Trabajadores con más de 15 años de antigüedad, mujeres a pocos años de jubilarse, personas travestis y trans, otras con discapacidad o enfermedades crónicas y solas con hijos son parte de las 160 personas despedidas desde el inicio de la nueva gestión en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lo que implica un “desmantelamiento” de las políticas antidiscriminatorias al reducir la planta en un 42 por ciento y mantener áreas sin tareas asignadas, advirtieron desde el colectivo Unidxs por Inadi.

Lidia Pérez tiene 64 años y, si bien ya alcanzó la edad jubilatoria, aún le faltan años de aportes para poder jubilarse. El lunes pasado su contrato de planta transitoria que mantiene desde hace 16 años no fue renovado.

La decisión la tomó la interventora María de los Ángeles Quiroga, quien notificó a las y los trabajadores el lunes a las 18.40 a través del GDE (Gestión Documental Electrónica) sobre el vencimiento y no renovación de 120 contratos, los que se suman a las 40 desvinculaciones anteriores, con un total de 160 personas despedidas en un organismo que contaba con 380 puestos de trabajo.

A Lidia le preocupa que deje de funcionar el Instituto al que le dedicó buena parte de su vida y también cómo va a afrontar los gastos de su cotidiano.

“Me faltan unos 6, 7 años de aportes, no porque no los haya trabajado, sino porque los empleadores muchas veces no los pagan. Esto me deja con la incertidumbre de cómo voy a encontrar otro trabajo para pagar mi alquiler, la luz, el gas, para llenar la heladera. Estoy a la expectativa de que no se apruebe la Ley Bases porque el tema de la moratoria a mí me afectaría”, expresó la mujer a Somos Télam.

El proyecto Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos busca derogar la Ley 27.705, conocida como moratoria, la cual permite que las personas que no alcancen los 30 años de aportes tengan una modalidad de pago en cuotas para completar los años que les faltan y poder así recibir la jubilación. 

Lidia vivió el encierro carcelario y luego de obtener su libertad comenzó su activismo por los derechos de las personas privadas de su libertad y liberadas, trabajó ad honorem durante dos años para el Inadi y en 2008 ingresó formalmente en el organismo, donde hasta su despido era responsable del programa que trataba esta temática.

El rol histórico del organismo

“Capacitábamos a personal penitenciario y policial, hacíamos recorridos territoriales tomando a la cárcel como un territorio. También con los familiares. Además el Inadi fue el que consiguió dentro de las unidades penales el alojamiento para las compañeras trans travestis, el reconocimiento de su identidad dentro de los establecimientos penitenciarios”, explicó Pérez sobre algunas de las tareas a cargo del programa. 

La ley 24.515, sancionada el 5 de julio de 1995, creó al Inadi luego del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. 

Su objetivo es “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”, según se indica en el artículo 2 de la normativa.

Además de llevar adelante políticas de prevención contra la discriminación y acompañamiento a víctimas, el Inadi contaba con un porcentaje alto de trabajadores pertenecientes a distintos colectivos vulnerables -LGBTIQ+, afrodescendientes y personas con discapacidad, entre otras- que aportaban conocimientos profesionales y también de sus experiencias vitales.

En este sentido, ocho personas travestis y trans fueron despedidas del organismo este año, quienes formaban parte del cupo laboral exigido por la Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (N° 27.636) , sancionada en el 2021.

“A mí el trabajo me dignificó”

Entre ellas se encuentra Jorgelina Eva Belardo, una mujer trans de 64 años que padece de una enfermedad crónica, es abogada y hasta el lunes era asesora jurídica de la línea 168 del Inadi de atención de consultas y radicación de denuncias, organismo donde trabajó los últimos 14 años de su vida.

“A mí el trabajo me dignificó, me cambió la vida, claramente. En el Inadi me sentí útil, me sentí feliz”, compartió a este portal. 

Luego de recibir la noticia de su desvinculación, expresó: “Quedé en la calle. Las personas travestis trans entendemos que quedarnos sin trabajo es quedarnos prácticamente en la calle, sin ninguna otra posibilidad. A pesar de haberme recibido de abogada y de haber luchado defendiendo a los grupos vulnerables, hoy nos sentimos absolutamente solas y solos”.

El promedio de vida de las personas travestis y trans se encuentra entre los 35 y 40 años debido a una serie de vulneraciones de derechos a las que está expuesta gran parte del colectivo desde que asume su identidad, como la discriminación en el ámbito educativo, la expulsión de sus hogares y las dificultades para acceder a un empleo formal, lo que lleva a que el 85% de las feminidades trans que hayan dedicado a la prostitución, según La Primera Encuesta sobre Población Trans.

Un caso de doble despido 

Alan Prieto es un varón trans que ingresó a trabajar en el 2008 en el Inadi, fue despedido en el 2015 durante el gobierno de Mauricio Macri, y luego fue reincorporado en el 2019, con un total de once años de trabajo en el organismo, donde asumía el rol de asesor especializado en temas de género y diversidad sexual. 

Para él, no se trata “solo perder la fuente laboral, sino que está en discusión la existencia del instituto”, debido al “desgüace” y que el 22 de febrero pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la decisión del gobierno de cerrar el organismo.

“El Inadi ha sido un organismo clave para la obtención de derechos de toda la ciudadanía en los últimos 20 años. También para poder abrazar las demandas de aquellos grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados que han encontrado respuestas a las demandas que venían planteando, ya sean personas migrantes, con discapacidad, diversidad sexual, mujeres, personas en situación de pobreza”, explicó Prieto a Somos Télam.

En este sentido advirtió que existe un “desmantelamiento” de las políticas que impartía el Inadi debido a los despidos y la falta de tareas asignadas a sus trabajadores.

“Desde que asumió esta nueva gestión no tenemos trabajo. La gestión no nos da tareas, nos hace estar ocho horas sin ningún tipo de función, lo cual también es una violencia laboral muy fuerte porque acá somos todas personas muy idóneas y expertas en las temáticas que trabajamos”, subrayó.

Luego de una serie de medidas de lucha de parte de las y los trabajadores del Inadi tras los despidos, este jueves tuvieron una reunión con asesores del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el próximo miércoles tendrá lugar una nueva mesa laboral “a la espera de una respuesta satisfactoria para el conjunto de lxs despedidxs”, informaron desde Unidxs por el Inadi.

Además, este martes llevarán adelante una radio abierta con olla popular en la sede del Inadi, ubicada en Avenida de Mayo 1401, en el barrio porteño de Monserrat, y una vigilia a la espera de la reunión. (SOMOSTELAM)