Referentes de diversos sectores expusieron este miércoles sus posturas sobre la ley ómnibus del Gobierno, en el marco del sexto plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, cuestionó las reformas contempladas en la ley sobre ese tema.

Sostuvo que "votar esto en este contexto no se puede calificar de otra manera que traición a la patria y traición a nuestra generación, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro", al advertir que introduce "profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental" que, dijo, dejan al país "más expuesto frente a la crisis climática".

Por el contrario, por la empresa Nea Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, Silvia Blanc dijo haber sido "víctima de aprietes sindicales cuando representantes gremiales irrumpieron en mis actividades de manera extorsiva" y respaldó las reformas en materia laboral contempladas en la ley "para el beneficio de todos. No es la ley perfecta pero empecemos por cambiar algo".

En esa línea, el empresario pyme, Matías Benetti, propietario de Duers, una fábrica de muebles de oficina, respaldó "los cambios a la legislación laboral".

Y sostuvo que "así como está la situación de las pequeñas empresas resulta imposible afrontar costos, por lo tanto se argentiniza para sobrevivir. Vengo a pedirles no argentinizar para poder seguir creciendo y no achicar mi plantel y que pueda ser el mayor exportador de muebles de oficinas. Votamos un cambio, queremos un cambio, queremos ser libres, trabajar y prosperar".

 

Por su parte, la psicóloga María Gabriela Dik, del Colegio de Psicólogos de Mendoza, cuestionó las modificaciones en materia de salud mental contempladas en la ley, al sostener que se trata de "un retroceso" en la materia, y afirmó que "necesitamos más educación, más arte, más deporte y menos encierro".

"Todos los que trabajamos en salud sabemos que el encierro no ha curado a nadie. Solicitamos que la juventud sea respetada en lugar de ser encerrada y reprimida. Solicitamos que defiendan la libertad individual y que sigan siendo garantes de la libertad, que no sea un bien de mercado sino un derecho que se conquista", abundó.

Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados, consideró que la fórmula de movilidad previsional "había que mejorarla, no derogarla", y recordó que hay "800 mil juicios previsionales parados en la justicia".

"¿Qué esperan? ¿Que se mueran los litigantes?", se preguntó, a la vez que afirmó que "los haberes van a seguir decreciendo. Quieren transformar la jubilación en una suerte de 'asignación universal por viejo'".

La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland consideró que "esta ley beneficia a los sectores más concentrados de la economía" y sostuvo que "cuando el presidente (Javier) Milei reivindica a cien años atrás o más, la historia nos indica que esa reivindicación es la reivindicación de la pobreza, el fraude, la represión y los ingentes beneficios de los sectores que hablamos".

En tanto, la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, cuestionó las reformas en materia laboral que propone la ley, al sostener que "ni la dictadura de 1976 se animó a tanto". Y pidió al Congreso Nacional "asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma".

Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aseguró: "Somos mineros y pobladores que defendemos la soberanía y hablo por los trabajadores y por los pobladores". Añadió que "Yacimientos es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Río Turbio", y alertó: "Nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía".

El martes las deliberaciones se extendieron por nueve horas en las que expusieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la funcionaria del Inadi Julia Amori, referentes de la Unión de Industrial Argentina y la Fundación Huesped, la jurista Aida Kemelmajer, y el padre de Micaela, quien inspiró la Ley Micaela contra la violencia de género, entre otros.

Además hablaron el titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz; referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados y la Cámara de la Industria del Petróleo.

En el último tramo de la reunión, Carlotto pidió a los legisladores que rechacen el proyecto de ley "Bases" propiciada por el oficialismo y afirmó que "es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectan derechos esenciales".

Mercedes Pombo. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

Por su parte, Kemelmajer, quien disertó en representación de un centenar de profesores universitarios, pidió eliminar del proyecto los artículos que modifican el Código Civil y Comercial, y tratar esas reformas durante el período ordinario.

"Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo que el Código se iba a reformar", agregó.

Foto: Pablo Añeli.

Por su parte, la Unión Industrial Argentina pidió en la Cámara de Diputados que se reduzcan las alícuotas de los derechos de exportación del 15 por ciento previstas en el proyecto de Ley Ómnibus -denominado ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos-, de manera que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar el trabajo de las fábricas exportadoras.

En tanto, desde la Federación de Inquilinos, su presidente Gervasio Muñoz, quien se arroga la representación de las personas que alquilan viviendas, le pidió a los legisladores que rechacen el DNU "para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres".

Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto / Foto: Prensa de Diputados.

En tanto, Graham expresó su preocupación por "la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis".

"Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales", señaló.

Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos / Foto: Pablo Añeli.

"Es un agravio a la cultura querer cerrar el Instituto del Teatro

El representante de la provincia de Buenos Aires por el Instituto Nacional del Teatro (INT), Alfredo Badalamenti, rechazó el proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos y consideró que “es un agravio a la cultura querer derogar la Ley 24.800 que creó la institución”.

Tras destacar que el teatro genera “apertura e intercambio cultural”, Badalamenti dijo exponer en el marco del plenario de comisiones de la cámara de Diputados, "en representación de los 197 trabajadores que andan luchando y peligrando por sus trabajos y de toda la comunidad teatral, que el Instituto Nacional del Teatro es sostén para su actividad”.

“En el año 2023 se cumplieron 26 años de la promulgación de la Ley 24.800 que creó el Instituto Nacional del Teatro”, recordó, al sostener que fue "el resultado de la reflexión, el trabajo y el intercambio de ideas de la generación de diferentes artistas que durante décadas en cada rincón del país sostuvieron la importancia de la actividad teatral”.

En ese sentido, dijo que “no terminamos de comprender por qué se plantea la derogación de esta herramienta virtuoso. Una ley ejemplar, admirada en el mundo entero que garantiza fomento y la distribución equitativa de recursos en cada rincón del país y una organización de burocratizada que garantiza debate, intercambio, evitando toda discrecionalidad en la asignación de recursos”.

Para el representante bonaerense del INT “la misma ley y la organización interna del organismo garantizan la transparencia, con controles internos y externos con concursos públicos de antecedentes y oposición para desempeñar roles de representación que garantizan idoneidad y transparencia”.

“En este plenario hay representantes de todas las provincias argentinas y en cada pueblo se puede corroborar in situ los beneficios que en este cuarto de siglo el INT ayudó a generar, a multiplicar y sostener, modificando de plano el mapa de desarrollo del teatro nacional, permitiendo que haya teatros independientes de calidad fuera de la Ciudad capitales como un concepto de igualdad y libertad creativas”, sostuvo.

Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes. / Foto: Prensa de Diputados.

Asimismo, Badalamenti dijo que “se aduce a la cuestión económica y se señala a estos organismos y a la cultura en general como deficitarios y onerosos por una situación de crisis. De la totalidad de los recursos del sector público estos organismos en el 2023 significaron el 0,6% de la inversión nacional sumando a que no le quitan presupuesto a la educación, salud, seguridad, sino que se financian de dos gravámenes accesorios que provienen del Enacom que tiene una tasa del 10% que representa el 95% del presupuesto total".

“Durante el 2023 se otorgaron como aportes para salas de teatro independiente que dejarían de funcionar en el país, más de 60 producciones de obra, 28 asistencias técnicas, más de 500 giras teatrales, más de 250 eventos teatrales”, afirmó, al señalar que “el registro nacional de teatro independiente cuenta con 47.193 personas habilitadas. Gracias al fomento de la Ley garantiza de forma federal la distribución de recursos y ayuda a las economías regionales. No entendemos por qué este agravio a la cultura”. (TELAM)

Domingo Contessi, Presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina / Foto: Alejandro Santa Cruz.