La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, advirtieron este domingo al Gobierno nacional que “otorgar perdones, indultos humanitarios o beneficios indebidos a los autores materiales e intelectuales” de graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad representa una “forma de impunidad”.
La CIDH y el Experto de la ONU “vienen observando diferentes medidas que impiden, limitan o afectan la ejecución de las penas determinadas en las sentencias condenatorias emitidas” en la Argentina, como también “iniciativas legislativas que, de manera genérica, procuran indultar a perpetradores o alterar el régimen de cumplimento de la pena con base en la edad de la persona privada de libertad”.
Al respecto, los organismos internacionales dijeron que tomaron conocimiento acerca de “algunas decisiones judiciales” en el país “que otorgan indebidamente ciertos beneficios, como la reducción anticipada de la pena, la libertad condicional o el arresto domiciliario, sin la constatación efectiva de los requisitos legales y convencionales indispensables”.
En un comunicado firmado este domingo en la ciudad estadounidense de Washington D.C., en conmemoración del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 por la última dictadura cívico militar, la CIDH y Salvioli evaluaron que “en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales, la evaluación de los beneficios carcelarios y de las medidas alternativas de la prisión requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables”.
Salvioli, en tanto, recomendó “que los indultos humanitarios solamente procedan para casos de enfermedad terminal de resolución inminente”.
“La CIDH y el Relator Especial de la ONU llaman a los Estados a no otorgar privilegios o beneficios arbitrarios en favor de las personas condenadas por estos graves delitos ni cualquier medida que impida o afecte indebidamente la ejecución de las sanciones establecidas judicialmente”, indicaron.
Y agregaron al respecto que “los Estados deben velar para que la justicia acabe con la impunidad, se conozca la verdad sobre lo sucedido y el destino de las víctimas, y para que nunca más se repitan las graves violaciones a los derechos humanos”.
En ese sentido, ambos organismos reconocieron que “en la región existen importantes ejemplos de investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes (de lesa humanidad), que han contribuido a esclarecer la verdad a las víctimas y la sociedad y han establecido sanciones efectivas y proporcionales a la gravedad de lo sucedido”. (SOMOSTELAM)