García Larraburu remarcó: “El Gobierno nacional tiene 5.000 toneladas de alimentos sin distribuir a los comedores comunitarios, con riesgo a vencerse, ya que llevan al menos seis meses en los galpones de almacenamiento. Estos alimentos representan 62 meses de comida para 150 comedores y merenderos que, con mucho esfuerzo, sostienen vecinas y vecinos de las distintas localidades”.

“La interrupción de la asistencia alimentaria por parte del Ejecutivo, destinada a los merenderos y comedores comunitarios en todo el territorio, ha dejado a cientos de miles de familias desamparadas, en medio de una creciente crisis social y económica”, agregó.

Además, destacó: “Al día de la fecha, se encuentran registrados en el ReNaCom   mas de 40.000 comedores y merenderos. En Río Negro hay más de 360, según datos de la página oficial del Ministerio.

El derecho a la alimentación se encuentra enmarcado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de un derecho fundamental, es una condición esencial para el crecimiento y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida”.

“La lucha contra el hambre y la desnutrición es una obligación política, jurídica, social y también moral. La comida no puede ser la variable de ajuste, es fundamental el fortalecimiento presupuestario de las políticas alimentarias para garantizar el derecho a la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad social. Los comedores y merenderos siguen esperando por un poco de humanidad de parte del gobierno nacional”, finalizó.