En un contexto de creciente conflictividad en el sistema educativo rionegrino, el gremio docente UnTER cerró su CCCXCIII Congreso General Extraordinario con un paquete de resoluciones que tensionan la relación con el Gobierno provincial y anticipan nuevas medidas de fuerza. El documento final plantea un conjunto de reclamos salariales, laborales y pedagógicos, al tiempo que advierte sobre la profundización del conflicto si no hay respuestas concretas.
Con definiciones contundentes, el congreso resolvió el “llamado a Paritaria hasta el 30 de abril” y exigió la “apertura de las Mesas de Trabajo tal como se acordó en la Paritaria del 13 de marzo”, marcando como eje central la necesidad de retomar el diálogo institucional en un escenario atravesado por demandas urgentes del sector docente.
Entre los puntos más críticos, el sindicato denunció la “ilegalidad de la aplicación del Botón del Presentismo” y el “incumplimiento de la Patronal que no se hace cargo del pago de los Preocupacionales tal como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo”, además de cuestionar los plazos de reevaluaciones y la “negativa a informar a los docentes los motivos del No apto”.

En materia salarial, el gremio reclamó la continuidad de la actualización por inflación, al exigir que se contemple el “IPC Patagónico y no el de Viedma para incorporar la diversidad provincial en una nueva recomposición salarial al básico”, junto con la fijación de un “salario mínimo de $ 2.000.000” y el pase progresivo de sumas no remunerativas al salario formal.
Asimismo, se incluyó la exigencia de “derogación de las auditorías médicas que atentan contra la salud de los trabajadores” y la actualización de adicionales como el “pago del 80% de Ubicación para todas las escuelas de Bariloche”, además de la revisión de la movilidad con la “eliminación del tope en toda la provincia”.

El documento también puso el foco en la situación dentro de las escuelas, al plantear la necesidad de “un abordaje específico de la violencia escolar en las escuelas con presencia del sindicato de manera urgente y con otras instituciones”, junto con la creación de equipos interdisciplinarios y la convocatoria a un “congreso pedagógico con todos los niveles”.
En el plano educativo, UnTER manifestó el “rechazo al borrador para ESRN y su vinculación con el mundo del trabajo” por considerar que se trata de reformas “impuestas sin consulta o tiempos de análisis” y sin condiciones reales de implementación, además de exigir la “suspensión de la Resolución 439/26 del Nivel Superior sobre concursos”.

En clave política, el gremio resolvió el “pedido de renuncia a la ministra de Educación, Patricia Campos”, junto con la decisión de impulsar un “acto masivo” el 1 de mayo para visibilizar la situación de los trabajadores y el “repudio y escraches a los funcionarios del CPE y políticos que no se pronuncian”.
Como parte del plan de lucha, se ratificó la “continuidad del Plan de Lucha PARO 48 hs, martes 5 acción provincial y miércoles 6 acciones locales”, con la advertencia de que, en caso de no haber una propuesta acorde en paritaria, las medidas se trasladarán al 12 y 13 de mayo.

Además, el congreso resolvió movilizar hacia la Legislatura para exigir que “se declare la emergencia educativa y se destinen fondos adicionales para el presupuesto educativo”, junto con la efectivización de derechos vinculados al fondo de viviendas docentes.
En el mismo sentido, se definió convocar a otros gremios estatales para “articular y coordinar el reclamo salarial, auditorías médicas y estabilidad laboral”, consolidando un frente común ante las políticas provinciales.

Entre otras medidas, se resolvió “usar el crédito horario para actividades locales” y avanzar en acciones de visibilización como una “marcha de antorchas en cada localidad el jueves 14 de mayo y clases públicas”.
El gremio también anticipó la “judicialización de los descuentos indiscriminados y devolución de los mismos”, en respuesta a las quitas salariales aplicadas en el marco de conflictos anteriores.

Finalmente, desde UnTER ratificaron que todas estas resoluciones forman parte de una estrategia integral de defensa de la educación pública y de las condiciones laborales docentes, en un escenario que consideran crítico para el sistema educativo provincial.
El documento fue emitido tras el encuentro realizado en General Fernández Oro el 23 de abril de 2026, consolidando una agenda sindical que combina reclamos urgentes con definiciones políticas de alto impacto en el corto plazo.


















