La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Ministerio de Justicia de la Nación (Sarmiento 329, CABA) en reclamo por los más de 2400 despidos de trabajadores bajo contratos ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) y otros 2000 agentes de la planta permanente de este área que sufrirán un importante recorte salarial.
“Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad sobre la modalidad contractual que desde hace décadas nos vinculan al Estado. No podemos permitir que despidan de manera ilegal a más de 2400 trabajadores. No sólo son familias que quedan en la calle, sino que eso se traduce además en una crisis de funcionamiento en toda la cartera. No se puede disimular que estamos ante un ataque grave a los derechos humanos que con tanto esfuerzo logró garantizar nuestra sociedad”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“Tampoco es culpa de los trabajadores que a partir de los salarios de pobreza se hayan otorgado complementos para dignificar sus ingresos. Si el ministro Cúneo Libarona no revisa esta decisión, con el correr de las horas las medidas van a ir en aumento y sin lugar a dudas en los últimos días del año será peor”, aseguró el dirigente.
El sindicato informó que en los casos de los trabajadores de la planta permanente cuyos ingresos se ven afectados por la Resolución 376/2024 del Ministerio de Justicia, la rebaja salarial que implica la decisión del Gobierno significa una reducción de sus sueldos por la mitad.
En este marco, el Secretario General de ATE indicó: “Los estatales tenemos derecho a defender nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo y las políticas públicas que garantizamos. No sólo los afectados somos nosotros porque también esta medida terminará afectando de manera grave a toda la sociedad”.
Cabe recordar que el asedio por parte de la cartera que conduce Cúneo Libarona fue constante durante todo el año. En noviembre, el Ejecutivo había ofrecido el retiro voluntario a más de 2800 empleados de este área, hecho que el sindicato catalogó como “intentos de despidos encubiertos”.
