Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) alertaron que el organismo “se encuentra paralizado” por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades, situación que provoca un freno en la asignación de más de 60 mil pensiones, en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y en otros servicios fundamentales que debe brindar la Andis para la inclusión de todas las personas.

“En total hubo 330 compañeros despedidos en dos tandas”, dijo a Somos Télam Ramiro Unamuno, secretario adjunto de la delegación Andis de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN).

Andis fue uno de los primeros organismos del Estado que comenzó con la ola de despidos a fines de febrero: hasta el momento se despidió al 25% de la planta laboral de la agencia, que estaba compuesta por unos 1.300 trabajadores en todo el territorio nacional.

Más de la mitad de los despedidos pertenecen al interior del país, por lo que “las personas ya no tienen dónde tramitar las pensiones, llegan a las oficinas y se encuentran con la cortina cerrada”, apuntó Unamuno.

En nuestro país se estima que alrededor de 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, pero solo 1.594.888 cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), según datos de Andis del año pasado.

La desarticulación de la presencia estatal federal va de la mano del cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) en distintos puntos del país, donde funcionaban delegaciones de Andis y otros organismos.

Sumado al cierre de los CDR dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, Unamuno indicó que la asignación de pensiones no contributivas a personas con discapacidad está “frenada hasta en tanto no se audite”.

“Hay entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme en el área. No hay un director nombrado”, sostuvo el delegado de UPCN y explicó que Natalia Basil, quien se hizo conocida por ser la directora de medios de La Derecha Diario, está a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, aunque todavía no fue designada oficialmente.

“El organismo está paralizado en el sentido político, no hay una política en discapacidad ni ningún tipo de gestión. El director ejecutivo es Diego Spagnuolo, que es el único funcionario que fue nombrado, pero no entiende nada de discapacidad”, afirmó Unamuno.

Por otro lado, remarcó que con el despido de muchos profesionales se “está muriendo” el predio de Andis dedicado a actividades deportivas, recreativas y de rehabilitación gratuitas que se ubica en la calle Ramsay 2250, en el barrio porteño de Núñez.

Esta semana Spagnuolo envió al director de Recursos Humanos de la agencia una nota con la indicación de renovar algunos contratos, ya que “por un error material se consignó personal cuya actividad resulta indispensable”.

“Hubo 16 reincorporaciones, pero no estamos conformes con nada porque son solo migajas”, advirtió Unamuno.

Entre los 330 trabajadores despedidos se encuentran personas con discapacidad; mujeres embarazadas; personas trans; delegados sindicales y hasta trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

“Nosotros somos el organismo que promueve que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad en todas las dependencias del Estado y ahora tenemos la contradicción de que estamos despidiendo a gente con certificado de discapacidad”, expuso Unamuno.

Las historias de las personas despedidas

Guadalupe Bargiela tiene 22 años, es persona ciega y a fines de febrero fue despedida de la Andis durante la primera tanda de desvinculaciones.

“Me enteré de mi despido de una forma super violenta. Ya había algunas listas circulando con posibles nombres y un día me llamó mi jefe a la mañana y me dijo que no fuera a trabajar a la tarde”, contó en diálogo con Somos Télam la joven que vive en el partido bonaerense de Moreno y estudia Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

“No pensé que me iban a echar teniendo discapacidad”, aseguró y apuntó que tampoco imaginó que “iba a ser tan violento el desguace del Estado y encima violando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“Las personas con discapacidad no conseguimos laburo tan fácil”, alertó la joven que también es militante por los derechos humanos en la organización Orgullo Disca.

Según datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad de Andis, el 87,4 % de las personas certificadas con discapacidad no tiene trabajo. 

Guadalupe trabajaba respondiendo mails de consultas generales para ayudar a tramitar pensiones o el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“En mi área quedaron tres personas y la última vez que hablé con mis compas estaban saturados con 8.000 mails en bandeja de entrada”, advirtió.

“Las personas con discapacidad, que siempre fuimos un colectivo históricamente vulnerado, hoy estamos más vulneradas”, continuó.

En la misma línea planteó que “ahora, cuando una persona con discapacidad quiera acceder a sus elementos de apoyo, va a acceder si tiene plata. Y si no tiene plata, se queda sin derecho”.

“La notificación de despido no era accesible para personas ciegas”

Entre los trabajadores cesanteados del área de consultas también se encuentra Viviana Beilu, psicóloga social de 37 años.

“Soy una persona con discapacidad visual y la notificación que me llegó por el GDE (el sistema de Gestión Documental Electrónica del Sector Público Nacional) no era accesible para las personas ciegas. No podía leerlo”, relató a Somos Télam Beilu sobre cómo se enteró de que Andis no iba a renovar su contrato de locación de servicios profesionales.

“Le pedí a la gente de recursos humanos que me transcribiera la notificación en un mail. Fue tremendo, muy violento e injusto”, recordó.

Peligra la continuidad de políticas de accesibilidad

Otra despedida fue Maive Carone Fernández, quien estaba a cargo de los proyectos audiovisuales dentro de la Dirección de Accesibilidad.

“Nuestra área fue totalmente desbaratada”, alertó a Somos Télam Fernández, licenciada en Audiovisión.

Con su equipo realizaron proyectos clave para la inclusión de todas las personas, como mejoras en la accesibilidad de los billetes y los servicios bancarios.

También diseñaron estrategias para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones y en el último Censo Nacional.

“No hay certezas de que haya continuidad de las políticas de accesibilidad en el país. Al desbaratar nuestra área impiden que pensemos políticas públicas para que igualemos accesos y oportunidades para las personas con discapacidad”, lamentó Fernández.

Y remarcó: “No es solo un ataque a nuestros puestos laborales, es un ataque a la presencia del Estado y un retroceso en sus obligaciones como garante de derecho”.

“Mi vida transcurrió adentro de Andis”

Entre las historias de los despedidos se repiten los casos de personas con más de 20 años de antigüedad, como Yesica Benzi, quien es trabajadora social y se desempeñaba en la oficina de Andis en Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Hace 25 años que trabajo en Andis, que primero era la Comisión Nacional de Pensiones. Fui despedida en febrero. Estuve despedida 14 días, me reincorporaron como esencial y me volvieron a echar a fines de marzo en la segunda tanda de despidos”, explicó a Somos Télam Benzi.

En Andis era evaluadora de discapacidad y tenía un contrato que se renovaba anualmente bajo la modalidad de Artículo 9 de la Ley de Empleo Público.

“Mi vida transcurrió adentro de Andis ¿Adónde voy a ir ahora? Es tan injusto que no te recuperás; es realmente un duelo”, lamentó.

Además, apuntó que el vaciamiento de las oficinas del interior es una situación crítica porque “hay familias enteras que tienen alguna discapacidad y no pueden hacer los trámites por internet. ¿Qué va a hacer esa gente? Quedan totalmente desamparados”.

“Te da mucha indignación porque hay mucha gente que está esperando una pensión, que su vida depende de eso, pero el otorgamiento de pensiones está frenado”, concluyó.

Trabajadores en estado de alerta y movilización  

“Desde la primera oleada de despidos estamos en estado de alerta y movilización”, explicó Unamuno.

“La semana que viene vamos a hacer un abrazo al organismo para mostrar que la política de discapacidad está en peligro”, agregó.

También, el colectivo Discas en Lucha convoca a una asamblea abierta el 20 de abril a las 11 en la sede central de Andis, en Dragones 2201, en el barrio de Nuñez.

En el comunicado difundido a través de las redes sociales indicaron que “la agencia es de las personas con discapacidad y está en riesgo. Para defenderla es importante que seamos muches”. (SOMOSTELAM)