La Defensoría del Pueblo rechazó el aumento del boleto y pidió la nulidad en la Justicia
La Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, presentó una acción de amparo y solicitó a la Justicia una medida cautelar para frenar el aumento del boleto, al considerar que la suba fue dispuesta de manera irregular y violando el procedimiento legal obligatorio, al no haberse garantizado una Audiencia Pública válida y conforme a la normativa vigente.
Minuth tomó la decisión de recurrir a la justicia como última instancia luego de agotadas las vías administrativas y ante la falta de diálogo. Desde el organismo señalaron que la Municipalidad avanzó con el incremento tarifario sin respetar una instancia esencial de participación ciudadana, lo que vicia de nulidad la resolución que autorizó el aumento.
En paralelo a la acción judicial, la Defensoría presentó prontos despachos ante el Ejecutivo Municipal y la Secretaría Legal y Técnica, exigiendo información clave sobre el aumento, el dictamen legal que lo respalda y la forma de implementación de la medida.
Asimismo, la Defensoría interpuso un Recurso de Revocatoria contra la decisión del Ejecutivo de no anular la Audiencia Pública.
En ese recurso, el organismo volvió a señalar irregularidades en la Audiencia Pública, entre ellas:
- Falta de cumplimiento de los pasos mínimos exigidos por la ordenanza.
- Ausencia de transmisión en vivo y falta de acceso público a la grabación.
- Omisión de instancias formales para preguntas del público.
- Falta de respuesta a pedidos de informes realizados por la Defensoría.
Estas irregularidades, según se indicó, afectan el derecho de acceso a la información pública y el derecho de participación ciudadana en decisiones que impactan directamente sobre un servicio público esencial.
“La ley es clara: no se puede modificar la tarifa de un servicio público esencial sin una Audiencia Pública válida. No es una formalidad: es una garantía para que la comunidad pueda informarse, opinar y participar”, remarcaron desde la Defensoría.
La presentación judicial solicita:
- Que se suspendan de inmediato los nuevos valores del boleto.
- Que se declare la nulidad de la resolución que autorizó el aumento.
- Que se convoque a una nueva Audiencia Pública Obligatoria, con información clara, acceso público y participación real de la comunidad.
Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que, además del vicio legal, el aumento impacta de manera directa en el bolsillo de miles de vecinas y vecinos, profundizando las dificultades para acceder al trabajo, la educación y la salud.
“El problema no es solo el aumento: es que se decidió de espaldas a la comunidad y por fuera de la ley. Vamos a defender el derecho a participar y el derecho a un transporte accesible”, afirmaron.
Ver presentación remitida al Juzgado OFIC TRAMITACIÓN INTEGRAL CIVIL Y CONTENCIOSO ADM 3RA CJ. completa acá: 2026.02.02 – MINUTH MARIANA C. DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MSCB.docx
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