En medio de un intenso debate político y con fuertes cuestionamientos de sectores ambientales y de la oposición, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una normativa considerada clave para la preservación de las reservas estratégicas de agua dulce del país. La decisión parlamentaria reavivó la discusión sobre el equilibrio entre explotación de recursos naturales y protección ambiental en Argentina.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado de la Nación Argentina, fue tratado en una sesión especial marcada por discursos encendidos y posiciones contrapuestas. La iniciativa fue finalmente aprobada con 137 votos afirmativos, 96 negativos y 7 abstenciones, un resultado que evidenció la fuerte división política en torno a una de las leyes ambientales más relevantes del país.
Según se informó oficialmente, “en una sesión especial, la Cámara de Diputados debatió la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una legislación que desde su sanción en 2010 establecía límites estrictos a actividades industriales en zonas cercanas a glaciares.
La iniciativa legislativa había llegado al recinto tras atravesar distintas instancias parlamentarias. Desde el Congreso se recordó que “la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales”, lo que habilitó su debate definitivo en la Cámara baja.
Durante su tratamiento previo, el proyecto también fue sometido a instancias de participación pública. En ese contexto, se indicó que “también fue arduamente debatida en audiencias públicas, con la participación de organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país”, aunque numerosos sectores cuestionaron posteriormente que sus planteos no fueron incorporados al texto final.
Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma apunta a corregir ambigüedades de la legislación vigente y brindar mayor seguridad jurídica a las actividades productivas en regiones cordilleranas. Legisladores que impulsaron el proyecto argumentaron que la normativa anterior generaba interpretaciones excesivamente restrictivas.
En esa línea, señalaron que la modificación permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, particularmente en provincias donde la minería constituye una de las principales actividades productivas. También remarcaron que el nuevo esquema mantendría controles ambientales y evaluaciones técnicas.
Sin embargo, estos argumentos fueron duramente cuestionados por diputados opositores, que consideraron que los cambios introducidos representan un retroceso en materia de protección ambiental. Durante el debate en el recinto, varios legisladores advirtieron que la reforma podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles.
Los críticos del proyecto sostuvieron que la ley original había sido resultado de un largo proceso de discusión científica, política y social. En ese sentido, plantearon que modificar sus principios centrales podría debilitar uno de los marcos legales más importantes de la política ambiental argentina.
Las objeciones no se limitaron al ámbito parlamentario. Numerosas organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas y colectivos científicos manifestaron su rechazo a la reforma y alertaron sobre las posibles consecuencias de flexibilizar la normativa vigente.
Diversos sectores señalaron que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce y cumplen un papel fundamental en el equilibrio hídrico de regiones cordilleranas. Por ese motivo, sostienen que cualquier modificación que reduzca su protección podría tener impactos ambientales de largo plazo.
Entre los aspectos más cuestionados del proyecto se encuentra la redefinición del alcance del ambiente periglacial, una zona que rodea a los glaciares y que cumple funciones clave en la regulación de las cuencas hídricas. Según especialistas, estos territorios actúan como reservorios naturales que contribuyen a la estabilidad de los sistemas de agua.
Para científicos y expertos en recursos hídricos, la preservación de los glaciares resulta estratégica no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico. Millones de personas dependen indirectamente de estas reservas para el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola y la generación de energía.
La legislación sancionada en 2010 había sido diseñada justamente para proteger estos ecosistemas frente al avance de actividades extractivas en zonas de alta montaña. Uno de sus instrumentos centrales fue la creación del Inventario Nacional de Glaciares, destinado a identificar y monitorear estas formaciones.
En el caso argentino, la mayor parte de los glaciares se ubica en la cordillera de los Andes, donde cumplen una función clave en la regulación del ciclo del agua. Diversos estudios científicos han advertido que estas masas de hielo enfrentan un retroceso acelerado debido al cambio climático.
En ese contexto, organizaciones ambientales sostienen que debilitar la protección legal de los glaciares podría agravar los riesgos asociados a la escasez de agua en el futuro. También advierten que la explotación intensiva de recursos en zonas cordilleranas puede generar impactos irreversibles.
Otro de los puntos críticos del debate fue el vínculo entre la reforma legislativa y el desarrollo de proyectos mineros en regiones de alta montaña. Para sectores ambientalistas, la modificación de la ley podría beneficiar principalmente a empresas interesadas en expandir sus operaciones en esas áreas.
Desde el sector minero, en cambio, se sostiene que la reforma permitiría establecer reglas más claras para la inversión y el desarrollo productivo. Representantes de la industria han afirmado que el nuevo marco regulatorio podría generar oportunidades económicas para provincias cordilleranas.
Aun así, los cuestionamientos continúan creciendo en distintos ámbitos de la sociedad civil. Diversas organizaciones han advertido que la aprobación de la reforma podría derivar en conflictos socioambientales en las regiones donde se desarrollen nuevos proyectos extractivos.
Tras su aprobación en Diputados, la nueva normativa deberá completar los pasos administrativos para su promulgación y posterior reglamentación. Ese proceso será clave para determinar el alcance real de las modificaciones introducidas.
Mientras tanto, el debate sobre la protección de los glaciares permanece abierto. Para muchos sectores, la discusión expone una tensión cada vez más visible entre las políticas de desarrollo económico y la necesidad de preservar bienes naturales considerados estratégicos para el futuro del país.
En ese escenario, la reforma de la Ley de Glaciares se perfila como uno de los capítulos más controvertidos de la agenda ambiental argentina reciente, con un impacto que trasciende el ámbito legislativo y se proyecta hacia el conjunto de la sociedad.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE GLACIARES
El proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. También fue arduamente debatida en audiencias públicas, con la participación de organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país.
Como miembro informante, el diputado José Peluc (LLA) hizo hincapié en el carácter “histórico” de las audiencias públicas. “Tratan de desdibujar el concepto de la ley diciendo que no vamos a tener más glaciares ni a cuidarlos, lo cual demuestra que no han leído el proyecto y que tampoco entienden lo que es el sistema del agua”, sostuvo Peluc, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que “las audiencias públicas se desarrollaron de forma impecable: la ley, para su tratamiento, requería de escuchar a la ciudadanía”.
“La ley viene del Senado con una claridad meridiana. El objeto es una modificación que busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”, añadió Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "En el texto que aprobamos el equilibrio se fortalece, aquí está el verdadero federalismo de concertación en acción”, dijo también.
“El presidente Milei tomó un compromiso con la sociedad y con los gobernadores en el Pacto de Mayo: cumple su palabra. Con este proyecto de ley estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, argumentó Mayoraz.
En defensa del dictamen de minoría, la diputada Sabrina Selva (UxP), manifestó que “el debate propuesto respecto a la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno, tan mentiroso como su relato”. “Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, pronosticó.
En representación de Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán advirtió que “no están protegiendo las autonomías provinciales”. “Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”, dijo.
En tanto, el diputado Néstor Pitrola, en nombre de la bancada del Frente de Izquierda, sostuvo: “Venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
