El negacionismo, en sus múltiples formatos de expresión, se ubica hoy como la principal amenaza a la democracia y a los derechos humanos de la mano de un Gobierno que busca instalarlo como una política de Estado.

En 41 años de democracia nunca se había registrado que un presidente, en una apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y por cadena nacional, minimizara las consecuencias del terrorismo de Estado como hizo Javier Milei a principios de mes.

Refiriéndose al manejo de la pandemia, el presidente constitucional señaló que “si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad…”.

En esa ironía, el mandatario incurrió en una de las formas del negacionismo, que es disminuir el número de víctimas de un genocidio como una forma indirecta de cercenar el derecho de a la memoria y a la justicia.

La definición de Milei no sorprendió a nadie, aunque impactó a todos, ya que en el debate con Sergio Massa había sostenido que “no fueron 30 mil” los desaparecidos. Dijo que fueron 8.753, sin precisar fuente ni criterio y habló de “excesos” de los militares “en guerra”, uno de los argumentos favoritos de los represores enjuiciados.

El negacionismo del presidente se complementa con el de su vice, Victoria Villarruel, quien saltó a la política conduciendo el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

Además de parodiar en su denominación al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a las víctimas del terrorismo de Estado, el CELTYV se dedicó sistemáticamente a victimizar a los genocidas y a equiparar las acciones de grupos civiles con las de las Fuerzas Armadas, en un juego de relativizaciones que busca reducir o moderar el castigo para los crímenes de la Dictadura.

En este contexto, el abogado de Derechos Humanos Rodolfo Yanzón sostiene que “veníamos de una época en la cual pensábamos que había cierto consenso con algunos temas esenciales que hacía a nuestro Estado de Derecho, a un ‘Nunca Más’, a la vigencia de los Derechos Humanos, y a partir de ahí, desde hace unos años, comenzaron a sentirse voces negacionistas”.

Para este penalista, que llevó a juicio a numerosos represores, el problema es que “de ese negacionismo, lamentablemente, estamos pasando ahora a una etapa en la cual vemos la reivindicación de los crímenes”.

“La reivindicación de la tortura, la reivindicación de los campos de exterminio, la reivindicación de la persecución al que piensa distinto, la reivindicación del anticomunismo más feroz, una idea absolutamente perimida, típica de la Guerra Fría”, enumeró.

Más allá de las numerosas veces que Villarruel se refirió a los 70 como un fenómeno vinculado a la Guerra Fría, y caracterizó la violencia política reprimida a sangre y fuego por el Estado y bajo un gobierno ilegítimo como una “guerra sucia”, la estrategia negacionista se está radiando a otros referentes de la gestión Milei.

El principal responsable de las Fuerzas Armadas, el ministro Luis Petri, participó el miércoles pasado de la presentación de un libro que busca canonizar al coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975.

Para los sectores que apoyan y reivindican a los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, Larrabure es la víctima arquetípica, “torturado” por la guerrilla y que equipararía la ferocidad de las fuerzas regulares con la de los grupos insurgentes civiles.

“Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe”, dijo el ministro del Gabinete nacional en la presentación del libro y añadió un elemento nuevo para un funcionario con rango de secretario de Estado: “Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70″.

Petri practicó así una de las modalidades del negacionismo, el discurso victimizante que trastoca los lugares de las víctimas y los victimarios.

Si bien la memoria siempre fue un campo de batalla política, y lo seguirá  siendo, los discursos negacionistas conllevan el peligro de ir generando una corriente de opinión que termine justificando acciones desde el poder contra minorías o disidentes.

Con mucha claridad planteó este riesgo la legisladora de la Ciudad de Buenos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, además de nieta recuperada, Victoria Montenegro: “Un 24 de marzo totalmente distinto. Por primera vez el peligro inminente de que la historia se repita”, dijo en la última sesión de la Legislatura.

“Hoy parece una moda nueva que acaba de llegar pero es más vieja que la injusticia: el enemigo interno, la otredad, el elemento a desaparecer, que era toda la militancia capaz de generar organización, lucha y transformación, para que nunca más pudiera surgir resistencia”, subrayó. (SOMOSTELAM)

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