El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la negociación es un fraude” y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.

“Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico”, señaló el dirigente estatal.

“La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos”, agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.

En este marco, Aguiar concluyó: “La pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores”.

A partir del estudio realizado por los trabajadores del Indec, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.

Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).

De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.

La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.