La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial (INIA), con el objetivo de promover el desarrollo científico, ético y soberano de esta tecnología estratégica. El proyecto propone un organismo de carácter federal, interdisciplinario y con participación de los sectores científicos, tecnológicos, productivos y sociales, que oriente políticas públicas en torno a la investigación, desarrollo, aplicación y monitoreo de la inteligencia artificial en beneficio del interés nacional.

La iniciativa fue presentada y debatida en una serie de encuentros con la comunidad científica nacional. Fue presentada en primer lugar en el Instituto Patria, ante científicos y científicas de los distintos organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, integrantes de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, y agrupaciones que nuclean a becarios, investigadores y trabajadores del sector. Luego, fue compartida en un encuentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la CGT junto a la Mesa Federal, en diálogo con representantes del movimiento obrero.

El proyecto establece que el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial funcionará como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y tendrá la misión de promover la investigación, implementación y evaluación de sistemas de IA en todo el país. Entre sus principales funciones se destacan el impulso a la transferencia tecnológica hacia el sector público y productivo, la articulación con universidades, gobiernos provinciales y actores sociales, el financiamiento de proyectos científicos, y la capacitación de profesionales y ciudadanía en general. Además, se propone que el Instituto sea un actor estratégico para la detección de demandas sectoriales concretas y el diseño de soluciones tecnológicas orientadas al interés nacional.

La institucionalidad del INIA contempla un Consejo Directivo con representación del sistema científico-tecnológico (CICYT, COFECYT), las universidades nacionales (CIN), el Poder Legislativo y el sector productivo, lo que garantiza una conducción plural, democrática y federal. El Instituto también deberá redactar y aplicar un Código de Ética y un Protocolo de Evaluación de Impacto Algorítmico que asegure el respeto por los derechos humanos, la no discriminación, la equidad de género y la protección de datos personales. Con estos instrumentos, la propuesta busca dotar al país de capacidades propias y criterios éticos para gobernar el desarrollo de la IA desde una perspectiva soberana, inclusiva y socialmente comprometida.

“La propuesta parte de una convicción política y teórica: en el marco del avance acelerado de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial no puede quedar librada únicamente al mercado ni a intereses extranjeros. Se requiere una planificación democrática, orientada desde el Estado y con participación de la comunidad científico-tecnológica, que permita garantizar el control soberano sobre los desarrollos estratégicos, evite nuevas formas de dependencia y asegure una distribución equitativa de los beneficios del conocimiento”, concluyó.