Se cumplen diez años de la histórica primera marcha de Ni Una Menos, cuando miles de personas salieron a las calles en todo el país al grito colectivo contra los femicidios y la violencia machista. Aquella movilización, impulsada por periodistas, escritoras y activistas, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Hoy, una década después, los reclamos siguen vigentes.

El 3 de junio de 2015, un grupo de periodistas y comunicadoras fue clave para articular un llamado urgente frente al horror del femicidio de Chiara Páez, de 14 años, y de muchas otras víctimas que quedaron invisibilizadas en el silencio institucional. Ese día, cientos de miles de voces se unieron para decir basta. Desde entonces, la consigna #NiUnaMenos se consolidó como una de las principales demandas del movimiento feminista en la región, y sigue vigente con mucha fuerza como símbolo de lucha por una vida libre de violencias para mujeres, niñas y personas LGBTI+.

Además de ser un hito histórico para nuestro país, Ni Una Menos se inscribió en una ola regional de lucha por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una referencia ineludible para América Latina e incluso del mundo. Desde Uruguay, Chile, México, Colombia a España, Alemania e Italia, su potencia colectiva y su capacidad de articulación inspiraron movilizaciones similares en estos países, y se enmarcaron también en un contexto global de visibilización de las violencias de género, junto a movimientos como #MeToo.

“Ni Una Menos fue un grito colectivo que rompió el silencio y e hizo visible aquello que durante muchos años fue invisibilizado. Diez años después, su potencia transformadora sigue viva. Se han logrado avances históricos, pero también enfrentamos retrocesos alarmantes. En un contexto de discursos negacionistas y desmantelamiento de políticas públicas, es esa misma fuerza la que necesitamos para defender lo logrado y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y garantice a mujeres y niñas una vida libre de violencia”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

A lo largo de esta década, hubo avances significativos que tuvieron como fin cumplir con las consignas propuestas en aquella histórica primera movilización:

• Se implementó un registro oficial de femicidios a cargo de la Corte Suprema de Justicia;
• Se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.
• Se sancionó la Ley Micaela, de capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal,
• Desde su creación en septiembre del 2013, la Línea 144 para atender, acompañar y asesorar a víctimas de violencia de género, ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año.
• Se creó el Programa Acompañar para promover la autonomía económica de las mujeres en contextos de violencia;
• Se crearon fiscalías especializadas en casi todas las jurisdicciones del país para atender las denuncias y garantizar el acceso a la justicia;
• Se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, garantizando derechos sexuales y reproductivos largamente negados.

Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han desfinanciado y desmantelado muchos de estos programas y políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. Es la primera vez en casi cuarenta años, que la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género. A ello se suma, las reducciones presupuestarias del programa Acompañar y la transformación de la Línea 144 en un servicio genérico para atender a cualquier persona en situación de violencia.

Además, el gobierno actual ha manifestado su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el argumento de que la violencia no tiene género. Esta postura ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de invisibilizar la violencia de género y desproteger a las víctimas.

Estas acciones reflejan un grave retroceso en las políticas de género y en la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, en un contexto donde la violencia machista continúa siendo una problemática urgente.

En Argentina, en 2024 ocurrió un femicidio cada 39 horas, según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y en lo que va del 2025, la sociedad civil reporta 100 femicidios. Aun así, las políticas públicas de prevención se han desfinanciado o incluso eliminado. Recientemente, el ministro de Justicia anunció la eliminación de 13 programas fundamentales, entre ellos, los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres ante casos extremos de violencia y el acceso a derechos para las personas travestis, transexuales y transgénero. Esta decisión profundiza el abandono del Estado frente a quienes más necesitan su presencia y protección. La Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para el Estado, presenta niveles muy dispares de implementación. Y las víctimas siguen enfrentando un sistema de justicia lento, insensible y muchas veces revictimizante.

En el contexto actual, los discursos de odio, los recortes presupuestarios y el desmantelamiento de políticas públicas agravan una situación ya crítica. Retroceder en derechos es exponer aún más a mujeres y disidencias a situaciones de violencia, exclusión y desprotección.

Desde Amnistía Internacional reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBTI+. A 10 años de la primera movilización de #NiUnaMenos, nos sumamos una vez más a las acciones y a la manifestación de este 3 de junio de 2025, en todo el país. Porque el reclamo sigue siendo urgente. Porque no hay democracia posible con violencia machista. Porque queremos a todas vivas, libres y con derechos.