El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear el Plan Municipal de Ahorro Previo para Vivienda "Mi Primera Casa – Bariloche", una iniciativa destinada a facilitar la construcción de viviendas familiares sobre lotes sociales adjudicados por el Municipio mediante un sistema de ahorro previo con participación estatal.
El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear el Plan Municipal de Ahorro Previo para Vivienda "Mi Primera Casa – Bariloche", una iniciativa destinada a facilitar la construcción de viviendas familiares sobre lotes sociales adjudicados por el Municipio mediante un sistema de ahorro previo con participación estatal.
La propuesta apunta a vecinos que ya hayan obtenido un lote social municipal y necesiten financiamiento para construir su primera vivienda. El proyecto establece un esquema de ahorro administrado por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), acompañado por aportes municipales y mecanismos de control orientados a garantizar la transparencia en la administración de los recursos.
De acuerdo con la propuesta de la iniciativa, los interesados podrán inscribirse en círculos de ahorro integrados por hasta 200 familias. Cada participante realizará un aporte mensual destinado a la construcción de su vivienda y, según el texto presentado, el Municipio duplicará ese ahorro mediante un aporte equivalente al 100% de lo abonado por cada suscriptor en concepto de plan habitacional municipal.
El proyecto prevé que las viviendas sean adjudicadas mediante sorteos públicos o licitaciones, mientras que la totalidad de los fondos será administrada a través de un fideicomiso público municipal. Asimismo, se establece la participación de la Defensoría del Pueblo como organismo veedor y la incorporación de mecanismos de control ciudadano sobre el funcionamiento del sistema.
Entre las garantías previstas para los participantes, la iniciativa contempla "cero pagos anticipados sin obra ejecutada", una plataforma digital para consultar en tiempo real el estado de la cuenta individual y el avance de las obras, además del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para resguardar los derechos de los suscriptores del plan.
El proyecto también propone la creación de un Consejo de Administración integrado por representantes de los vecinos, colegios profesionales y organizaciones sociales, con el objetivo de supervisar el desarrollo del programa. Además, incorpora una cláusula de inalienabilidad por diez años para impedir la reventa de las viviendas y evitar procesos especulativos.
En materia de financiamiento, la iniciativa establece que el Municipio destine anualmente un mínimo del 2% de su presupuesto al programa. Ese porcentaje tendría carácter intangible, por lo que, de aprobarse la ordenanza, esos recursos no podrían ser utilizados para otros fines distintos al financiamiento del plan habitacional.
Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que el acceso a una vivienda digna constituye un derecho reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Constitución de Río Negro y diversos tratados internacionales. En ese sentido, se plantea que corresponde al Estado desarrollar políticas públicas permanentes para facilitar el acceso efectivo al hábitat.
El texto también describe el contexto habitacional de San Carlos de Bariloche, señalando que la ciudad enfrenta desde hace décadas un importante déficit habitacional producto del crecimiento demográfico, el elevado valor del suelo urbano, la presión del mercado inmobiliario asociado al turismo, la limitada oferta de financiamiento y la insuficiencia de programas públicos para atender la demanda existente.
Asimismo, el proyecto sostiene que numerosas familias, pese a contar con ingresos para afrontar una cuota mensual, no pueden acceder al sistema financiero tradicional debido a las exigencias requeridas para obtener créditos hipotecarios. A ello se suma la situación de adjudicatarios de lotes sociales que poseen el terreno, pero carecen de recursos para iniciar o finalizar la construcción de sus viviendas.
En los fundamentos también se afirma que esta situación provoca que numerosos terrenos municipales adjudicados permanezcan durante años sin consolidación urbana, retrasando el objetivo social con el que fueron otorgados. Frente a ese escenario, la iniciativa propone implementar un mecanismo permanente que permita transformar el ahorro de los vecinos en soluciones habitacionales concretas.
El proyecto destaca que el fideicomiso constituye una herramienta jurídica prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación que permite resguardar los fondos aportados por los participantes, garantizar su utilización exclusiva para el objeto previsto y brindar seguridad jurídica tanto a los beneficiarios como a la administración pública.
La propuesta asigna un rol central al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, organismo que tendría a su cargo funciones fiduciarias, tareas de supervisión técnica, acompañamiento profesional y aportes económicos destinados a fortalecer el funcionamiento del sistema de ahorro previo.
Además, la iniciativa incorpora un conjunto de herramientas orientadas al control y la transparencia, entre ellas sorteos públicos, licitaciones, certificaciones técnicas obligatorias del avance de las obras, bancarización de todas las operaciones, auditorías externas, publicación permanente de la información y participación de organismos de control.
El texto establece también que el programa estará destinado exclusivamente a la construcción de viviendas sobre lotes sociales de dominio municipal previamente adjudicados, con el propósito de consolidar barrios planificados, optimizar el uso de la tierra pública y desalentar procesos de especulación inmobiliaria incompatibles con la finalidad social de la propuesta.
Finalmente, el proyecto sostiene que el Plan Municipal de Ahorro Previo para Vivienda "Mi Primera Casa – Bariloche" busca convertirse en una política pública de largo plazo destinada a ampliar el acceso a la vivienda, fortalecer el arraigo de las familias, promover el desarrollo urbano planificado y generar empleo local mediante la construcción de viviendas, sobre la base de principios de "solidaridad, transparencia, participación ciudadana y responsabilidad en la administración de los recursos públicos".