Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda (IED) advirtieron ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las principales deudas pendientes que tiene el Estado argentino con los derechos de las infancias y las adolescencias, que se vieron aún más afectadas con las políticas de recortes implementadas por el gobierno de Javier Milei.

El informe fue presentado ante el comité de la ONU para que sea tenido en cuenta en el marco del proceso de monitoreo al que es sometido el país.

“El Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. Políticas públicas que han tenido impactos positivos están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que eso tendrá”, advirtió Julieta Izcurdia, responsable del área jurídica del Equipo ELA, integrante de Infancia en Deuda.

El informe presentado ante la ONU advierte que –en materia de políticas alimentarias- durante este año, la gestión de Javier Milei “redujo drástica e intempestivamente la asistencia a organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito, enmarcado en la Ley 25.724 y el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”. 

Indica asimismo que, desde el año 2021, el Estado Argentino “viene disminuyendo de forma constante la inversión en los derechos de niñas, niños y adolescentes” y considera que “es preocupante la situación para este año, en que no habrá ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021”.

En ese marco, se señala con “particular preocupación los bajísimos niveles de ejecución de los programas específicos para las infancias y adolescencias en materia de salud y educación”. 

En materia de salud –por ejemplo- en los primeros tres meses del año solo se ejecutó un 7,66% del presupuesto vigente. En educación, en el mismo tiempo, no se llega al 9% de ejecución y hay programas que registran una “inejecución total”, advierten los especialistas.

Además remarcan “la invalidez de las reducciones que hace el Estado Nacional del gasto público de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

En cuanto al nivel de vida de los integrantes del sector, desde Infancia en Deuda dicen que “alarman los altísimos niveles de pobreza y pobreza extrema de las infancias y adolescencias en Argentina, la pérdida de valor de las transferencias a esos sectores la falta de universalidad del sistema y los preocupantes niveles de subejecución en las políticas alimentarias”. 

“Desde la última evaluación realizada por el Comité, más de 3.5 millones de NNA (casi 30% del total) se convirtieron en pobres y más de 3.1 millones en indigentes (casi 26% del total). Todo ello en tan solo 6 años”, dicen las dramáticas estadísticas.

En cuanto al sistema de transferencia de recursos a esos sectores, IED indica que “desde 2019, la AUH viene disminuyendo su capacidad de protección de ingresos” y precisa que “en promedio, en dicho año cubrió un 61% de una canasta básica alimentaria y el 24% de una canasta básica total. A febrero de 2024, cuatro años después, sólo permite cubrir un 40% y un 18%, respectivamente”. 

También advierte que la Prestación Alimentar fue perdiendo su valor “debido principalmente a que no tiene fórmulas de actualización y sus aumentos se dan de manera discrecional y siempre por debajo de los índices de inflación”.

Las organizaciones denunciaron ante el comité de la ONU la exclusión de adolescentes de 15 a 17 años de la Prestación Alimentar, y explicaron que “por la limitación etaria del Programa, 558.11821 adolescentes solamente reciben la AUH y cubren apenas el 40% de una alimentación mínima”.

El caso de Salta y Santiago del Estero

En algunas provincias del país, la situación se agrava por la especial situación de vulnerabilidad de las infancias en esos distritos.

Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes de las comunidades originarias del norte de la provincia de Salta viven en una situación de “absoluta vulneración” de sus derechos humanos, advierte el informe. 

Pese a la declaración de emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, todavía vigente, la situación sigue siendo crítica. 

La tasa de mortalidad infantil, que a nivel nacional disminuyó a 8,4% al 2020, es muy superior en regiones donde residen mayormente comunidades originarias, como La Poma (41,7%), Morillo (26,6%), Nazareno (19,2%) y Rivadavia (18,9%).

Comunidades originarias del Chaco Salteño también se encuentran en riesgo crítico debido a la ausencia de agua potable y segura. 

En Santiago del Estero –que se ubica entre las cinco provincias con mayor índice de pobreza- “se evidencia una marcada precariedad en los accesos a salud, empleo, servicios básicos de vivienda y educación”. 

Según un estudio realizado por Haciendo Camino y la Universidad Católica Argentina más de la mitad de las familias (57%) sufren inseguridad alimentaria. El 97% carece de red de cloacas y conexión a la red de gas natural en sus casas y el 91% no tiene desagües pluviales en la cuadra de su casa. 

Un ejemplo claro de la falta de llegada del Estado son la desnutrición crónica, que padecen el 31% de las niñas y niños menores de 5 años, según el Ministerio de Salud de Santiago del Estero. (SOMOSTELAM)