Una persistente crisis económica, un creciente clima de conflictividad social y los reclamos cada vez más visibles de los organismos de derechos humanos llevaron a la última dictadura cívico militar a buscar una nueva base de legitimación, y la recuperación de las islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña desde 1833, se presentaba como la oportunidad ideal para salvar el proyecto político iniciado seis años antes por las Fuerzas Armadas.

El modelo económico de valorización financiera, apertura de exportaciones y dólar subvaluado había entrado en una crisis definitiva a principios de 1981 con aumento de la desocupación, alta inflación y caída del salario real.

El general Roberto Viola, que en abril de ese año había reemplazado a Jorge Rafael Videla en la Presidencia, designó como ministro de Economía a Lorenzo Sigaut, quien se propuso desdoblar el mercado cambiario con un dólar financiero, considerado como “libre”, y otro “comercial”, regulado con valores que se modificaban periódicamente.

“El que apuesta al dólar pierde”, fue la célebre frase que pronunció Sigaut al ponerle fin a la famosa “tablita” instaurada por su antecesor, José Alfredo Martínez Hoz, que consistía en un cronograma devaluatorio gradual del peso que potenciaba la especulación financiera.

Sin embargo, al poco tiempo de haber formulado esos anuncios, que parecían tener un tinte industrialista, Sigaut propició una devaluación del 30 por ciento y su gestión perdió credibilidad en la opinión pública.

Asume Galtieri

Desgastado por la crisis y cuestionado por las jefaturas del Ejército y de la Armada, Viola debió renunciar a la Presidencia, el 10 de diciembre de 1981, presionado por los mandos militares. 

Viola, que estaba en retiro efectivo como militar, se negó a dejar su cargo.

Al día siguiente, el almirante de la Armada Jorge Anaya y el general del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, resolvieron destituirlo de todas formas, y anunciaron al país el relevo del mando por razones de Estado.

El recambio se completó el 22 de diciembre, cuando Galtieri asumió la Presidencia, sin dejar la comandancia del Ejército, lo que generó algunas rispideces en sectores castrenses, algo que se saldó con el respaldo que Anaya y la Armada le otorgaron al nuevo mandatario de facto.

A cambio, Galtieri dio el visto bueno a un viejo anhelo de la Armada: el despliegue de un plan para recuperar la soberanía de las islas Malvinas.

El movimiento obrero organizado

Las señales de agotamiento de la sociedad civil eran inconfundibles, incluso antes de que Galtieri asumiera la Presidencia.

El 16 de diciembre, la Multipartidaria, integrada por el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (la UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Intransigente (PI) y la Democracia Cristiana firmaban un documento en el que reclamaban la puesta en marcha de un calendario electoral.

En esa sintonía, la CGT se pronunciaba por “una Navidad en Paz” y reclamaba la participación de “todos los sectores en la vida nacional” ante un proceso militar que “había fracasado en sus objetivos”.

El movimiento obrero organizado fue uno de los pilares de la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia. 

Un plan para recuperar las islas

Antes del recambio de Gobierno, el 15 de diciembre de 1981, Anaya le había pedido al vicealmirante Juan José Lombardo, comandante de Operaciones Navales ubicado en la base de Puerto Belgrano, que confeccionara un plan para ocupar las Malvinas de forma rápida y con una operación que no se prolongara en el tiempo.

Dos días después, el 17 de diciembre, el brigadier Basilio Lami Dozo asumía como representante de la Fuerza Aérea en la Junta Militar.

Se completaba así el trinomio que ya integraban Galtieri y Anaya y que tenía previsto ejercer el Poder Ejecutivo hasta 1984.

La Junta definió entonces sus objetivos, y entre ellos figuraba “intensificar los esfuerzos para reafirmar la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”.

A principios de 1982, el régimen militar había decidido apurar las negociaciones con Gran Bretaña por Malvinas, y en el caso de no obtener respuestas analizar un eventual desembarco.

Nicanor Costa Méndez, quien se había desempeñado como canciller del dictador Juan Carlos Onganía, volvió a ocupar la jefatura del Palacio San Martín al ser designado por Galtieri.

Abogado de varias empresas multinacionales, “Canoro”, como lo apodaban sus íntimos, gestionó las relaciones diplomáticas durante el conflicto de Malvinas. 

En los días previos al conflicto, en las reuniones con los mandos militares, deslizaba la idea de que los británicos “no iban a mandar la flota”.

Costa Méndez suponía que el gobierno de Margaret Thatcher, impopular por las políticas de ajuste que venía imponiendo, tendría dificultades para desplazar una fuerza naval a un lugar tan remotamente austral.

Los militares y el canciller consideraban además que los Estados Unidos no intervendría en caso de un conflicto, en función de las buenas relaciones que la dictadura tenía con el gobierno de Ronald Reagan.

Argentina había desplegado asesores en El Salvador y Honduras para adiestrar a las tropas locales en técnicas de contrainsurgencia, y ese sería un gesto que Washington sabía apreciar, según estimaban los militares argentinos.

Durante 1981, Argentina y el Reino Unido mantuvieron negociaciones diplomáticas en torno a Malvinas que no llegaron a buen puerto.

El 26 de febrero, en Nueva York se produce una nueva ronda de encuentros diplomáticos y no hay avances ante la insistencia británica de considerar la postura de los isleños.

Los organismos de DDHH

Mientras tanto, en Argentina, el reclamo de las organizaciones de derechos humanos cobraba cada vez más visibilidad en una sociedad que, lentamente, comenzaba a interrogarse sobre el destino de los detenidos desaparecidos. 

El 9 de diciembre de 1981, las Madres de Plaza Mayo organizaron la primera marcha de la Resistencia, con una ronda a la pirámide de Mayo que se extendió por 24 horas con un reclamo contundente: la “Aparición con vida”, de los detenidos desaparecidos.

El jueves 18 de marzo, tras la habitual ronda de las Madres en la Plaza de Mayo, más de tres mil personas marcharon por el centro porteño para reclamar información sobre los desaparecidos, en una manifestación inédita para los tiempos del Terrorismo de Estado.

El 30 de marzo, la CGT se movilizó a Plaza de Mayo bajo el lema “por Paz, Pan y Trabajo” para reclamar cambios en la política económica y la manifestación, que se reprimió violentamente, era una clara señal del debilitamiento del régimen castrense.

Pero los aprestos bélicos no se detuvieron a pesar del complicado contexto social imperante, y los planes para la ocupación siguieron en marcha.

El desembarco

A partir de un contrato que el empresario Constantino Davidoff tenía en las islas Georgias para desarmar construcciones, la Armada desembarcó en Puerto Leith a un grupo de marinos entre los obreros que iban a remover estructuras balleneras abandonadas.

Tras descender del buque Bahía Buen Suceso, el grupo de argentinos cantó el himno e izó la bandera nacional, lo que alertó a las autoridades británicas, quienes denunciaron que la presencia era ilegal.

Al mando de este grupo de militares mezclados con los trabajadores se encontraba un renombrado represor de la ESMA: el teniente de la Armada Alfredo Astiz.

El gobierno británico reaccionó con el envío de una dotación para efectuar el desalojo de este grupo, lo que motivó un conflicto en esas islas que escaló hasta la recuperación de las Malvinas.

El 28 de marzo, una flota de la Armada argentina zarpó desde Puerto Belgrano con rumbo sur, y el 31 cortó las comunicaciones con el continente y se dirigió a Puerto Stanley, la capital administrativa de las islas.

Los británicos supieron que los argentinos estaban próximos a desembarcar en Malvinas, y el 1° de abril Thatcher reunió a su gabinete y fue taxativa: “Si las Falklands son invadidas tenemos que recuperarlas”.

Las cartas estaban echadas y los vientos de la guerra empezaron a soplar con fuerza en el Atlántico Sur. (SOMOSTELAM)