La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresa su firme defensa de la educación y de los derechos de los docentes en todo el territorio nacional, ante la grave situación que atraviesa el sector educativo por las medidas adoptadas, de forma arbitraria e inconsulta, de parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El incumplimiento manifiesto de las obligaciones que resultan del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros programas de financiamiento del sistema educativo contemplados en la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo y de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional -cuyas partidas están previstas y mencionadas expresamente en el Art. 13 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, aprobado por Ley Nº 27.701, vigente desde el 1º de enero de 2024 por Decreto Nacional Nº 88/2023, tal como lo han expresado tanto sindicatos como gobernadores, sin distinción política- afectan directamente la condición laboral de los docentes, su estabilidad, su salario y su dignidad, poniendo en riesgo la calidad educativa y el acceso a la educación de todos los argentinos.
Esta decisión damnifica gravemente a los trabajadores de la educación, dado que este componente que aporta la Nación representa entre el 10 y el 15% de sus sueldos en todo el territorio. Además, el Gobierno solo ha transferido menos del 1% del importe para el concepto Educación, que es el que integra el FONID, dejando a las provincias en una situación de desfinanciamiento, y a los docentes en una situación de precariedad salarial, especialmente en este contexto inflacionario.
Este instrumento, creado para respaldar los sueldos de los docentes, ha sido un pilar esencial para miles de educadores en nuestro país, que han dedicado su vida a la enseñanza, por lo que medidas como las actuales provocan una crisis sin precedentes en el sector educativo, que se ve obligado a reclamar por sus derechos básicos.
En el mismo sentido, la derogación de normativas relacionadas con el financiamiento educativo y la omisión de convocar a la Paritaria Docente Nacional constituyen una violación de los derechos laborales del sector y un atentado contra la educación en Argentina, erigiéndose como medidas a todas luces arbitrarias e injustas, y que demuestran la falta de conocimiento del Gobierno nacional con el funcionamiento del sistema educativo.
Pareciera que es necesario recordar que la educación en Argentina es un derecho fundamental asegurado por el Estado, enfocado en la igualdad, gratuidad y accesibilidad. Este tipo de contratiempos recuerda la desatención del Estado central de años atrás, que resultó en la fragmentación del sistema educativo y disparidades salariales entre jurisdicciones.
La normativa vigente, que busca evitar la repetición de estos problemas y promover una educación equitativa, está siendo incumplida, lo que llevará fatalmente a una nueva fragmentación y a la falta de cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional.
Desde ADPRA, exigimos al Gobierno nacional que reconsidere estas medidas y tome acciones inmediatas para garantizar el acceso a una educación de calidad en toda la Nación. Es fundamental y urgente restablecer los subsidios al sector educativo y convocar de manera inminente a la Paritaria Docente Nacional, para dialogar y acordar las condiciones laborales y salariales de los docentes.
La educación es un derecho fundamental y un pilar clave para el desarrollo de nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Es responsabilidad del Gobierno nacional velar por el bienestar de los docentes y garantizar el acceso a una enseñanza de calidad para todos los argentinos, sin distinción ni exclusión.
En momentos de incertidumbre y desafíos, es esencial alzar la voz en defensa de la educación y los derechos de los docentes. Desde ADPRA, reafirmamos nuestro compromiso con la educación y seguiremos bregando por un sistema educativo justo, equitativo y de calidad para todos los argentinos.
Si pretendemos ser un País pujante y productivo como pretende el actual mandatario, no se puede permitir que se vulneren los derechos de los docentes, ni que se ponga en peligro el futuro de nuestra educación, por lo que, desde ADPRA, estaremos siempre del lado de la educación y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de esta Nación.