La Senadora nacional Silvina García Larraburu presentó en la Cámara Alta un proyecto que solicita informes al Ejecutivo por la suspensión de la entrega de medicación a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La dependencia encargada de dicha provisión es la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Creada en 2004, funcionó por veinte años como una ventanilla de última instancia para los pacientes que no fueron cubiertos por el sistema de salud y ayuda a quienes carecen de cobertura, con medicamentos oncológicos, enfermedades crónicas, discapacitantes y patologías agudas urgentes.

Argumentó: “Interrumpir el tratamiento por escasez de medicamentos puede afectar negativamente la emocionalidad de las personas, pero además,  empeora la calidad de vida del paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y el agravamiento de las enfermedades”. 

“El papel del Estado resulta primordial en la protección de un derecho como la salud, no sólo por las características sociales, sino también por las particulares fallas a las que se encontraría sometido el sistema en caso de estar librado a las leyes habituales del mercado”, agregó. 

En este sentido, la Senadora solicitó que el Poder Ejecutivo explique las razones de la interrupción de esta asistencia e informe cuándo será subsanada y si el Estado se hará cargo del daño ocasionado. 

“La salud es un Derecho Humano fundamental y de primer orden. Así es reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. No podemos permitir que se atente contra el bienestar y la vida de la población argentina”, concluyó.