La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto expresando su preocupación por las medidas del Poder Ejecutivo Nacional, y la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que desreguló, entre otros, el sector de las garrafas y cilindros de GLP, eliminando parte de los subsidios para los productos referidos, ante un crudo invierno que se avecina.

Como consecuencia de ello los usuarios de garrafas de gas en el país  y especialmente los de la Patagonia, experimentaron un significativo impacto debido al aumento en sus tarifas que desde principio de año tendrán un ajuste trimestral del precio en función de la evolución de la inflación y que significaron subas de hasta el 600% según la región tomando como referencia los valores de noviembre de 2023.

“Cabe mencionar que desde mediados de diciembre no hay precios de referencia para el gas envasado, como sí ocurría hasta esa fecha cuando estaba impuesto un monto máximo que las empresas debían cobrar en sus centros de distribución”, agrego.

Con esta desregulación las empresas fijan los precios y desaparecieron los controles de precios máximos sugeridos. Desde la Secretaría de Energía de Nación solo se pide que se aplique la Ley de Defensa al Consumidor, que no tiene injerencia en los precios.

La distribuidora de YPF Gas de Bariloche cobra en la actualidad la garrafa alrededor de $16.000, retirada en la planta, y a domicilio tiene un precio superior. Comprada en forma particular ronda los $21.500.

Agregó: “actualmente en los centros de distribución de las distintas provincias las garrafas de 10 kilos se consiguen a precios que oscilan entre los $8.000 y los $21.000 dependiendo del productor y la zona, pudiendo llegar esos valores a $30.000 en comercios de ventas minoristas y/o de cercanía muy alejados de los valores sugeridos en la Resolución 11/2024”.

“Los sectores más perjudicados por el aumento del precio de las garrafas, son como siempre, los sectores más vulnerables y aquellos que no tienen acceso a la red domiciliaria de gas natural. Es por esto que vemos con preocupación que luego de la entrada en vigencia de esta resolución no se adopten medidas complementarias que contemplen otras iniciativas que den respuesta y visibilicen esta problemática”, concluyó.