Acciones como el combate de incendios forestales, el rescate de personas y la realización de tareas de conservación de fauna y flora se encuentran “en riesgo” en todo el país si el gobierno de Javier Milei no renueva los contratos de los 1.200 trabajadores de Administración de Parques Nacionales (APN), que tienen vigencia hasta el 31 de marzo, según denunciaron delegados de este organismo encargado de las tareas de conservación del ambiente.

Este jueves, los trabajadores se manifestaron a través de un “ruidazo” en rechazo del decreto presidencial Nº 84/23 y el DNU Nº 70/23 que -advierten- atentan contra la continuidad laboral de 1.200 trabajadores de la APN de todo el país, entre los que se encuentran guardaparques, brigadistas, administrativos, profesionales técnicos y científicos.

“Es una situación muy angustiante porque nuestros compañeros y compañeras brindaron todo para que, incluso sin autoridades, el organismo siga funcionando en su plenitud. Y, además, porque algunos de ellos lo hicieron aún no cobrando su salario”, indicó a Somos Télam Juan Ignacio Martínez Losardo, secretario general de ATE Parques Nacionales de Casa Central.

Tras el cambio de gestión y luego de tres meses, finalmente fueron designadas nuevas autoridades en el organismo, quienes durante la primera reunión que se realizó el miércoles “nos comunicaron la decisión de despedir a algunos trabajadores”, aseguró el delegado.

“Durante todo ese periodo los trabajadores brindaron todo de sí para apagar incendios, para rescatar personas, para seguir llevando adelante las tareas científico-técnicas y administrativas, algo que incluso llegaron a reconocer algunas de las autoridades del Ministerio del Interior”, sostuvo.

Y añadió que “más de 40 compañeros y compañeras estuvieron trabajando sin percibir su salario, que eso es algo que sí pudimos solucionar hace muy poquitos días. Y la realidad es que, seguido de esa buena noticia, algunos compañeros se enteraron que estamos en riesgo de volver a caer en la amenaza de despidos, lo que nos sorprendió muchísimo”.

En la actualidad, los trabajadores de APN gestionan 55 áreas protegidas en 21 provincias y el Mar Argentino, un total de 18.275.722 hectáreas, lo que equivale a poco más que la superficie de la provincia de Córdoba, detallaron en el sitio Defendamos Parques Nacionales.

“Es una arbitrariedad y una situación casi caprichosa”, señaló Martínez Losardo, y afirmó que la APN tiene “a la mitad del directorio designado y la otra mitad no”.

Estos hechos “obedecen a una definición del Gobierno de retirar al Estado de sus funciones a lo largo y ancho del país, una situación que agrava o perjudica muchísimo la política pública, sobre todo con algo tan sensible como es la preservación del medio ambiente”.

La APM tiene 120 años de historia y es el primer organismo latinoamericano en establecer un sistema nacional de áreas protegidas con la misión de cuidar, conservar y restaurar porciones exclusivas de nuestro ambiente.

“Justamente -ejemplificó Martínez Losardo- venimos de varios días de un temporal detrás de otro, y al mismo tiempo tenemos un presidente que niega el cambio climático, entendemos que es una situación muy perjuiciosa para una política pública que además lleva más de 120 años”.

En este marco, el delegado aseguró que la presunta decisión del Gobierno nacional de no renovar contratos va en contra de “asegurar los derechos y el disfrute de nuestra población sobre nuestros parques nacionales y también sobre la educación ambiental que implica conocer cuáles son nuestros territorios, sus recursos y la importancia hacia el futuro que tiene esa política pública”.

En la ciudad de Bariloche, la inminencia de la finalización de esos contratos amenaza a 131 de los 280 trabajadores que la APN tiene en la ciudad cordillerana, repartidos entre el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Dirección de Lucha Contra Incendios y Emergencias y la Regional de Conservación Patagonia Norte.

De esos 131 trabajadores, alrededor de 60 son brigadistas que combaten los incendios forestales, mientras que los demás componen los equipos técnicos, profesionales y administrativos.

La caducidad de esos contratos “no sólo pone en riesgo nuestro trabajo, obviamente, nuestro ingreso y nuestro modo de subsistencia, sino que pone en riesgo a las áreas protegidas”, señaló Marcelo Rojas, delegado de ATE en la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales.

“Eso afecta principalmente a brigadistas de incendios forestales, que son unos 60, porque no hay ningún brigadista a nivel nacional que sea planta permanente. Y afecta a los técnicos profesionales y administrativos de Parques Nacionales acá”, precisó Rojas. 

En cambio, los guardaparques, “por tener otra sectorial, otro convenio, ingresan directamente al cuerpo de guardaparques”.

En el caso de los incendios forestales -como el que recientemente quemó más de 600 hectáreas en el brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi-, “los brigadistas son los que ejecutan las tareas en campo. Pero también hay una enorme cantidad de recursos técnicos profesionales que trabajan tanto en la prevención como en las medidas posteriores de restauración de las áreas protegidas”, detalló Rojas. 

“Ni hablar de los trabajadores administrativos, que son los que garantizan la logística, el equipamiento, todas las herramientas y adquisiciones de material instrumental, de movilidad y demás que hacen falta para estas tareas”, agregó.

Más allá de los incendios, una importante porción de los contratados de APN en Bariloche trabajan en tareas de conservación de fauna y flora, ejecutadas por técnicos y profesionales con apoyo administrativo.

“Todas esas tareas que hacen a la conservación y al rol de Parques en la articulación con las distintas jurisdicciones a distintas escalas, como municipios que están en las cercanías de los parques, se verían completamente afectados si perdemos la mitad del personal”, graficó el delegado.

Finalmente, Rojas precisó que, entre otras funciones, los trabajadores contratados de la APN también tienen un rol clave en  las “supervisiones cotidianas relacionadas con los proyectos, emprendimientos o servicios que se brindan dentro de los parques”, así como en “las habilitaciones, los servicios turísticos y demás”, que “las tramitan técnicos y profesionales especializados en temas de turismo y en temáticas ambientales”. (SOMOSTELAM)