Más de 2000 periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa firmaron una solicitada por la libertad de expresión en un Día del Periodista con agresiones directas a la prensa y con salarios debajo de la línea de pobreza, como indicaron los resultados de la encuesta realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). 

Se trata de un 7 de junio en que “quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información”, con los medios públicos censurados y silenciados desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en un “contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión”, señala la solicitada.

Este viernes a las 13.30 en Bolívar 531 (Monserrat, CABA), en uno de los acampes de los y las trabajadoras de la Agencia Télam, se leerá de forma pública y colectiva el documento del SiPreba por periodistas firmantes. Podés seguir la actividad en vivo por Radio Gráfica.

Se trata de un 7 de junio en el que los medios públicos están siendo censurados y silenciados desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en un claro ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho humano a la información. 

La solicitada completa

La República Argentina asiste a uno de los peores momentos para el ejercicio de la libertad de expresión de los últimos 40 años de vida democrática. En estos primeros seis meses la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milei, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público –como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados–, ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del FOMECA. A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores. 

Los hechos enumerados van en sintonía con una política de ataque más general a la cultura, que incluye el desguace del INCAA, el vaciamiento del ENaCom y la prohibición de toda discursividad orientada a no reproducir la desigualdad de género.

Quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que están consagradas en la Constitución nacional y son la base de la democracia que logramos construir en estos 40 años. El proceso democrático tuvo errores, tiene deudas, pero destruirlo no hará mejor la vida en este país. El periodismo es una herramienta fundamental para mejorar la sociedad democrática en base a una ciudadanía bien informada y no puede ser reemplazado por las redes sociales, que cumplen otra función. Esto se da en un contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión.

Todas las evaluaciones de libertad de expresión de universidades, sindicatos, foros y asociaciones de periodistas y comunicadores demuestran que en estos seis meses se han incrementado los ataques a la prensa y que la mayoría de ellos provienen del Presidente de la Nación o de sus políticas públicas, con el intento de cierre de Télam como la más grave pero no la única. Las obligaciones de abstención de censura de parte del Estado y el compromiso con las políticas públicas de fomento de la cultura y la comunicación inclusiva son parte necesaria del resguardo de una sociedad que no derive hacia el autoritarismo.

A contramano de todas estas políticas, el Estado Argentino firmó –en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa– una declaración promovida por UNESCO junto a más de 30 países a favor del respeto de la libre expresión. Las y los abajo firmantes exigimos que se reviertan las políticas que detallamos aquí, que niegan rotundamente lo firmado por el gobierno argentino, y hacemos saber al mundo de lo que sucede en nuestro país con el periodismo, la comunicación y la libertad de expresión. (SOMOSTELAM)